La advertencia de diversos analistas internacionales sobre los riesgos para la democracia que significan los regímenes populistas tanto “de izquierda” como “de derecha”,  particularmente en América Latina, se cumple puntualmente en México: llegan al poder por la vía electoral y una vez entronizados destruyen desde dentro las instituciones democráticas para instaurar el autoritarismo como sistema.

Como lo hicieron entre otros Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Ambos llegaron por la vía electoral a la Presidencia de sus países. Ambos han instaurado gobiernos dictatoriales que no permiten elecciones libres.

Pareciera exagerado afirmar que lo que todo parece indicar se consumará este viernes en el Instituto Nacional Electoral es equiparable a esos dos casos. No lo es: la sobrerrepresentación que permitirá a Morena y sus cómplices tener una holgada mayoría calificada en la Cámara de Diputados equivale a un golpe de Estado al poder Legislativo. Sin eufemismos.

El oficialismo lopezobradorista podrá ahora modificar la Constitución a su antojo. Apoderarse del Poder Judicial. Acabar con organismos autónomos. Suprimir al órgano electoral autónomo y devolverlo al control del gobierno. Coartar la libertad de expresión. Encarcelar a los opositores políticos. Acabar finalmente con la democracia, a nombre del pueblo bueno.

Un adelanto son las iniciativas de López Obrador para reformar al Poder Judicial y el sistema electoral, que podrán ser aprobadas fast track por la mayoría aplastante de sus diputados, absolutamente incondicionales.

Consiguió el Presidente su otro plan C. En marzo de 2023 escribí en este espacio que rechazada su propuesta de reforma constitucional en materia electoral (Plan A) y ante el inminente bloqueo por parte de la Suprema Corte de Justicia a la reforma de leyes secundarias en la misma materia (Plan B) por ser evidentemente anticonstitucionales, el Presidente y su séquito aplican ya su Plan C.

“El proyecto morenista emergente consiste básicamente en colar incondicionales suyos al Consejo General del INE a través de la renovación de cuatro asientos que quedarán vacantes en abril próximo, a fin de minar por dentro al árbitro electoral frente a los comicios generales de 2024. El objetivo: hacerse del control del organismo y, en su caso, hasta descalificar la elección presidencial al grado de la anulación”.

Así ocurrió. De manera amañada fueron sustituidos los cuatro consejeros cuyo periodo terminó, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. En lugar de éste quedó la nueva consejera Guadalupe Taddei Zavala. Desde la noche misma de las elecciones ella violó la ley al difundir antes de conocerse siquiera los resultaos oficiales (y por supuesto antes de que así lo aprobara el Consejo General del INE),  la supuesta configuración del Congreso, con mayoría calificada de la coalición oficialista Morena.PVEM-PT.

Hasta ahora, el INE ha desoído más de 70 solicitudes de frenar la sobrerrepresentación presentadas por organizaciones civiles, exconsejeros del propio órgano electoral, ex magistrados, académicos, especialistas, constitucionalistas y ciudadanos.

Entre esas peticiones destaca la carta que 20 ex consejeros y ex consejeras y siete ex magistrados y magistradas, enviaron al el pasado viernes al INE, en la que sostuvieron que el reparto de representación proporcional “no se trata sólo de aplicar una fórmula matemática” y pidieron “una lectura “más ‘abarcante’, completa, sistemática y funcional” del texto constitucional.

“Nos preocupa que una lectura letrista y parcial de una fracción de la Constitución –pone la misiva– lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual, la representación de las diversas corrientes esté distorsionada”.

Ante una oposición pasmada, disminuida y rebasada, ese Consejo General decidirá este viernes por mayoría de votos sobre el dictamen aprobado de manera unánime por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que otorga la sobrerrepresentación a Morena y socios, lo que constituiría una regresión histórica. Una sola fuerza política tendrá la facultad y el poder de modificar a su antojo la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos. Y no habrá manera legal de impedirlo.

Se da prácticamente por hecho que la coalición del gobierno tendría, como lo indica el dictamen aprobado, 364 diputados, lo que representa el 73 por ciento de las 500 curules, habiendo obtenido sólo el 54 por ciento del total de votos en las elecciones del pasado 2 de junio. ¡Una sobrerrepresentación del 19 por ciento! Esto daría al gobierno morenista 30 legisladores más que los necesarios para tener mayoría calificada.

Asimismo, le otorgaría 83 escaños en el Senado de la República, con lo cual sólo le faltarán al gobierno apenas tres senadores más para tener también la mayoría calificada y aprobar lo que les venga en gana, dado el control que tienen en la mayoría de los congresos estatales del país.

Usar la democracia para destruirla, se titula un breve ensayo de Dagoberto Valdés Hernández, fundador y director del cubano Centro de Estudios Convivencia (CEC), publicado recientemente en el portal Latinoamérica21. Resulta una insólita crónica del actual gobierno mexicano. En su parte medular pone esta “guía”:

Los regímenes populistas, dictatoriales y hasta tiránicos de hoy no comienzan su andadura con un golpe violento. Se introducen en las dinámicas e instituciones del sistema democrático con un discurso demagógico apocalíptico.

Estos son algunos de los pasos del guión predecible. En primer lugar manipulan a los pobres, a los más vulnerables, presentándose como mesías, como salvadores. Aprovechan frecuentes casos de corrupción para sembrar la narrativa de que todos los partidos son corruptos, todos los políticos oportunistas y deshonestos y que todo lo anterior ha sido un fracaso.

Estas agrupaciones, además, se arman de un programa bien hilado donde aparecen como la única alternativa para purificar y reinventar el sistema democrático que se ha corrompido, que no tiene alternativas, que no puede reformarse o renovarse si no es con el mesías y su partido de salvación nacional. Para ello, estos regímenes establecen el absoluto control de los medios de comunicación y del sistema educativo y cultural.

Los populismos exacerban el nacionalismo, el patrioterismo y la lucha de clases para destruir a todo el que se oponga al “bien del pueblo”. Las masas despersonalizadas y enardecidas por la ilusión de que “ahora sí vamos a arreglarlo todo” votan convencidos de que el “bueno por conocer” es mucho mejor que “el malo conocido”.

En definitiva, la solución para el votante parece ser la de escoger en las elecciones democráticas al “iluminado”, al “hombre fuerte”, al que parece que tiene las llaves del paraíso terrenal. Y, con él, entronizar al único “movimiento”, al naciente partido o guerrilla reciclada en grupo político “no tradicional, porque dice el guion que todo lo tradicional es viejo, corrupto y acabado.

Queda acaso una llamita encendida, trémula. Las impugnaciones que obviamente habrá tras la resolución del INE difícilmente prosperarán en un Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación en el que al menos tres de sus cinco integrantes están igualmente cooptados. Así, salvo un milagro, la ruta que hoy se abre es la de un autoritarismo quizá peor que el que vivíamos cuando se inició en México el largo y costoso camino de la transición democrática, hace más de 40 años. De consumarse el atraco habrá que empezar de nuevo. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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