Las representantes del Ministerio Público refirieron que César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), podría alcanzar 12 años de cárcel por los delitos de peculado en modalidad agravada, más otros seis por el delito de asociación delictuosa.
Por Jaime Armendáriz
Chihuahua, 23 de agosto (Raíchali).– La Fiscalía General del Estado, vía el Ministerio Público (MP), adelantó que tiene nuevas pruebas documentales y testimoniales en contra de César Duarte Jáquez, y pedirán una pena de 18 de cárcel en contra del exgobernador de Chihuahua por los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su mandato (2010-2016).
Así lo anunciaron este martes representantes del MP durante el segundo día de audiencia intermedia penal, encabezada por la Jueza Delia Meléndez Olivas en el Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Chihuahua.
En esta etapa, la Fiscalía y la defensa de Duarte presentan en juzgado las pruebas que utilizarán en el juicio oral (aún sin fecha) para establecer la responsabilidad o absolución del exmandatario.
Ambas partes ya tenían un entendido y acuerdo de documentos y testimonios a utilizar, por lo que resultó sorpresivo que el MP informara de nuevos elementos probatorios contra Duarte. La defensa advirtió su oposición a ellas.
🚨 #Urgente | Vestido con playera blanca, pants azul marino, tenis negros y usando una cadena en el cuello, el exgobernador César Duarte Jáquez arribó hoy a México extraditado de Estados Unidos
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Por su parte la Jueza dijo que no era el momento para admitir esas pruebas y que tendrán que presentarlas ante el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que arranque el juicio oral. Ello impidió que el MP diera a conocer el contenido de esa evidencia más reciente.
En cuanto a la pena que será solicitada, las representantes del MP especificaron que Duarte podría alcanzar 12 años por el delito de peculado en modalidad agravada, y seis más por el delito de asociación delictuosa, establecidos en los artículos 270 y 246 del Código Penal del Estado, respectivamente. También buscarán que el exgobernador restituya al Estado los más de 96 millones de pesos que le atribuyen haber desviado.
La audiencia de este martes duró ocho horas, en las cuales la Fiscalía concluyó la lectura de sus medios probatorios, que incluye cerca de 200 testimonios y cientos de documentos. La Jueza reanudará actividades este miércoles a las 9:30 de la mañana, para que la defensa presente sus elementos.
UNA UNIÓN GANADERA, CREADA POR DUARTE, LA ALIADA PARA EL DESVÍO DE RECURSOS
La relatoría de la Fiscalía establece que una de las principales herramientas utilizadas por César Duarte para el desvío de recursos fue la Unión Ganadera Regional “División del Norte”, creada por el propio exgobernador cuando era diputado federal en el 2007, y Unión Progreso, una institución financiera que luego se convirtió en banco.
El propio Registro Nacional Agropecuario otorgó en ese año el certificado de inscripción a la organización ganadera, en la que aparece como fundador César Horacio Duarte Jáquez.
Una gran cantidad de pruebas que tiene el MP contra el exmandatario se basan en esa Unión Ganadera, en la que siempre tuvo al frente a colaboradores cercanos: Carlos Hermosillo Arteaga, exdiputado federal fallecido en accidente carretero en 2017, y Pedro Baca Gómez, sobrino de la esposa de Duarte.
Por ejemplo entre septiembre a noviembre del 2013, desde el Gobierno del Estado, se le transfirieron cuatro millones 600 mil pesos a esa organización como “apoyo económico para repoblamiento de ganado bovino productor de carne”.
Otro ejemplo. En noviembre del 2014 se le entregaron otros 5 millones a la Unión Ganadera Regional “División del Norte” por concepto de adquisición de maíz, avena y frijol.
Según la información probatoria de la Fiscalía, en ambos casos no existe evidencia del producto final de esos programas, pero si se tienen oficios realizados por varios funcionarios a cargo de Duarte para enviar el dinero a la organización, principalmente sus secretarios de Hacienda y Desarrollo Rural, Jaime Herrera Corral y Octavio Legarreta.
En el caso de Unión Progreso, uno de los principales accionistas era el propio Duarte y su titular de Hacienda, Jaime Herrera. Esa institución financiera se convirtió en banco gracias al flujo bancario recibido, que, según se ha denunciado, se logró por depósitos masivos realizados desde el gobierno estatal en el sexenio del hoy imputado.
