Hay que mirar al sur. Hay que mirar a Colombia.

En Colombia se teje el programa más ambicioso de construcción de paz de toda América Latina. No deja de ser una paradoja que sea en ese país —justo en ese país— que hace poco continuaba sufriendo tras sesenta años de conflicto armado, en donde haya que centrar nuestra mirada para detectar las pistas que nos orienten para resolver nuestro propio problema de violencia estructural.

El camino colombiano no ha sido fácil. El conflicto armado en Colombia —una amalgama de guerras asimétricas en las que participaron lo mismo guerrillas comunistas, grupos paramilitares de extrema derecha, redes del narcotráfico y actores estatales de todos los niveles— generó millones de víctimas. Según datos oficiales, aproximadamente el 18 por ciento de la población colombiana sufrió lo que se conoce como hechos victimizantes, esto es, eventos asociados a infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los números son verdaderamente estratosféricos: alrededor de ocho millones de personas desplazadas, un millón ochenta mi asesinatos y casi doscientos mil personas desaparecidas. [1] Esos números ofrecen apenas una idea del conflicto: su profundidad puede entenderse, sin embargo, sólo con escuchar —con paciencia— cada caso. Ahí está el verdadero drama.

Hace una década, Colombia comenzó a construir un ecosistema de instituciones y procesos que le han permitido atajar las diferentes fases del conflicto.

El camino comenzó en 2011 con la promulgación de una Ley de victimas y restitución de tierras a partir de la cual el Estado colombiano buscó atender y reparar, por primera vez en la historia, a las víctimas del conflicto armado. Desde entonces, el Estado colombiano ha reparado con dinero contante y sonante a más de un millón de personas. Faltan millones más pero el derrotero está ahí. Casi al mismo tiempo, el Congreso colombiano aprobó el Marco Jurídico para la Paz, acto en el que se establecieron mecanismos jurídicos que habilitaron una desmovilización masiva de los grupos armados ilegales. Esto abrió el camino para el dialogo y la reconciliación en zonas donde el conflicto había dinamitado las redes más íntimas del tejido social colombiano.

En 2016 llegó el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC EP), la guerrilla más antigua del continente. El acuerdo fue el resultado de largas negociaciones que en algún momento se mantuvieron secretas. Este no sólo incluyó el fin del conflicto militar que mantenía la guerrilla con el Estado, sino, además, la propuesta de avanzar hacia una política de desarrollo agrario integral y la participación política formal por parte de antiguos guerrilleros; se comprendió, con acierto, que la democracia es el único camino para la paz y que la reconciliación no se impone, se construye.

En el marco del acuerdo de paz, Colombia emprendió un esfuerzo inédito con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Comisión se distinguió por su dedicación a la escucha. Más de 30 mil testimonios individuales y encuentros colectivos en 28 lugares donde se establecieron Casas de la Verdad, tanto dentro del territorio como en el exilio. La Comisión ofreció, quizás por primera vez en la historia, voz a personas invisibilizadas por un conflicto desigual, asimétrico y violento. Los hallazgos de la Comisión culminaron en una identificación por comprender y explicar los por qué, cuándo y cómo del conflicto, así como su relación con la guerrilla y el paramilitarismo. [2] El informe final de la Comisión ofrece, además, una serie de propuestas de política pública que el nuevo Presidente Gustavo Petro se ha comprometido a implementar.

Hubo, también, espacio para la construcción de justicia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otra de las instituciones formadas a partir del Acuerdo de Paz, añadió esperanzas al proceso de justicia. Más allá de emprender el ejercicio de esclarecimiento para la verdad, otorgada por el trabajo de la Comisión, la JEP se encargaría de determinar quiénes resultaron los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados como privaciones a la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, conflictos territoriales y reclutamiento de niños en el conflicto. [3] ¿Las sanciones? Medidas de justicia restaurativa. Vale la pena, querido lector, invertir algunos minutos de nuestro tiempo viendo en YouTube algunas de las audiencias públicas impulsadas por la JEP. No tienen desperdicio.

No hay que engañarnos, Colombia tiene retos enormes. Menciono algunos: desde la firma del acuerdo de paz en septiembre de 2016 han sido asesinados, en promedio, cuatro lideres sociales por semana. A la fecha han muerto mil 300. [4] Además, no se ha resuelto el conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por si fuera poco, el narcotráfico continúa siendo vector de violencia, además de fuente de ingreso fundamental para miles de personas (en 2021 se cultivó más hoja de coca que nunca en la historia de Colombia). Por último, por primera vez en varios años, en 2021 ha vuelto a crecer el número de homicidios en este país. Este año los números no se ven mejor.

Sin embargo, hay optimismo. Gustavo Petro parece ser la persona adecuada para continuar el proceso de construcción de paz. No sólo se trata del primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia; fue parte de la guerrilla colombiana desde 1978 hasta su desmovilización a principios de los años noventa. Su programa de Gobierno y los anuncios ministeriales ofrecen señales positivas. Por lo pronto, Petro se ha comprometido a iniciar una reforma a la Policía nacional, una institución suscrita al orden militar, cumplir las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad, así como a cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas. No es poca cosa.

¿Qué aprender de todo esto? Para empezar, que los procesos de construcción de paz toman tiempo y no pueden depender de un capricho presidencial. Se trata de procesos de Estado; no de Gobierno. En segundo lugar, que incluso desde la peor de las situaciones es posible construir hacía adelante. Colombia era, hasta hace poco, el paradigma del (así llamado) Estado fallido. Ahora es un modelo para seguir. En tercer lugar, que apostar por centralizar la discusión en las victimas es la única vía para que una política de Estado termine por ser apropiada por la sociedad en su conjunto. Sin ellas no hay nada. Por último, la enseñanza que sin Verdad no es posible construir Justicia. Si hay Verdad hay Futuro.

Miremos al Sur. Allá está el camino.

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[1] Gustavo Petro parece ser la persona adecuada para continuar el proceso de construcción de paz. No sólo se trata del primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia; fue parte de la guerrilla colombiana desde 1978 hasta su desmovilización a principios de los años noventa. Su programa de Gobierno y los anuncios ministeriales ofrecen señales positivas.

[2] Véase: Convocatoria a la Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

[3] Véase: Convocatoria a la Paz Grande, Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

[4] Véase: Colombia, un líder social asesinado cada dos días. https://elpais.com/america-colombia/2022-
05-15/la-guerrilla-se-fue-y-el-estado-nunca-llego-un-lider-social-asesinado-cada-dos-dias.html#?rel=mas

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