No hay crímenes más deleznables como los de atentar contra la integridad de los enfermos. Se trata de un tabú ético que, si lo cruzas, ya te has internado en un terreno que no tengo más remedio que llamar ignominia extrema.

Desgraciadamente, esa es la situación en la que se encuentra el Gobierno obradorista. Al menos eso es lo que nos dicen sus acciones. Contrario a sus promesas, el Gobierno federal actual no sólo no ha creado, como lo ofreció, un sistema de salud tipo escandinavo, sino que ha intentando desmantelar el sistema de salud anterior que, aunque con muchas deficiencias, había podido atender a una importante franja de la población en necesidad. Lo peor de todo es que no se ha puesto algo mejor en su lugar. El ejemplo más obvio de todo esto fue la destrucción del Seguro Popular y la supuesta sustitución de ese modelo exitoso por algo llamado Insabi. Decir que este cambio fue una mala idea sería un eufemismo. Incluso el propio Gobierno Federal ha admitido, en los hechos, que el Insabi fracasó estrepitosamente. Hace algunos días, el Secretario de Gobernación anunció -así nada más- la creación de un Organismo Público Descentralizado que supuestamente se encargará del manejo de los recursos para la atención de salud. El efecto de esto es que el Insabi tendría cada vez menos atribuciones. En realidad, ya se prepara el sepelio de una institución nonata. Así, un capricho sustituye a otro capricho. En medio quedan cientos de miles y quizás millones de personas que de buenas a primeras perdieron derechos que ya habían ganado con el Seguro Popular. Hay que repetirlo mil veces: esto es un asalto a la condición humana. El crimen es indescriptible. Los culpables de estas felonías de lesa majestad, tendrán que enfrentar la justicia. Alguien que sin duda tendrá que comparecer ante tribunales internacionales será el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

En los hechos el verdadero Secretario de Salud, López Gatell encarna lo peor de este Gobierno, y vaya que hay competencia. No sólo desinformó a la población sobre los efectos de la pandemia, sino que, en un acto que lo definirá por el resto de sus días, acusó a los padres de niños con cáncer de conspiradores contra el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este hecho bastaría para llenarlo de ignominia por el resto de sus días. Pero los abusos de López Gatell no sólo se refieren a los niños con cáncer. Su asalto es contra todos los mexicanos. Desde hace años las farmacias, clínicas y hospitales de México sufren desabasto de medicinas de todo tipo. Casi me tiembla la mano al pensar en la enormidad de todo esto. Mientras escribo esta columna una innumerable cantidad de mexicanos sufren dolores indecibles, cuya causa determinante es la llegada del Presidente López Obrador al Gobierno y el consecuente nombramiento de López Gatell como el encargado, en los hechos, de la política de salud.

Últimamente habíamos escuchado poco de López Gatell, hasta que hace unos días regresó para proponer que las clínicas anexas a varias farmacias deberían dejar de operar porque, según él, no están capacitadas para diagnosticar o curar enfermedades graves. Y de quién es la culpa de todo esto, pregunto yo.

La verdad sea dicha, muchas de estas clínicas han brindado un servicio necesario a muchas familias mexicanas que, de otra manera, no podrían enfrentar mejor sus crisis de salud. En lugar de estigmatizarlas habría que incorporarlas a un sistema de salud integral. Las fechorías de López Gatell, o el Dr. Muerte, como la sabiduría popular ya lo ha bautizado, pronto cesarán, no me queda la menor duda.

Por ahora, discutamos juntos cómo podremos establecer un sistema de salud del siglo XXI que sirva a las familias mexicanas. En nombre de todas las víctimas de este Gobierno, no podemos posponer esta tarea.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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