La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) argumentó el retiro de la concesión “por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional […] respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab”. Entre los accionistas de la empresa a la que se le retiró el permiso de uso está Pedro Topete Vargas, propietario de la firma de tecnología aplicada Infraiber, que mantiene un litigio con OHL México y ha denunciado favoritismos del Estado hacia esta constructora. Al titular de la dependencia federal, Gerardo Ruiz Esparza, se le ha vinculado en varias ocasiones con presuntos actos de corrupción la empresa de origen español.
Ciudad de México, 23 de agosto (EFE).- El Gobierno anunció hoy la cancelación de la concesión otorgada a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (FCCM), una decisión que el abogado de la ferroviaria, Paulo Díez, atribuyó a una “persecución política”.
Entre los accionistas de FCCM se halla Pedro Topete Vargas, propietario de la firma de tecnología aplicada Infraiber, que mantiene un litigio con OHL México y ha denunciado favoritismos del Estado hacia esta constructora, dijo a Efe Díez, también abogado de Infraiber.
Sobre OHL México planea un escándalo desde mayo de 2015, cuando aparecieron filtraciones ilegales de audios que llegaron a involucrar al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al que supuestamente la constructora habría pagado unas vacaciones, algo que él negó.
“Por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró el rescate de la concesión otorgada en favor de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayab”, indicó la institución.
Acorde a la resolución dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), “a partir de la legal notificación de la determinación que contiene la Declaratoria de rescate, queda extinguida y sin efectos la concesión”, señaló la SCT en un boletín.
Con este “rescate”, agregó, los “bienes materia” de la concesión vuelven de “pleno derecho a la posesión, control y administración de la SCT”.
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A su vez, FCCM tiene 60 días hábiles para retirar y disponer de los bienes y equipos e instalaciones de su propiedad.
“La indemnización se determinará conforme a las bases determinadas en la resolución del DOF”, concluyó el escrito.
Para Díez, esta decisión forma parte de una “estrategia de persecución política en contra de un grupo de empresas que resultan molestas al Gobierno federal, especialmente al secretario Ruiz Esparza”.
No obstante, recordó que esta resolución es “apenas un acto administrativo” para el que ya se presentó un recurso, y no descartan acudir a los tribunales competentes para mantener la concesión.
Cuestionado sobre Infraiber y Topete Vargas, Díez insistió en que la cancelación de esta concesión es “toda una estrategia” oficial para “deshacerse de una empresa que le resulta incómoda”.
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En octubre de 2005, el huracán Stan dejó enormes daños en las vías del tren Chiapas-Mayab, y desde 2007 la concesión fue operada por el Gobierno federal a través de la compañía Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Ello luego de que la accionista mayoritaria, Genesee & Wyoming, acordara con la SCT renunciar a esta concesión otorgada en 1999.
Entre 2008 y 2009, un grupo de empresas, entre las que se incluye Infraiber, recordó Díez, ofreció comprar las acciones propiedad de Genesee & Wyoming para hacerse con la concesión, todo con el beneplácito de la SCT.
Pero en 2012, cuando el título de concesión fue modificado, la SCT “se negó” a regresar las vías, por lo que el grupo de empresarios “jamás llegaron a operar la concesión”, explicó Díez.
El letrado denunció que si el tren de “La Bestia” descarrila en ese tramo, como se conoce a los ferrocarriles que utilizan los migrantes para cruzar México en su viaje hacia EE.UU., es porque la SCT impide a la iniciativa privada hacer inversiones y el estado de las vías y el equipo son “lamentables”.
“Es todo un esquema perverso, ideado por el Secretario Ruiz Esparza, para presionar y perjudicar intereses y derechos legítimos de empresa”, concluyó.
