La masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida el 23 de agosto de 2010, llevó la crueldad que vivía en ese momento el país a niveles de una irracionalidad desgarradora. Pero ni siquiera la profunda herida que la matanza produjo en la psique del pueblo mexicano y de la comunidad internacional, pudo generar la presión suficiente para que los gobiernos del estado y de la federación se decidieran a poner fin, de una vez por todas, a la violencia que la había hecho posible.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Hoy hace seis años que las imágenes golpearon con furia plena la conciencia de, seguramente, millones de personas en México y otras latitudes. Los cuerpos de 72 migrantes, hombres y mujeres, en su mayoría centroamericanos, yacían formados en fila junto a la barda de un lote baldío, llenos de sangre y brutalmente destrozados por balas de gruesos calibres.
Esa violencia irracional de San Fernando no sólo no se extinguió en esa masacre. Muchas otras tragedias posteriores terminarían por otorgarle carta de naturalización no sólo en Tamaulipas, sino en muchas, muchas otras regiones de México, convertido a la fecha en una fosa casi interminable.
San Fernando, desgracia ocurrida cuatro años después de iniciada la guerra del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el narco, representó en su momento una señal, una advertencia de que la estrategia gubernamental en su batalla contra las organizaciones criminales no estaba siendo efectiva.
Hoy, a seis años de esa masacre, insistir en la ineficacia de la estrategia ha llegado a ser casi como deporte nacional.
El Doctor Carlos Antonio Flores, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), conoce bien la matanza y la historia de violencia en Tamaulipas. Flores es autor del libro “Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas”.
En entrevista con SinEmbargo, Flores coincide en que la estrategia gubernamental ha sido y es equivocada y sugiere que si el gobierno la mantiene es porque impulsar un plan efectivo contra el crimen organizado le representaría al gobierno enormes costos políticos.
En un sistema político como el mexicano, caracterizado por una centralización impresionante del poder, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos estatales, es imposible pensar que las organizaciones criminales lograron acumular tanta riqueza y poder, durante décadas en algunos casos, sin la protección institucional, dice el académico.
Y Tamaulipas es quizás el ejemplo más acabado. Dos de sus ex Gobernadores, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, han sido acusados formalmente en cortes de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y han estado o están hoy en calidad de prófugos (de la justicia estadounidense, es importante aclarar, no de la mexicana).
Yarrington y Hernández habrían sido parte de esas redes de protección institucional, acusa, que resultan vitales para la existencia y permanencia de las organizaciones delictivas.
A seis años de la tragedia de San Fernando, es claro, alerta, que tragedias similares pueden registrarse en cualquier parte de la geografía nacional y en cualquier momento. Es hora ya de entender que el gobierno no cambiará la estrategia de seguridad porque no tienen interés en que el problema se resuelva.
La única salida a la violencia que vive el país saldrá de la sociedad mexicana si es capaz de organizarse, dice Flores, y de la presión que la comunidad internacional decida poner finalmente en la tragedia que México vive.
Esta es la conversación que SinEmbargo tuvo con el Doctor Carlos Flores:
– A seis años del horror de San Fernando, Tamaulipas parece muy lejos de la paz y la tranquilidad. ¿Ni una tragedia de ese tipo motivó a los gobiernos estatal y federal a tomar cartas en el asunto?
– Al contrario, parece que la violencia en general en el noreste del país se va recuperando. Tamaulipas es el caso emblemático. Pero aun en otras zonas que se presumía que ya se habían tranquilizado parece que la violencia ha repuntado.
– La estrategia es equivocada, como muchos dicen…
– Sí, la estrategia de pretender descabezar a las organizaciones delictivas solamente deteniendo o eliminando a miembros operativos de esas bandas. El entramado de relaciones de protección política, de vinculación del crimen con la economía legal esas nunca las han desmantelado. La estrategia que busca descabezar organizaciones deja un terreno mayor para la confrontación, porque aunque sean agrupaciones ya divididas tendrán que enfrentarse entre ellas para establecer su hegemonía. Esas bandas además tienen una herencia de conocimiento técnico de la violencia bastante preocupante para la sociedad. Cuando comienza la disputa, el escenario siempre es muy grave para la ciudadanía en general y para las instituciones que ya están muy diluidas.
– ¿Por qué si es tan claro el diagnóstico de la falla de la estrategia el gobierno insiste en ella?
– Es una pregunta que nos hacemos todos. Creo que hay una falta de voluntad de pagar los costos políticos de la que podría ser una estrategia más exitosa, como las que se han aplicado en otros países. En otros países que enfrentaban problemáticas de violencia similares y se aplicaron mejores estrategias, no desapareció la delincuencia organizada, pero si se acotó, para que el problema fuera de seguridad pública y no uno de seguridad nacional que desbordara a las instituciones. Esas estrategias implican desmantelar a delincuencia organizada, entendiendo que no se trata sólo de los personajes meramente operativos (que están encargados de la producción o del trasiego de drogas o del cobro de piso) sino de estructuras bastante más complejas, en las que participan actores públicos que están completamente involucrados en el negocio ilícito. Se trata de actores de instituciones de seguridad, de actores políticos…
– No sólo de alcaldes…
– Por supuesto que no… en un régimen político como el mexicano no podríamos pensar de manera inocente que sólo se trata de presidentes municipales. Se trata también de indagar cómo los recursos de procedencia ilícita terminan integrados a los circuitos económicos legales. Eso no se ha tocado en México y no hay la voluntad política para tocarlo.
– Son ya 10 años de la estrategia que no ha dado resultados, ¿no hay espacio para el optimismo?
– Ante la desesperación de la ciudadanía, ante los altísimos índices de violencia que hay, se sigue recurriendo a paliativos que no han dado resultados y es claro que no los darán.
– ¿Es posible que los grupos criminales que por años han hecho de algunos estados sus casas y sus principales centros de operación llegaran a hacerlo sin la complicidad de los gobernadores de esos estados?
– En un régimen como el mexicano, en el que se da una institucionalización del poder con ejes muy centralizados tanto a nivel federal como a nivel de los estados, es impensable que este tipo de organizaciones delictivas puedan operar, perdurar y alcanzar las dimensiones que han alcanzado sin contar efectivamente con un grado muy importante de protección institucional. Y por supuesto, es algo que la ciudadanía puede percibir, intuir o saber parcialmente. Es relevante que las acusaciones formales contra Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, son acusaciones penales que se ventilan en cortes extranjeras. La gran pregunta es por qué México no los procesa, por qué México no emite órdenes de captura equivalentes o no establece investigaciones penales judiciales equivalentes. Aquí el gran problema que tenemos es que no se desea desmantelar estas estructuras de protección que históricamente han beneficiado a múltiples organizaciones delictivas, a lo largo de la historia de México.
– El gobierno federal no da señales de que la crisis en seguridad les haya llevado ya a la conclusión de que es necesario hacer algo diferente, cambiar el plan…
– No, parece que no hay una lectura adecuada de la dimensión del problema. No en balde vemos los índices de aprobación de funcionarios de primer nivel en franco descenso y eso deja un escenario preocupante. Por parte tenemos una sociedad harta, pero por otro lado en varias regiones del país tenemos una sociedad aterrorizada, inmóvil. Aun así, me queda claro que la única apuesta para la sociedad mexicana es organizarse a sí misma. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero evidentemente en condiciones en que no hay una receptividad mínima por parte de quien ejerce el poder, no hay muchas alternativas… nadie va a venir a hacerlo por nosotros.
– ¿Usted cree que haya esperanza de un cambio desde fuera desde la comunidad internacional?
– Es un elemento fundamental. Dejados a su libre fuerza, lo que hacen las instituciones es minimizar los problemas, diluirlos, finalmente olvidarnos y darle vuelta a la página. El hecho es que los niveles de violencia e impunidad que ha alcanzado México no pueden ser solucionados en función del mismo circuito institucional que ha sido rebasado por falta de capacidad… lo que vemos es que parte del problema es justamente la decisión de proteger esa impunidad, es decir, no es solamente la incapacidad técnica de enfrentar el problema, sino una deliberada intención de desviar la atención hacia otro lado. En estas condiciones, la participación de la comunidad internacional resulta vital. Solamente así vimos escenarios efectivos de cambio en países que también sufrían graves crisis de violencia asociadas a la delincuencia organizada, como fue el caso colombiano.
– ¿El candidato ganador del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, podría tener vínculo criminal?
– No tengo ningún elemento para afirmarlo categóricamente, pero por lo menos podría despertar suficientes suspicacias como para que en términos de hipótesis uno pensara que probablemente las opciones que se les están presentando a la ciudadanía no son necesariamente de un polo positivo contra un polo negativo, sino que en realidad prácticamente cualquiera de las dos opciones que tuvo el electorado significaba, por lo menos, la posibilidad de que esos mismos vínculos preocupantes que han existido a lo largo de la historia de Tamaulipas no sean desmantelados.
– El crimen organizado ha avanzado en su capacidad de corromper, pero parece que cada vez más es la autoridad, la que sea, la que no sólo no combate sino que promueve la actividad criminal..
– El discurso oficial siempre ha sido que son los delincuentes los que corrompen a los funcionarios públicos, que es la delincuencia la que infiltra a las estructuras gubernamentales. La realidad, y lo demuestra la historia, es que en múltiples regiones del país, distintas camarillas tenían intereses ilícitos y protegieron y consolidaron a esas empresas criminales. Quizás los más fáciles de identificar sean los presidentes municipales. Pero si uno se va a la historia del país y a la historia de la gestión de la delincuencia organizada, lo que se evidencia es que ha habido un contubernio de actores de poder, de actores de seguridad, de actores empresariales que son los que finalmente hicieron posible lo que vemos hoy.
– Sabemos que los vínculos de autoridades municipales y estatales con el crimen. Pero, ¿hasta dónde ha llegado la complicidad de las autoridades federales?
– Saber eso es complicado, porque no sabemos qué tanto fluye la información de momento. En la investigación que hice para el libro “Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas”, retomamos el caso judicial en Estados Unidos contra quien fuera subprocurador encargado de las tareas antinarcóticos de la PGR, Mario Ruiz Massieu. En Estados Unidos fue sentenciado por tráfico de drogas. El problema es que hoy no tenemos la información de lo que está pasando y de quienes están involucrados. Los delitos contra la salud son de índole federal eso es evidencia de que nunca ha sido un negocio nada más de presidentes municipales.
– Hoy no se ve manera alguna de enjuiciar a funcionarios federales como pasó en Colombia, por ejemplo.
– En otros países la división de poderes permite iniciar investigaciones significativas desde el Congreso o desde el Poder Judicial. Hay competencias para que de pronto se den ese tipo de investigaciones. Pero en el caso mexicano lo que vemos es que no se han desmontado los candados de protección que tradicionalmente han mantenido a funcionarios de alto nivel, particularmente al Ejecutivo Federal, como sujetos intocables a quienes es imposible iniciarles cualquier tipo de investigación. Ese es el caso del poder Ejecutivo Federal y en los estados más o menos lo mismo ocurre. Con gobernadores que controlan su propio Congreso, que controlan su propio Poder Judicial, es muy difícil enterarnos incluso sólo de hasta dónde llegan las complicidades.
– Esta combinación política-crimen es bastante rentable y los riesgos son pocos…
– La clase política mexicana no ha sido victimada como lo han sido sus pares en otros lugares del mundo, como ocurrió en Colombia o como pasó en Italia. Aquí no ha sido el caso. El punto es que no hay garantía de que no va a suceder.
– Así las cosas, ¿casi parece una ingenuidad esperar que la estrategia de seguridad cambie?
– Efectivamente. Prácticamente todo parece apuntar a que les resulta menos costoso mantener este tipo de estrategia que no los penaliza en mayor medida, que no desmantela el negocio ilícito, y que por otra parte permite en la lógica burocrática y administrativa una continuidad de resultados con más gente presa, con más gente sujeta a la violencia institucional. La gran pregunta es si realmente se quiere solucionar el problema o no.
– ¿Por eso pasó lo de San Fernando?
– Por eso puede pasar otra vez en cualquier momento.
