La Asamblea Nacional del PRI del 7 de julio, donde más de tres mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del tricolor para permitir la reelección del dirigente nacional y la secretaría general, fue ilegal, aseguraron exgobernadores e integrantes del partido en una carta presentada ante el INE.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- A través de un amicus curiae, integrantes del Frente Amplio Renovación por México, y que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron ante el Instinto Nacional Electoral (INE) una solicitud para que se desconozcan los cambios a los estatutos internos promovidos por el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, y con los que busca reelegirse al cargo hasta, por lo menos, 2028.
“El INE no puede ignorar las trampas y las ilegalidades cometidas, que convierten a la Asamblea Nacional en un teatro antidemocrático que afecta los derechos de miles de priistas y nos deja en un estado de indefensión”, se lee en el documento.
Los exgobernadores de Chihuahua y Monterrey, José Reyes Baeza Terrazas y José Natividad González Parás, respectivamente, sostuvieron que la asamblea del 7 de julio, donde más de tres mil militantes votaron por reformar el artículo 178 de los estatutos del tricolor, fue ilegal, ya que sólo podía ser convocada una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones del proceso electoral.
“Como se recordará, de forma engañosa y oscura, la dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno, convocó a la realización de una Asamblea Nacional el pasado 3 de julio, cuando no habían siquiera pasado 24 horas de la Jornada Electoral Constitucional”, se agregó.
“El escrito tiene el propósito de hacer del conocimiento del INE, hechos violatorios de la Constitución, las leyes electorales y los estatutos del PRI, solicita desconocer la validez de la Asamblea Nacional, realizada el pasado 7 de julio, y todos los actos derivados de la misma”, destacaron.
Los exgobernadores también propusieron que cuadros de prestigio y expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional elijan a nueva dirigencia interina. “Solicitamos que se mantenga el principio de no reelección, fundamento histórico de nuestro partido, y se designe a una nueva dirigencia interina, integrada por expresidentes”.
Ayer, Moreno Cárdenas se registró como aspirante a la presidencia del PRI en fórmula con Carolina Viggiano. Ambos buscan la reelección de sus cargos como dirigente y secretaria general, respectivamente. Cárdenas señaló que el partido se ha desfasado de la realidad del país, pero que junto a Viggiano se impulsará una “profunda reforma” al interior del PRI le que permita resurgir al tricolor.
“Hoy quiero decirles a todas y a todos ustedes que Carolina [Viggiano] y un servidor nos presentamos ante ustedes convencidos de la necesidad de impulsar una profunda reforma que inaugure una nueva etapa en la vida política del PRI. Una reforma que ya está en marcha gracias a los acuerdos aprobados por el priismo nacional”, dijo.
Además de “Alito” y Viggiano, se registró la fórmula Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba. La primera es la actual Secretaria de Gestión Social del CEN del PRI, y el segundo, es el exregidor del tricolor en Puebla.
El lunes también “Alito” se reunió con Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del INE, previo a que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano electoral determine la validez de la reforma a los estatutos internos del tricolor.
Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Consejo General del INE, compartió que la reunión sólo fue para saludar y confirmar que se habían entregado los documentos básicos. “El viernes [19 de julio] se entregaron a las cinco de la tarde los documentos de las reformas a los estatutos. Pasamos a una visita nada más para informar, el viernes a las cinco de la tarde es un día complicado, informamos que entregamos los documentos”, apuntó.
Suárez Licona afirmó que están seguros de que las reformas no enfrentarán ningún obstáculo, ya que existen criterios del Tribunal sobre la legalidad de que después de la elección es válido realizar reformas a los documentos básicos de los partidos políticos.