Los intereses de Francisco Vega de Lamadrid y de su fracción del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del estado, junto con las pretensiones políticas de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron la principal moneda de cambio para que la gubernatura pudiera ser reformada y dejara de ser por un periodo de dos años, en beneficio del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
La aprobación de dicha reforma no puede explicarse sin hacer un análisis de los beneficios que cada fuerza política obtuvo -o pretendía obtener- mediante el Congreso del estado y sus diputados, un enredo de complicidades y canonjías para grupos políticos directa o indirectamente relacionados con la vida parlamentaria.
Por Eduardo Villa Lugo e Isaí Lara Bermúdez
Baja California, 23 de julio (Zeta).– Por si quedaba alguna duda del vínculo de los diputados panistas con el nuevo Gobierno, el legislador Carlos Torres Torres, será el encargado de encabezar el proyecto de rescate del Centro Histórico de Mexicali.
En una reunión donde se encontraba Jaime Bonilla Valdez, y la Alcaldesa electa Marina del Pilar Ávila –quien además es pareja sentimental de Torres Torres- acordaron que el todavía legislador se encargará de todo lo relativo al proyecto del Centro Histórico, el cual fue iniciado por la administración del priista Francisco Pérez Tejada Padilla.
La información se dio a conocer de manera oficial por el propio equipo de comunicación de Jaime Bonilla Valdez, quien indicó que se comprometió a “bajar” recursos federales, con la intención de poner en marcha el ambicioso proyecto, que cabe señalar es una de las promesas de campaña de la primera edil de Mexicali.
Nos comprometimos a gestionar los recursos federales para impulsar la nueva fisonomía de la zona histórica de Mexicali. pic.twitter.com/VxenV7Jutq
— Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) July 22, 2019
El tema se volvió polémico porque Torres Torres fue identificado como uno de los principales operadores de la reforma constitucional al Octavo Transitorio, que amplió el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años, pese a que se consideraba ilegal.
El 8 de julio se llevó a cabo la sesión donde además se realizó el nombramiento del Auditor General, lo que volvió aún más polémico el escenario.
INTERESES, LA PRINCIPAL MONEDA DE CAMBIO
Los intereses de Francisco Vega de Lamadrid y de su fracción del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del estado, junto con las pretensiones políticas de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron la principal moneda de cambio para que la gubernatura pudiera ser reformada y dejara de ser por un periodo de dos años, en beneficio del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
La aprobación de dicha reforma no puede explicarse sin hacer un análisis de los beneficios que cada fuerza política obtuvo -o pretendía obtener- mediante el Congreso del estado y sus diputados, un enredo de complicidades y canonjías para grupos políticos directa o indirectamente relacionados con la vida parlamentaria.
Aunado a la repartición de grandes espacios políticos, la imposición natural que genera el poder del nuevo Gobernador, cuyo control será como pocos en la vida del Estado, con una mayoría abrumadora en la próxima Legislatura, los cinco ayuntamientos ocupados por su partido (Movimiento Regeneración Nacional, Morena) y con un Gobierno Federal aliado, el cual incluye sus delegaciones ejerciendo la autoridad mediante sus programas, oficinas y estructuras.
La modificación del Artículo Octavo Transitorio en el cual se determinaba que la próxima gubernatura sería por un periodo de dos años y no de seis -como tradicionalmente es-, fue orquestada con facilidad pero con gran desgaste, desde el momento que Morena arrasó electoralmente Baja California.
El nuevo orden político se impuso con presiones, amenazas sobrentendidas y pactos políticos: nombramientos, protección para familiares de diputados que se incrustaron en las nóminas, sobrevivencia de los negocios y relaciones tras la caída de 30 años ininterrumpidos de panismo.
El recuento de daños por la reforma aún no concluye, ha permeado la esfera interna de Morena a nivel nacional. Jaime Bonilla sufre desgastes mediáticos y políticos antes de tomar protesta y estos han alcanzado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En el PAN se destruyó la relación entre los diputados panistas y “Kiko” Vega, que luego de estar dentro del acuerdo y autorizar la aprobación de la reforma, los desconoció y se resiste a publicar la Ley. Incluso, se aprovechó para que José Luis Ovando anunciara que “ante la crisis”, las dirigencias locales -entre estas la suya- no se renovarán.
En el caso del PRI, sus diputados divididos no pudieron mantener las ambiciones de nómina que representaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el secretario particular del presidente del Congreso, el hankista Benjamín Gómez, donde gran parte de la estructura de una fracción priista encabezada por René Mendívil está alojada. El grupo de Alejandro Arregui, Patricia Ríos y Benjamín Gómez sucumbió y fueron exhibidos como “traidores” por el partido.
La gran operación de la reforma, orquestada personalmente por el futuro secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, no resultó limpia. Ha sido renegada por prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo una iniciativa votada de manera unánime en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Congreso local “a dejar sin efecto el decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California aprobado el 8 de julio de 2019”.
El escenario para los morenistas podría ser peor, luego que la dichosa reforma se someta a la prueba de ácido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
QUÉ PARA QUIÉN; LAS REPARTICIONES
A finales de 2018, la intención por echar abajo la gubernatura de dos años (aprobada en 2014) fue manifiesta, desde entonces -tal como ha operado el Congreso históricamente– el juego de la negociación comenzó. Primero se consideraron las prioridades del Gobernador.
“Kiko” y el PAN tenían claros “sus proyectos” de mayor ambición:
El nombramiento del Fiscal General, que Vega de Lamadrid esperaba fuera para uno de sus incondicionales.
-La aprobación de los montos y la fuente de pago de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP).
-Aprobación de un mega endeudamiento superior a 12 mil 526 millones de pesos que permitiría “saldar” las cuentas del Gobernador con una herencia multimillonaria.
-El nombramiento del auditor superior para cuidar las cuentas públicas.
-Una reforma para aumentar cinco años a la edad límite de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado en beneficio directo de seis integrantes, entre ellos, la hoy ex Procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva.
-Los grupos que integran el PRI esperaban obtener por lo menos uno de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP), el cual consiguieron, además de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), que aún no se define y el magistrado anticorrupción, que lograron para uno de los suyos.
Antes de ganar las elecciones, Morena no estaba en los acuerdos como partido, salvo algunos “favores” que pedían en lo personal los diputados Víctor Morán y Catalino Zavala a los enviados del Gobierno del Estado.
Antes de pedir licencia, en el caso de Morán, el PAN-Gobierno concedió ascensos laborales y mejores sueldos para familiares directos que se desempeñan como docentes en el Sistema Estatal Educativo; por su cuenta, Catalino lograba prerrogativas obsequiadas por el Congreso administrado por el blanquiazul, puestos clave y recursos económicos extraordinarios que otros diputados no tuvieron.
No fue hasta acercarse el día de las elecciones con una tendencia favorable para Morena, que el partido comienza a explorar la negociación para la gubernatura de cinco años , pero hasta ahora, el PAN no ha necesitado del todo a los dos diputados por Morena (Victoria Bentley, del PAN, se sumó a la bancada de Morena hasta mediados de abril de este año) y por las mismas fechas, el panista Carlos Torres Torres, ya con una relación personal con Marina del Pilar Ávila, actual alcaldesa electa de Mexicali por Morena, empezó a jugar en los dos frentes.
Estas eran las fichas sobre la mesa, a partir de aquí se explicarán las decisiones y negociaciones de cada fuerza política.
SE DERRUMBAN Y SE ATORAN
Ya sin Victoria Bentley, el PAN contaba con 12 de los 25 diputados, se requieren 17 -dos terceras partes- para aprobar temas constitucionales. Para ello se contaba con tres diputados del PRI que en la mayoría de las ocasiones estuvieron alineados: Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y Blanca Patricia Ríos. Con Job Montoya de Movimiento Ciudadano y con Rocío López Gorosave del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenían lo necesario, pero las divisiones propias tanto del PAN como del PRI, hicieron que los acuerdos se desvanecieran.
A finales de marzo se aprobó el mega endeudamiento, así como los nuevos montos y financiamiento para dos APP: la desalinizadora de Playas de Rosarito y el Periférico Aeropuerto–Zapata para Tijuana, conocido como Segundo Piso. Morena votó en contra junto con Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California (PBC) y Bernardo Padilla Muñoz, del PRI.
Dos semanas antes de la elección, el Tercer Juzgado de Distrito concedió una suspensión provisional mediante un amparo promovido por Bentley (se sumarían otros diputados de oposición) para que el nombramiento del fiscal general no caminara. El interés del actual Gobernador por colocar a David Limón Grijalva se vio interrumpido. Así cayó la negociación que tenían Miguel Ángel Bujanda, Carlo Bonfante e Ignacio García Dworak con los tres diputados del PRI y sus aliados en el Congreso.
También en mayo y como parte de ese acuerdo, los diputados eligieron a Iván José Curiel Villaseñor como magistrado Anticorrupción con 19 votos secretos en el pleno del Congreso; días después, miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema.
Estatal Anticorrupción (SEA) denunciaron el compadrazgo y relación entre el recién nombrado y diputado priista Bernardo Padilla y exigieron su destitución, la cual no se dio.
De igual forma, en esas semanas y luego de comparecer ante los diputados el 15 de mayo, estuvo a punto de otorgarse la titularidad de la CEDHBC a Juan Valdez Moreno. Sin embargo, se dio a conocer que este, además de ser el ex secretario técnico y asesor de Benjamín Gómez, era militante priista y fue coordinador de la campaña presidencial del PRI en 2018. La negociación nuevamente se atoraría de manera parcial, cuando Gómez y Arregui rompieron su alianza tras la elección y algunos diputados del PAN tomaron distancia del Gobernador.
LA DE CINCO AÑOS Y EL AUDITOR
El Congreso estuvo prácticamente sin actividad hasta el 8 de julio, cuando en sesión extraordinaria se votó la modificación para que el siguiente periodo del Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, se convirtiera de cinco años.
En la misma sesión se aprobó a Carlos Montejo, un militante panista, como auditor superior en el Estado y a los tres consejeros del ITAIP: uno para el PRI, con Denise Gómez, mujer subordinada al hankista Mario Madrigal; y dos para el PAN: Lucía Ariana Miranda Gómez, ex funcionaria en el Gobierno del Estado y Alberto Sandoval Franco, ex funcionario de administraciones panistas.
Antes de la sesión, estaba planeado aprobar al nuevo comisionado de Derechos Humanos, a favor de Miguel Ángel Mora Marrufo, hijo del ex regidor priista Carlos Mora Álvarez, ex presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante en el Gobierno de “Kiko” Vega y yerno del ex Diputado por Morena, Héctor Mares Cossío. El nombramiento quedó en suspenso.
SALIVA Y “VENDER FUTURO”
Cercanos a Morena y algunos diputados, confiaron a Zeta que el último acuerdo se dio en gran parte por la macro negociación entre los emisarios del Gobernador y los operadores de Morena y el PRI.
Los panistas votaron a favor de la mentada reforma porque Vega de Lamadrid estuvo de acuerdo, lo anterior fue muy claro porque los diputados panistas que se presentaron y los intermediarios, fueron los más apegados al mandatario.
Cada uno de los diputados buscó no confrontarse con el partido entrante en el poder, proteger los espacios que han acaparado “para su gente” distribuidos entre las miles de plazas de los gobiernos y órganos oficiales. Por ejemplo, Denisse Rocha Velázquez, esposa de Benjamín Gómez, a quien le fue otorgada una plaza en el Congreso del Estado hace tiempo, con la venia de Oficialía Mayor y el Sindicato de Burócratas.
Los diputados sucumbieron ante el interés e instrucción de “Kiko” por cubrir sus intereses arriba mencionados y para no rivalizar con la administración entrante, particularmente con promesas de futuros agradecimientos o puestos en el Gobierno que -aseguran en Morena y el PAN- pronto se sabrán.
LISTOS PARA LA EXPULSIÓN DE DIPUTADOS Y REGIDORES
Por separado, las dirigencias nacionales PRI y del PAN, anunciaron que proceden los respectivos procesos de expulsión para diputados y regidores que aprobaron la ampliación del mandado de gubernatura en Baja California. Lo mismo hicieron el PRD y Movimiento Ciudadano con sus respectivos legisladores.
En el caso del Revolucionario Institucional, la Comisión Nacional de Ética Partidaria emitió un acuerdo, el cual establece que la reforma aprobada por los diputados Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez, Patricia Ríos y Bernardo Padilla, “contraviene el principio de legalidad”, por lo que “se emite extrañamiento a los legisladores”.
En específico, porque se considera que el sentido del voto de los diputados priistas contraviene el Artículo 10 del Código de Ética Partidaria, el cual “define que la lealtad implica respeto y fidelidad a los principios contenidos en los documentos básicos del partido y la observancia de las directrices y acuerdos emanados de nuestra dirigencia”.
Lo anterior porque meses atrás, la dirigencia del PRI impugnó las dos sentencias del Tribunal de Justicia Electoral local que avalaban la ampliación del periodo de la gubernatura.
Por último, el documento fechado el 10 de julio, concluye al remitir el oficio de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, “a fin de que aplique las sanciones que conforme a derecho procedan”. Entre estas, la dirigencia nacional anunció que se busca la expulsión tanto de diputados como de regidores que votaron a favor de la ampliación.
De igual forma, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI informó que, a través de sus bancadas en el Poder Legislativo federal, se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad en caso de la publicación de esta reforma en el Periódico Oficial de Baja California.
Por su parte y desde el día de la votación, a través del dirigente estatal, José Luis Ovando Patrón y el secretario general del CEN, Héctor Larios, desde el PAN aseguraron que los diputados ignoraron sus instrucciones de abandonar el recinto legislativo en caso de que se intentara votar la iniciativa.
Desde el 11 de julio, la dirigencia nacional del PAN inició formalmente el proceso de expulsión de siete de los nueve diputados que votaron a favor, ya que dos de ellos -Mónica Hernández “La Chula” y Trinidad Vaca – no son militantes.
Esto significa que Carlos Torres Torres, Iraís Vázquez, Sergio Tolento, Raúl Castañeda Pomposo, Alfa Peñaloza, Ignacio García Dworak y José Félix Arango, así como Mirna Rincón y Miguel Ángel Villa -Alcaldesa y Síndico de Rosarito, respectivamente-, enfrentarán el proceso de remoción del partido.
“Estamos convencidos por los testimonios, constancias que tenemos, y porque es claro y público en todo el país el daño que le hicieron con su voto a la democracia, que va a proceder esta expulsión”, advirtió el secretario general del CEN de Acción Nacional.
“El PAN tiene sus métodos, es un juicio, ellos tienen derecho a la defensa, a ser escuchados; la Comisión de Honor seguramente determinará la expulsión y tendrán derecho a defenderse en los tribunales si es que así lo consideran”.
En conferencia de prensa celebrada el martes 16 de julio, los representantes panistas anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que la reforma entre en vigor.
De manera adicional, Ovando Patrón anunció la suspensión de los procesos de renovación en dirigencias municipales y estatal para permitir el curso de estos procesos.
CONGRESO DE LA UNIÓN LLAMA A DEJAR SIN EFECTOS “LEY BONILLA”
A una semana de la ampliación del mandato de la gubernatura, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un exhorto al Congreso de Baja California y a los cinco ayuntamientos del Estado para dejar sin efecto la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución local.
Diputados federales y senadores del PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, propusieron el punto de acuerdo para así restaurar el periodo de Gobierno a dos años y no a cinco, como pretendieron los legisladores locales.
En sesión, todas las fuerzas políticas se pronunciaron en contra de la ampliación y cada uno de sus integrantes hizo uso de la tribuna para expresar sus opiniones al respecto.
En cuanto al documento, este plantea que la reforma “es violatoria de los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales, así como de contravenir el pacto federal”.
De igual forma, denuncia la vulneración del principio de no aplicación retroactiva de la Ley, “ya que se pretende dar ese efecto a una reforma constitucional posterior a la elección constitucional llevada el 2 de junio”.
Por otra parte, el punto de acuerdo señala que se transgrede el principio de certeza electoral y el principio de no reelección de los gobernadores porque consideran que si una vez concluido su periodo de Gobierno -31 de octubre de 2021-, Jaime Bonilla Valdez continúa ocupando la gubernatura, encuadraría dentro de las hipótesis de “volver a ocupar ese cargo” una vez que finalice.
De igual forma, recoge la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que es inconstitucional la prórroga de mandato “en caso que implique la prolongación de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en ese momento en curso, más allá del periodo para cual han sido electos”.
Si bien, en conferencia de prensa previa a la votación, legisladores apuntaron que el punto de acuerdo incluye un llamado al Gobernador para que “tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada la Ley correspondiente”, el documento firmado por los legisladores no contempla esto.
El punto de acuerdo está conformado por dos pronunciamientos, el primero, una manifestación en contra de la aprobación del decreto que pretende ampliar la gubernatura a partir del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2014.
Y como segundo punto, el exhorto solo al Congreso y ayuntamientos a dejar sin efecto la reforma, así como emprender “las acciones correspondientes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal”.
Tatiana Clouthier, Diputada por Morena y una de las principales impulsoras del documento, aseguró en conferencia de prensa que el exhorto responde a “sucesos que se dieron en Baja California, al haber el Congreso del Estado tomado, pensamos, atribuciones más allá de lo que le compete”.
A su lado estuvieron otros legisladores como el Senador panista Damián Zepeda y la Diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
En su turno al hacer uso de la voz, algunos representantes de las bancadas adelantaron acciones que tomarían en caso que el exhorto no tenga contestación en los poderes de Baja California.
Por ejemplo, el Diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, refirió que esta fuerza política contempla interponer una acción de inconstitucionalidad en caso que la reforma entre en vigor, y promover un juicio político a los diputados bajacalifornianos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.
