Una red de protección política impidió que se investigara al albergue Ciudad de los Niños de Salamanca, así lo dijo Raymundo Sandoval, director de Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. El pasado 11 de julio, una denuncia anónima y la resolución de un amparo puso en evidencia graves violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes en el albergue dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Las autoridades realizaron investigaciones, sin embargo, hasta el momento, se desconoce el paradero de los 134 niños que fueron registrados con los apellidos del clérigo.
La periodista Sanjuana Martínez publicó este domingo en el diario La Jornada el testimonio de dos menores, la primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo intelectual, los cuales, son cruciales para demostrar que en el albergue se cometieron una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios.
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Por Kenia Velázquez Carranza
León, Guanajuato, 23 de julio (SinEmbargo).- Las cúpulas políticas en Guanajuato y una red de protección no formal han impedido que se atienda la violencia física y sexual en la Ciudad de los Niños en Salamanca y que se actúe en contra de los presuntos responsables de estos actos.
Así lo dijo Raymundo Sandoval, director de Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, quien explicó a Zona Franca que durante su visita a la Ciudad de los Niños en Salamanca, pudo constatar que los testimonios vertidos en la sentencia de amparo son ciertos.
Además de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en los albergues, Sandoval considera que se debe investigar la corrupción, “no sólo en el mal uso de los recursos públicos, sino el sistema de protección paralelo que está fomentando una práctica, donde las autoridades no sólo están siendo cómplices de las omisiones de particulares, sino cómplices de la Iglesia, la Diócesis de Irapuato ha respaldado las prácticas de este sacerdote”.
Señaló que en sus primeras investigaciones, “no sólo ha aparecido el nombre de Vicente Fox, nosotros hemos documentado participación de otros actores, es algo sistemático. Incluso, hay testimonios de que muchas de las personas egresadas, formadas profesionalmente, eran insertadas en las dependencias públicas, algunas de ellas de carácter jurídico, se formaron como abogados y tienen algún peso y representación. Y luego se convertían en una red no formal, de protección externa, de carácter político, que aunada a esta red de alto nivel, formaba un soporte que brindaba protección al sacerdote y ponía en muy mala posición a las víctimas”.
Durante la visita de Nima a dos albergues del padre Pedro Gutiérrez en Salamanca, constataron que existe violencia como patrón sistemático como castigo corporal, violencia sexual, embarazos y hasta desapariciones.
También recabaron datos donde se evidencia que tanto la autoridad municipal como la estatal “hay una serie de omisiones, no sólo de la falta de supervisión del albergue, las irregularidades en el registro civil, las omisiones en el ministerio público; la falta de capacidad técnica de la procuraduría de protección integral”.
Sandoval resalta un elemento “que nos parece fundamental: han tomado (DIF Estatal) posesión de las instalaciones de una de las casas hogar, pero no sabemos cuál es la condición de los niñas y niños que están ahí”.
Tampoco hay información sobre el paradero de los 134 niños y niñas que fueron registradas por el sacerdote Pedro Gutiérrez. “Nos preocupa, no sólo que hayan desaparecido, sino que se haya hecho una reunificación forzada del DIF estatal y que eso los haya colocado en una situación de riesgo. Nosotros sospechamos de que antes de que el DIF tomara posesión del albergue, el sacerdote haya hecho un proceso forzado de reunificación o expulsión para que el caso fuera menos grave”.
Nima encuentra elementos que hacen sospechar que “incluso que puede haber un esquema de trata o de delincuencia organizada con fines incluso de explotación sexual comercial”.
Otra de las irregularidades encontradas en Ciudad de los Niños, es que el acogimiento residencial no debe ser por medio del reclutamiento, “tiene que ser temporal, oportuno y necesario. No debe ser un espacio donde las familias abandonen o dejen a sus niños, debe ser un espacio para la transición”, lo que no sucedía en los albergues de Salamanca.
La Procuraduría General de la República informó mediante un boletín que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, CEAV y Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes, “mantendrán una estrecha y permanente coordinación con autoridades del Gobierno del estado de Guanajuato, a fin de coordinar esfuerzos y llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para la investigación y atención a víctimas, en tanto no queden esclarecidos a su totalidad los hechos y se hayan establecido las medidas de restitución de derechos y reparación del daño de las posibles víctimas”.
Informó que la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA y el DIF nacional, los Sistemas de Protección Integral y las Procuradurías de Protección en Guanajuato, y con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, “implementarán medidas que coadyuven a la no repetición”.
La periodista Sanjuana Martínez publicó este domingo en el diario La Jornada el testimonio de dos menores, la primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo intelectual, los cuales, son cruciales para demostrar que en el albergue la Ciudad de los Niños se cometieron una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios.
“Uno de los casos más ilustrativos es el de Ana Luisa Aguinaco Romero, esposa del presidente municipal de Salamanca, el panista Antonio Arredondo Muñoz. Desde su puesto de presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Luisa y las autoridades de Guanajuato han apoyado al sacerdote acusado de pederastia, cuyo paradero ahora se desconoce. Ella fue adoptada en el mismo albergue por María Esther Romero Deschamps, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien además es su padrino”, destacó Sanjuana Martínez.
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María narró a La Jornada que intentó interponer denuncias contra el sacerdote Gutiérrez Farías y su albergue por la violación que sufrieron sus nietas, pero el Ministerio Público de la ciudad se negó.
“El DIF resguardó a mis nietas en la Ciudad de los Niños y ellas me han contado que allí maltrataban a los menores, los violaban y las chamaquitas embarazadas hoy se aliviaban y al otro día venían personas que se las llevaban con sus criaturitas. A mi nieta la embarazaron allí y se escapó para que no vendieran a su bebé, dijo en entrevista con La Jornada.
Agregó que aquello era como un rebaño de chivitas embarazadas, controlado por Martín, Sergio y el papi Pedro: Son unos tratantes de blancas, de niñas, de bebés. Los desaparecían. Dicen que el padre Pedro es un ángel, pero él llevaba a sus amigos, los mismos seminaristas, sacerdotes y amigos. Ya cuando estaban tomados se llevaban a las niñas y allí las traían abusando de ellas.
Su nieta, cuya identidad se reservó por ser menor de edad, comentó en entrevista con el diario que fue violada por varios sujetos y que el sacerdote bebía mucho alcohol con sus amigos: “Siempre nos llevaban con ellos. Escogían a las más grandecitas, de 12, 13 años o más. A las embarazadas, luego de que llegaban con sus bebés, se las llevaban a Morelia o Irapuato y las desaparecían. En diciembre llegó una amiga con su bebé. Vinieron por el niño y a ella no la volvimos a ver. De vez en cuando también venían gringos a vernos para elegir a quién se llevaban”, narró.
