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Salvador Guerrero Chiprés

23/06/2024 - 12:03 am

Fiestas jóvenes y furtivas

“Las fiestas furtivas —lo mismo en una bodega, la trastienda, una terraza, una chelería o un antro— se han convertido en un fenómeno común entre adolescentes”.

“Ese sentido clandestino o de underground dificulta la operación de las autoridades policiales o administrativas para la ubicación de los sitios, algunos incluso escondidos detrás de puertas disfrazadas de centros de lavado o refrigeradores”. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

El desafío de nuestra sociedad respecto de las y los menores de edad de estratos de bajos ingresos no puede evadirse cuando asistimos al controversial espectáculo arriesgado e ilegal del entretenimiento clandestino donde existe consumo de alcohol adulterado, drogas, riñas y riesgos de seguridad civil en lugares sin autorización para celebrar festejos con cientos o miles de jóvenes.

Celebraciones subterráneas y abusos clandestinos en torno a la búsqueda de diversión juvenil en un sistema prohibitivo para los menores de edad sin alternativas, en contraste con los hijos de sectores acomodados.

Es un subsistema abusivo. Encuentra un hueco entre las reglas obsoletas y las necesidades de esparcimiento de los más jóvenes. Se monta sobre la promoción de boca en boca, en redes sociales, con revelaciones de último minuto sobre el sitio de encuentro, planeados a partir de la depredación de algunos empresarios o dueños de locales.

Las fiestas furtivas —lo mismo en una bodega, la trastienda, una terraza, una chelería o un antro— se han convertido en un fenómeno común entre adolescentes; organizadas en secreto, sin supervisión, representan riesgos para la seguridad y salud de las y los asistentes.

Desde redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, es relativamente sencillo encontrar posteos con recomendaciones de lugares para comenzar, seguir o terminar la fiesta, sin restricciones en cuanto a edad, o invitaciones a eventos “privados” contactados mediante mensajes directos.

Ese sentido clandestino o de underground dificulta la operación de las autoridades policiales o administrativas para la ubicación de los sitios, algunos incluso escondidos detrás de puertas disfrazadas de centros de lavado o refrigeradores que dan acceso a los antros. Algunos ejemplos están en las mismas redes sociales sin revelar ubicaciones exactas.

Empresarios, dueños y promotores no solo trasgreden la Ley de Establecimientos Mercantiles —sobre el aforo, las condiciones del lugar o la venta de alcohol a menores de edad— y el Código Penal sobre la corrupción de menores, también evaden obligaciones tributarias.

La Asociación Nacional de la Industria de Discotecas Bares y Centros de Entrenamiento (Anidice), dirigida por Ismael Rivera Cruces, tiene mapeada la operación de estas fiestas clandestinas: organización desde el espacio digital, venta de boletos a través de promotores o “RP” y, cuando van dirigidos a adolescentes de secundaria o preparatoria los hacen pasar como eventos universitarios o interescolares.

Ese fue el caso del “VocaFest” en el bar Black del Centro Histórico, donde además del sobrecupo hubo menores de edad intoxicados con el consumo de alcohol. Situación similar a la ocurrida en el Perro Salado, un antro en la colonia Tránsito frecuentado en su mayoría por estudiantes preparatorianos al que llamaban un sitio para “estudihambres”. Y hay muchos más.

La disposición exhibida por las autoridades, con el fortalecimiento de operativos y las investigaciones contra establecimientos anunciados por el Jefe de Gobierno de la capital nacional, Martí Batres, o los reportes ciudadanos como los realizados al Consejo Ciudadano de la CDMX —sobre chelerías en trastiendas, casas o tianguis— requiere voluntad empresarial para erradicar este mercado negro de la diversión.

Salvador Guerrero Chiprés
Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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