Con la cancelación de la segunda parte del llamado Plan B, la reforma electoral hecha sobre las rodillas y sin consenso de los partidos de oposición, vamos al proceso electoral del 2024 con las mismas leyes que el 2018. Efectivamente se trata de elecciones sobre reglamentadas, con una injerencia mayúscula del INE en la vida de los partidos y restricciones absurdas, pero esas son las reglas, diseñadas e impulsadas desde la izquierda, primero el PRD y luego Morena, para atarle las manos al gobierno en turno en los procesos electorales. Esas normas que ellos promovieron las que ahora las tendrán que cumplir.

La votación de la Corte contra el Plan B fue nueve contra dos. En esta ocasión ni el ministro Arturo Zaldívar se atrevió a considerar constitucional una ley que, de acuerdo a lo expresado por el ministro ponente, no hubo manera que los diputados conocieran antes de votarla. Solo la ministra Yasmín Esquivel se atrevió a defenderla porque, dijo, a quién le importan las cuestiones de forma y las nimiedades de los procedimientos legislativos. Claramente a ella no.

Ya con la claridad de cuáles son las reglas vigentes para la elección del 2024 la pregunta es si el Instituto Nacional Electoral se atreverá a aplicarlas, porque es evidente que en la campaña interna de Morena está fuera de toda norma y que se están gastando en promoción mucho más de los recursos autorizados por la ley. El partido puso a las corcholatas una absurda cifra de gasto de cinco millones de pesos. Eso no ajusta ni para pagar los espectaculares que tiene Adán Augusto López en la carretera de Guadalajara a Chapala o para costear los boletos de avión de cualquiera de los candidatos y sus equipos a lo largo de tres meses. Por supuesto que es una simulación y la dirigencia de Morena se hará de la vista gorda, pues Mario Delgado es parte esencial de esta simulación. La pregunta es si el INE también lo hará.

No es una cuestión de personas. Hasta ahora como cuerpo colegiado el Consejo General ha mantenido la pluralidad y la deliberación democrática. La amenaza no es interna sino externa, la reiterada voluntad del poder ejecutivo, del partido en el poder y de los partidos de oposición de jugar más allá del límite de los legal.

Para que una democracia funcione tienen que existir reglas claras y aceptadas por todos (ese sigue siendo el principal defecto del destronado Plan B) pero sobre todo demócratas: políticos y ciudadanos convencidos de que el poder se gana y se pierde en las urnas, que las leyes se cambian de acuerdo al consenso de mayorías y a los procedimientos legislativos establecidos, y que los poderes existen y coexisten en equilibrio. Así de fácil, así de difícil que los poderosos lo cumplan.

Diego Petersen Farah

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