Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).— En la detención ilegal y encarcelamiento de Jacqueline Selene Santana López y Bryan Reyes Rodríguez –a quienes ayer se les otorgó un amparo que les permitirá salir de prisión– el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por el modo en que autoridades y servidores públicos “torcieron” la ley para incriminarlos de un falso delito de robo y encarcelarlos, a pesar de que siempre existieron evidencias que hacían insostenible la acusación en su contra, consideró el abogado Sergio Soto, uno de los defensores de los jóvenes.
Jacqueline, estudiante de la licenciatura en Economía, y Bryan, músico, fueron detenidos el 15 de noviembre de 2014 por policías federales vestidos de civil, quienes habrían intentado secuestrarlos y al frustrarse su plan los habrían presentado ante el Ministerio Público acusándolos de un presunto robo de 500 pesos a una compañera policía.
Tras 219 días de permanecer encarcelados por la imputación de los policías, este lunes se publicó la sentencia de la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, que otorgó un amparo a los muchachos y ordenó al Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal–quien dictó el auto de formal prisión– que decretara la libertad de Jacqueline y Bryan “por falta de elementos para procesar”, al no encontrarse comprobado el delito de robo. Asimismo la Juez determinó que no se comprobó que la policía que supuestamente fue víctima de robo se encontrara realizando funciones propias de su cargo.
En el transcurso de estos más de siete meses de encarcelamiento, los abogados defensores de los jóvenes presentaron elementos que probaban su inocencia, como peritajes que demostraron que ni los cuchillos con los que supuestamente los muchachos habían cometido el robo ni el billete de 500 pesos supuestamente hurtado tenían sus huellas dactilares, o el video del momento de su detención, que contradecía la versión de los dos policías que supuestamente habían atestiguado el robo y respaldaba los dichos de los jóvenes sobre cómo habían sido detenidos.
Soto dijo a SinEmbargo que por ahora lo más relevante es que Jacqueline y Bryan dejen la cárcel, y posteriormente tanto los jóvenes como sus abogados valorarían si emprenden acciones legales contra los servidores públicos involucrados en lo que desde el principio han calificado como la “fabricación” de un delito.
“Los policías, los Ministerios Públicos, los jueces del fuero común que en esta cadena de autoridades y servidores públicos torcieron la ley para incriminar a dos jóvenes de un ridículo robo de 500 pesos que nunca existió […]. Hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad patrimonial por el tiempo que los jóvenes han estado presos, hay una responsabilidad por daño moral al verse afectados los derechos de la personalidad de Bryan y Jacquie, y esto se tiene que dilucidar en tribunales”, sopesó el también integrante de la Liga de Abogados 1º de Diciembre.
Soto recordó que desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, se han dado casos de detenciones ilegales y arbitrarias de jóvenes en contextos de protesta social. En ese tenor, apuntó, la detención de Jacqueline y Bryan no es un hecho aislado ni único de “criminalización” de la juventud que se manifiesta.
Jacqueline apoyó el movimiento estudiantil #YoSoy132 y antes de su detención había participado en las protestas y acciones de apoyo con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014.
Bryan fue uno de los detenidos el 1 de diciembre de 2012, durante las protestas sociales por la toma de posesión del Presidente Peña Nieto. Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero salió libre bajo caución en diciembre de 2013.
“Es una demostración fehaciente y palpable de que el Estado ha criminalizado a los jóvenes que se manifiestan públicamente y que hay una violación masiva a derechos humanos en una ciudad que se dice de izquierda a nivel discursivo pero en la práctica actúa como cualquier régimen autoritario y represor”, consideró el abogado respecto al caso de los dos jóvenes.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que agrupa a varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos, ha documentado diversos episodios de detenciones arbitrarias y actos de criminalización, especialmente de jóvenes, en contextos de protesta social en lo que va del actual sexenio. Por la atención mediática que muchas de las detenciones arbitrarias o ilegales han tenido, la mayoría de los incriminados han sido liberados e incluso exculpados. Sin embargo, señaló Soto, a la fecha no hay una resolución judicial que condene a los servidores públicos involucrados en las detenciones arbitrarias ni en la fabricación de delitos desde el 1 de diciembre de 2012.
La Liga de Abogados 1ª de Diciembre ha emprendido acciones para exigir la reparación de daños con detenidos en esa fecha, a fin de sentar un precedente de la responsabilidad del Estado “por actos ilegales y criminales”. El caso de Jacqueline y Bryan podría abonar a esos precedentes, estimó el abogado.
EL SUPUESTO DELITO
Jacqueline, de 22 años, y Bryan, de 28, fueron detenidos el 15 de noviembre de 2014, alrededor de las 14:45 horas, entre las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y la Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la Delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal.
Los jóvenes refirieron entonces que habían sido detenidos por personas vestidas de civil. A Jacqueline, según sus declaraciones, cuatro mujeres le cerraron el paso, mientras unos ocho sujetos hacían lo mismo con Bryan, su novio.
Ambos habían salido de casa de Bryan, ubicada en esa colonia, y se dirigían al mercado de La Merced.
De acuerdo con la declaración de él, antes de que salieran de su casa se había percatado de que personas vigilaban su domicilio y así lo había informado en su muro de Facebook, pidiendo a sus amigos que se mantuvieran atentos.
Como quienes los estaban deteniendo eran civiles, los jóvenes pensaron que se trataba de un secuestro.
Jacqueline intentó acercarse a su novio para ayudarle, pero uno de los hombres que lo retenían la jaló del cabello y le gritó: “¡Quítate perra, que a ti también te va a tocar!”.
Bryan fue subido a la fuerza a un automóvil color blanco modelo Chevy; ella, a un taxi del Distrito Federal. A ambos los encañonaron con armas de fuego. Y así, sin identificarse como policías ni mostrarles una orden de aprehensión ni viajar en vehículos oficiales, los agentes los retuvieron. Por ese hecho es que tanto ellos como sus abogados y familiares sostienen que se trató de un intento de desaparición forzada.
Pero la operación se frustró porque un policía preventivo capitalino interceptó a los vehículos en los que los jóvenes eran trasladados. Los policías federales se identificaron y pudieron continuar su camino; pero luego otro agente policial detuvo el taxi donde llevaban a Jacqueline. Nuevamente, los policías federales tuvieron que dar explicaciones sobre quiénes eran.
Identificados, a los policías no les quedó más remedio que justificar la retención de los jóvenes y remitirlos a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza. Pero al llegar ahí los policías Luis Alberto Castillo Gordillo y José Montiel González ofrecieron una versión distinta de lo ocurrido y acusaron a los jóvenes de supuestamente haber asaltado a la policía federal Lidia Zárate Herrera y robarle un billete de 500 pesos.
Los tres agentes involucrados están adscritos a la Coordinación de Operaciones Encubiertas, en la División de Inteligencia de la Policía Federal.
De acuerdo con la declaración rendida el pasado 16 de febrero por Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración de la División de Inteligencia de la Policía Federal, él nunca entregó un kit a los tres agentes para resguardar los cuchillos y el billete de 500 pesos.
Castillo Gordillo, uno de los policías-testigo, había declarado que González Monjaraz le había dado personalmente el kit de embalaje para el resguardo de los cuchillos que supuestamente portaban Bryan y Jacqueline, refirieron entonces los abogados.
Además, un peritaje realizado a los cuchillos con los que supuestamente los muchachos asaltaron a la policía mostró que éstos no tenían huellas dactilares de ninguno de ellos.
“Se procedió a realizar una minuciosa y exhaustiva búsqueda de huellas latentes en: dos cuchillos, uno con empuñadura envuelta con cinta de aislar negra con la leyenda ‘Ilko Design Stanlees Steel’ y otro con empuñadura envuelta con cinta canela y un billete de la denominación de $500.00 pesos […] después de haber examinado minuciosamente los objetos antes mencionados, no se observaron, ni revelaron huellas latentes”, se lee el informe pericial firmado por los especialistas Julio César May Briseño y Vicente Hernández Piña.
El pasado 1 de junio, los abogados de los jóvenes hicieron público el video que muestra el momento de la detención. Aunque es una imagen poco nítida, se alcanza a apreciar a varias personas y dos vehículos, lo que concordaba con la versión de Jacqueline y Bryan y echaba por tierra las declaraciones de los policías, de que los habían detenido tras el supuesto robo a Zárate Herrera.
Tras la detención de los jóvenes, sus defensores ofrecieron pruebas para comprobar su inocencia, y pese a que éstas fueron admitidas no se desahogaron. Y aunque faltaban 20 horas para que venciera el plazo legal para determinar su situación jurídica, fueron consignados: él fue enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte; ella, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
El 22 de noviembre de 2014, el Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, Rafael Jiménez Abundez, dictó auto de formal prisión contra los jóvenes por el delito de robo agravado. Pero en su resolución a la causa penal 241/2014, el Juez respaldó que la policía Zárate Herrera, la supuesta víctima de robo, se encontraba ejerciendo sus funciones al momento de la presunta comisión del delito, y por tratarse de una policía federal el Juez se declaró incompetente para continuar el caso.
El 15 de diciembre de 2014, el Juez Décimo Tercero de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Carlos López Cruz, aceptó la competencia en el caso y convalidó todas las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa.
Sin embargo, la Juez que otorgó el amparo refirió en su sentencia que no está probado que la denunciante se encontrará realizando funciones propias de su cargo. Por ello, le ordenó declararse incompetente y regresar el caso al Juez 39. A éste, a su vez, le ordenó declarar el auto de libertad al no haberse acreditado el delito que se les imputó a los muchachos y que los ha mantenido más de 200 días en prisión.
De acuerdo con sus abogados Sergio Soto y Jorge Miranda, Jacqueline y Bryan saldrían de la cárcel en los próximos 15 días. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el Ministerio Público federal interponga un recurso de revisión contra el amparo, por lo que ahora los defensores, familiares y amigos de los jóvenes preparan manifestaciones y movilizaciones cuyo propósito es evitar que el Ministerio Público obstaculice su liberación y presente un recurso de revisión.
