Las protestas se desencadenaron en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuera exclusivamente por internet. La policía de Chiapas detuvo a 97 manifestantes.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió a las autoridades del estado de Chiapas garantizar que las mujeres detenidas durante las protestas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” estén protegidas contra cualquier acto de violencia sexual o de género.
“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
La ONU-DH calificó como preocupante las denuncias de mujeres que acusaron haber sufrido abuso sexual por parte de policías de Chiapas, por ello pidió no ignorar los señalamientos e investigarlos.
“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, agregó Fernández Maldonado.
En este sentido, recalcó que es “especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”.
De acuerdo con la información disponible, el pasado 18 de mayo, 97 personas fueron detenidas durante protestas de normalistas de Mactumactzá en la caseta cobro de la Autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas.
Del total de detenidos, 93 eran integrantes de la escuela, 72 mujeres y 21 hombres, y cuatro personas de la comunidad de Chenalhó.
Luego de la detención, 94 personas fueron puestas a disposición de un Juez, quien declaró legal la detención.
Sin embargo, durante la detención, las personas denunciaron haber sufrido malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza.
Además, habrían contado con dificultades apara tener un representante legal durante su detención.
Por ello, la ON-DH llamó a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa.
También pidió que las investigaciones de los posibles actos de abuso “deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado”.
Las protestas se desencadenaron en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet o electricidad.
