Las mujeres tienden a tener más empleos por cuenta propia, lo que las lleva a la informalidad laboral y coloca al sexo femenino en la parte baja de la distribución de los ingresos laborales y, en general, de las posiciones de menor jerarquía en el mundo laboral. Esta situación se agrava cuando son madres.
Ciudad de México, 23 de mayo (Economía Hoy).- La exclusión laboral en México es un problema que enfrentan muchos mexicanos por razones que van desde el color de su piel, su lugar de nacimiento, la falta de estudios, entre otros. Pero este problema se agudiza exponencialmente dependiendo del género de las personas, pues de la totalidad de quienes son excluidos en materia laboral en México el 86 por ciento son mujeres, reveló el Informe de Movilidad Social en México 2019.
La encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-Emovi), elaborada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), indica que las mexicanas se perciben discriminadas por dos razones principales, la primera, por ser pobre, la segunda, por ser mujer. En cambio, el factor de género no figura entre las razones de percepción de discriminación de los hombres.
“En México el 82 por ciento de los hombres en edad laboral cuentan con un empleo que les genera ingresos económicos. Sin embargo, solamente el 43 por ciento de las mujeres de ese mismo rango de edad cuentan con un trabajo remunerado, hay una diferencia de 40 puntos porcentuales, es brutal”, indicó Mónica Orozco, consultora principal del informe.
De tal forma, las mujeres tienden a tener más empleos por cuenta propia, lo que las lleva a la informalidad laboral. Lo anterior provoca que las personas del sexo femenino se concentren en la parte baja de la distribución de los ingresos laborales y, en general, de las posiciones de menor jerarquía en el mundo laboral, además de que está situación se agrava cuando son madres.
La exclusión y discriminación laboral en México es uno de los aspectos que frena la movilidad social, que se genera por aspectos como la diferenciación por sexo, etnia, color de piel, clase social o región de origen.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, al cierre del 2018 más de la mitad de las mujeres ocupadas perciben hasta dos salarios mínimos, con diferencia de 11.8 puntos porcentuales de desventaja respecto a los hombres; mientras que las mujeres con ingresos por trabajos superiores a los cinco salarios mínimos representan sólo el 3.5 por ciento del total de ocupadas.
MENOS MOVILIDAD SOCIAL
El informe elaborado por el CEEY detalla que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, así como las características del empleo femenino el que es principalmente informal o no remunerado- guardan una relación con múltiples factores que atraviesan por el papel que la sociedad les asigna y que genera violencia y discriminación de género.
Además de que dichos factores tienen que ver con el origen social y condicionan la movilidad social de las mujeres, tanto en el mercado laboral, como en la educación.
“En los hogares en los que viven las mujeres, comparadas con los hombres, las posibilidades que tienen para superar sus condiciones de pobreza son menores que las que tienen los varones”, lamentó Mónica Orozco.
También indicó que las mujeres que nacen en pobreza tienen menos oportunidades de ingresar al mercado laboral, tienen menos posibilidades de concluir niveles de educación media superior y superior, lo cual está vinculado con la falta de opciones para el cuidado de sus hijos.
“87 de cada 100 personas que no se encuentran trabajando dentro de alguna actividad económica son mujeres y la razón principal es que no tienen quien pueda cuidar a sus hijos o a otras personas que dependen de sus cuidados”, indicó la especialista.
Que las mujeres se inserten o no en el mercado laboral se relaciona de manera directa con el nivel educativo de sus padres: mientras más educación hayan tenido estos, más probabilidades hay de que ella tenga un empleo formal.
A partir del entorno y de las características de las familias es que las desigualdades se harán más profundas entre hombres y mujeres.
Por lo que refiere que es necesario que el Estado implemente políticas públicas que disminuyan la disparidad de oportunidades que existen en México a través de un sistema de seguridad universal, un sistema de salud y de educación nacional de calidad, así como una política laboral que impulse un mercado más estable y formal.
Para ello se requiere una reforma fiscal para que dichas políticas se financien con impuestos generales.
