La desaceleración económica y el desempleo en América Latina se acentuarán con el COVID-19. La Cepal calcula que ésta situación generará 30 millones de nuevos pobres en la región, durante 2020. Esta cantidad de personas es tan grande que, si quisiéramos meterlas a todas en alguna de las manchas urbanas más grandes de Latinoamérica, no cabrían. La masa potencial de nuevos pobres es equiparable, por ejemplo, a 1.4 veces la población de las zonas metropolitanas del Valle de México y São Paulo, en Brasil, o a 1.7 veces la población de Gran Buenos Aires, Argentina.
Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- América Latina atraviesa una situación crítica. Los altos niveles de deuda pública y privada, el apretado espacio fiscal, la vulnerabilidad de las empresas gubernamentales y privadas, la poca recaudación de impuestos y los altos niveles de evasión fiscal serán un lastre mucho mayor gracias a la pandemia de coronavirus, que agravará la caída de la productividad y el nivel de desempleo y pobreza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Para el organismo internacional es muy probable que el Producto Interno Bruto (PIB) de los países de Latinoamérica sufra una contracción promedio de 5.3 puntos porcentuales en 2020; es decir, el peor efecto de recesión económica que haya sufrido la región desde 1914 (-4.9 por ciento) y 1930 (-5 por ciento). Esta situación tendrá un efecto dominó sobre la fuerza laboral, de modo que este año, la tasa de desempleo podría crecer 3.4 por ciento.
Con la productividad en vilo y el desempleo a todo lo que da, las poblaciones en situaciones de pobreza y pobreza extrema crecerán 4.4 y 2.5 por ciento, respectivamente. Ello implica que al final de 2020, América Latina tendrá casi 30 millones de nuevos pobres.
Dicha cantidad de personas es equiparable, por ejemplo, a 3.3 veces la densidad poblacional de la Ciudad de México, que tiene 9 millones 18 mil 645 habitantes, según las proyecciones para 2020 del Consejo Nacional de Población.
Para poner en perspectiva la proporción de gente que caerá en pobreza, la Unidad de Datos de SinEmbargo también se dio a la tarea de compararla con la densidad poblacional de las zonas metropolitanas más habitadas de Latinoamérica, usando como referencia la clasificación del informe “Las Ciudades del Mundo en 2018” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Si los 30 millones de nuevos pobres fueran reubicados en alguna de las 10 manchas urbanas más grandes de América Latina, éstas tendrían problemas para albergarlos, ya que serían 3.7 veces más personas, que el promedio de las que actualmente habitan en ellas.
El gentío sería tal, que sería 1.4 veces la población de la Zona Metropolitana (ZM) del Valle de México –que incluye a la capital del país y a 60 municipios connurbados del Estado de México e Hidalgo– y a seis veces la población de la ZM de Guadalajara, en Jalisco, que son las dos manchas urbanas más habitadas a nivel nacional.
Las regiones urbanas brasileñas –no ciudades– de São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte serían asimismo insuficientes. 30 millones de pobres son 1.4, 1.7 y cinco veces la población actual de estos lugares. Lo mismo sucedería con las aglomeraciones urbanas –no ciudades– de Gran Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), cuya densidad poblacional sería superada entre 1.7 y nueve veces, dependiendo del caso.
EL GOLPE DEL COVID-19
Previo al COVID-19, América Latina ya mostraba un bajo crecimiento económico. Entre 2014 y 2019, su productividad –como porcentaje del PIB regional– aumentó a una tasa anual de 0.4 por ciento, cuando lo ideal sería un aumento de entre 3.5 y 4 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras de Cepal y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta coyuntura incluye la presión sobre el espacio fiscal –o lo que pueden gastar los gobiernos– de los países de la región latinoamericana, impulsada sobre todo por las grandes deudas públicas equiparables al 44.8 por ciento del PIB promedio de cada país, con el agravante del pago de intereses por deuda cercano al 2.6 por ciento del PIB promedio de dichas naciones.
Los factores mencionados, junto con la creciente incidencia de conflictos sociales, como ha sucedido más recientemente en Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua y Venezuela, por mencionar algunos ejemplos, generan un clima poco propicio para el gasto capital (inversiones productivas e infraestructura) y en salud, que “es bajo en América Latina” de acuerdo con la Cepal, con rangos promedio de 3.2 y 2.6 puntos del PIB, respectivamente, cuando deberían de ser equiparables al doble o triple de esa cantidad, para impulsar el desarrollo de cada país, según parámetros de la OCDE.
La situación de crisis por la que atraviesan los países latinoamericanos empeorará con el impacto de la pandemia de coronavirus, que surtirá efectos a través de factores internos y externos, como lo son la “paralización de la actividad económica doméstica propiciada por una fuerte recesión en la economía mundial”, se lee en el informe de la Cepal, “América Latina y el Caribe: Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”.
El organismo internacional explica que debido a que el COVID-19 “se originó en el centro de las redes internacionales de producción y sus efectos se contagiaron en cascada a través de ellas”, empezando con “la paralización de las fábricas chinas [que] dejó sin insumos a las fábricas del resto del mundo, obligándolas a parar, despedir trabajadores y así magnificar el shock inicial”, habrá reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, además de menor demanda de servicios turísticos y reducción de las remesas.
Con estos ingredientes, dice Cepal, básicamente el mundo cocina una receta para el caos económico, con lo que “se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad”.
En 2020 y a nivel mundial, el PIB se contraerá 2 puntos porcentuales y el volumen de comercio de bienes caerá entre 13 y 32 por ciento, agravando la tendencia de caída comercial de los últimos 30 años en todo el orbe: -6 por ciento anual entre 1990 y 2008, así como -2.7 por ciento anual entre 2012 y 2018.
Dentro de esta dinámica económica, el PIB de Latinoamérica podría caer 5.3 por ciento en 2020, incluido el PIB de México, que podría contraerse hasta 6.5 puntos porcentuales este año.
Como consecuencia, la Cepal calcula que el 37.5 por ciento de los empleos mundiales está en riesgo. En el Continente Americano, la posibilidad de desempleo es mayor, ya que el 43.2 por ciento de los trabajos podría desaparecer, causando una alza en la tasa de desempleo de 8.1 a 11.5 por ciento de la población económicamente activa de la región. Es decir, dejando hasta 11 millones 571 mil 440 personas desempleadas en 2020, para sumar 37 millones 719 mil 817 desempleados totales en Latinoamérica.
Con el aumento en la tasa de desempleo y la contracción en el ingreso per capita o en el consumo de entre cinco y 20 puntos porcentuales, el número de nuevos pobres a nivel mundial podría oscilar entre 135.3 y 581.4 millones de personas.
LA SITUACIÓN DE MÉXICO
Este año, el volumen de las exportaciones mexicanas caerá 2.2 por ciento debido a una contracción de 7.4 puntos porcentuales en el valor de las exportaciones, por la caída de sus precios en 5.2 por ciento. Para Cepal, México y Chile serán los países latinoamericanos más expuestos ante la caída de la oferta en China, ya que la nación asiática suministra el 7 por ciento de sus insumos intermedios.
“La disrupción de las cadenas de suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y el Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región”, se lee además en el informe de la Cepal, “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19”.
El organismo internacional refiere que la contracción de la economía mundial, la reducción del comercio y las políticas de contención sanitaria afectan la actividad productiva con diferente intensidad según sectores y países. En el caso de México, el 66 por ciento de los sectores económicos que alimentan al PIB se verá “indirectamente afectado” por estos factores. Otro 31 por ciento será “directamente afectado” y sólo el 3 por ciento se verá “menos afectado” que el resto de los sectores.
De acuerdo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, la caída general de los bienes y servicios de exportación de México por el clima de recesión internacional, junto con la caída de los precios del petróleo y los estragos del COVID-19 tendrá efectos de retracción en el desarrollo económico que resentirán, principalmente, las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 97 por ciento de la planta empresarial mexicana.
Pese a la crisis social y económica que vive el mundo este año, Bárcena reconoció que México tiene la “gran ventaja” de tener programas sociales de transferencia de recursos a poblaciones vulnerables, como en el caso de las personas de la tercera edad.
“México previo a la pandemia, digamos, [porque] ha estado cubriendo a los adultos mayores con mayor énfasis en las poblaciones indígenas”, explicó el pasado 3 de abril en conferencia de prensa. Sin embargo, la titular de Cepal reconoció que la inversión del sector público tendrá que ser más amplia para evitar el colapso de la economía y aplanar la curva de crisis por el COVID-19.
“La Cepal ha calculado que si hubiera una transferencia por un salario mínimo mensual de México a la población [de 11 millones de personas] entre 18 y 67 años que hoy no reciben ingreso o transferencias, […] este programa costaría aproximadamente dos por ciento del PIB”, o bien, un aproximado de 498 mil millones de pesos por un año. Si este programa sólo se aplicara entre abril y diciembre de 2020, la aplicación del estímulo económico a la población sin ingresos sería de 374 mil millones de pesos.
La recuperación después de la crisis de este año será de 2 puntos porcentuales del PIB en 2021, de acuerdo con estimaciones de la Cepal para América Latina y el Caribe. Pero que ello suceda, dijo Bárcena, dependerá de los niveles de desempleo, el grado de caída del consumo interno de los países, los estragos en las cadenas productivas de valor y las políticas públicas para atender a las poblaciones más endebles.
Entre las ventajas de México ante la crisis, Bárcena consideró su cercanía con Estados Unidos, una “sofisticada” banca de desarrollo que puede apoyar al sector público, el acceso a financiamiento internacional a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, además de una “adaptabilidad industrial muy interesante”, que hace que las empresas mexicanas se estén “reconvirtiendo” para producir bienes necesarios (como mascarillas y gel-alcohol). Una situación que “nos habla de países con capacidad instalada para adaptarse”, pero a los que aún les hacen falta políticas de integración regional, para crear un mercado interno en América Latina y el Caribe.
Sobre este último punto, la secretaria reconoció que el sector público será “lo que nos va a sacar adelante”, ya que será necesario que el Estado apuntale el ingreso de las personas y facilite la producción a través de acciones gubernamentales de la mano con el sector privado, pero con miras a trabajar con otros países, en lugar de seguir la tendencia de regionalización (o proteccionismo) de la economía que se observa a nivel mundial.
“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. […] El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades acumuladas”, indica uno de los últimos informes de la Cepal.
Pese a las fortalezas de México, Bárcena reconoció los importantes retos que enfrenta en materia de personal e infraestructura médicos, que comparte con la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, que cuentan con menos camas censables y médicos por cada mil habitantes, que lo recomendado a nivel internacional.
“Las desigualdades de la región en términos de acceso a la salud profundizan los costos económicos y sociales de la crisis”, dijo al respecto la bióloga y ex diplomática mexicana.
