Aunque en las últimas semanas el Presidente López Obrador ha hecho énfasis en el tema de la minería y en los abusos que provoca tanto en los derechos laborales como en el medio ambiente, la legislación a esta actividad va lenta y aún beneficia a las grandes empresas.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- En los últimos dos años, la anhelada Ley Minera que por fin ponga a las comunidades y al medio ambiente por encima de las empresas, ha quedado en promesa y la legislación que opera es la que se aprobó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari mientras fue Presidente de la República (1988-1994), la cual fue elaborada en el marco de la puesta en marcha del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Desde entonces, y aunque ha sido modificada en diversas ocasiones, el fondo es el mismo: tiene un claro beneficio para las empresas extractivas, acorde a la entrada de la política neoliberal en México.
Las razones para insistir en una nueva Ley van desde la importancia económica que tiene esta actividad, en la que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y en la cual está entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales. Pero detrás de esto, esta industria ha generado que México encabece la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales, 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades e incluso asesinatos. El informe anual de la organización Global Witness reportó 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales en México en 2019 y la minería fue señalada como la actividad más letal.
De acuerdo con Beatriz Olivera, Directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera), la actual Ley Minera es la que le ha permitido operar a las grandes empresas por sobre los derechos de las comunidades; la definió como “el instrumento que ha legalizado el despojo que han cometido estas empresas”.
En entrevista con SinEmbargo, comentó que actualmente hay una serie de propuestas para reformar: una de ellas prevé la modificación del artículo sexto de la Ley Minera, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio —excepto la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica—.
“Esta legislación empezó justo en la plena entrada del Neoliberalismo en la década de los 90 con la firma del TLCAN. En general toda la Ley Minera está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las empresas mineras, al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas”, aseguró Olivera.
Esto quiere decir que si una empresa minera manifiesta interés en un territorio, por ley tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
De acuerdo con Jen Moore, investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, legislar la actividad minera no es un objetivo sencillo, ya que la industria tiene un gran poder económico y protección política.
“Las empresas tienen mucho poder y mucho peso sobre los gobiernos y generalmente tienen una legislación hecha a modo para facilitar la destrucción y el despojo que vemos en donde se realiza esta actividad […] Si se quiere legislar realmente, tanto por los grandes daños al medio ambiente, al tejido social, al desplazamiento, al despojo y por la violencia, se topa con las mismas cuestiones que se repiten en países como Canadá, que es la captura de gobiernos por las empresas, y un modelo también neoliberal que no da margen para un cambio a fondo”, comentó la investigadora.
Añadió que ese proceso de reforma a la ley no genera mucha esperanza, ya que ha enviado “señales débiles” en cuanto a lo que se pretende, ya que aunque se dice que no habrá más concesiones mineras, “al final no toca el fondo del problema y el alcance de lo que ya está instalado con 20 o 24 mil concesiones en todo el país y grandes conflictos y amenazas a pueblos enteros”.
LA LUCHA CONTRA UN MODELO INTERNACIONAL
El pasado 17 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Canciller Marcelo Ebrard Casaubon hacer contacto con el Gobierno de Canadá y exponerle el caso de dos de sus mineras: una que se niega a pagar impuestos y otra que no quiere respetar la Ley laboral.
En su conferencia de prensa, López Obrador advirtió que les cancelará la concesión si pretenden mantenerse en esa posición y les pidió respetar a México como lo hacen con su país; dijo que hay “algunos problemas con las mineras canadienses“, por lo que solicitó una explicación al Gobierno de Canadá.
“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, expresó el Presidente.
Una batalla legal contra estas empresas no será tarea fácil y por lo tanto, tampoco lo será una reforma de fondo. De acuerdo con la investigadora Moore, especialista en las luchas de las comunidades afectadas por la minería y organizaciones aliadas en América Latina, Canadá y otras partes del mundo, el sector minero está blindado por una estructura legal e internacional incluidas en el Tratado Transpacífico, en el TLCAN (ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC) y en otros de protección de inversiones bilaterales.
“Todos esos convenios brindan un recurso poderoso a las empresas para que cuando empiecen a tocar esas fibras sensibles de sus ganancias e inversiones, ellos pueden recurrir a demandar al país y de hecho lo están haciendo, como este caso de First Majestic que no quiere pagar sus impuestos y ahora recurre a un proceso de arbitraje internacional que podría costar millones de dólares […] Esas estructuras permiten que las empresas abusen de este recurso y que usan también como amenaza para influir sobre los gobiernos en un momento de toma de decisiones y eso es parte del modelo de destrucción y el despojo legalizado”, añadió.
Pero contrario a lo que se piensa de que el comportamiento de las empresas canadienses aplica para los países subdesarrollados, el modelo de protección que instauraron en éstos proviene de Canadá, donde operan de la misma manera. Incluso Moore señaló que son “mitos” promocionados por esa industria y por el mismo Gobierno para “facilitar los intereses”.
Agregó que le resultó sorprendente que el Presidente López Obrador hiciera el llamado a la Embajada de Canadá, cuando son éstas las que operan en los países para cuidar los intereses de las empresas.
“Las leyes en Canadá en el tema de la minería están basadas en un pasado y presente colonial que despoja a los pueblos, en donde los gobiernos están capturados por la industria minera, hay pocas inspecciones de las minas, bajas sanciones y mucha impunidad […] Lo que vemos en Canadá es un escenario altamente favorable para la expansión de la industria que no favorece a los pueblos ni al medio ambiente sino que sigue destruyéndolo y esto que se va exportando y promocionando en todo el mundo pero bajo los mitos, de que lo hacen de una manera mejor en el país”, señaló.
LOS PROYECTOS DE REFORMA EN MÉXICO
Beatriz Olivera mencionó que otro de los artículos que se pueden reformar es el 19, que es con el que se establece que se le pongan límites a la minería y que no se realice en áreas naturales protegidas. El 3 de marzo se aprobó la iniciativa en la Cámara de Diputados y se turnó la semana siguiente a la Comisión de Medio Ambiente en el Senado.
“Todavía no se discute, pero ya está turnado. Esta iniciativa no es la única, pero la ventaja que tiene es que ya fue aprobada en el Pleno del Senado. Hay además otras cuatro iniciativas que fueron presentadas en 2018 y 2019 y que buscan lo mismo, sacar a las mineras de las áreas protegidas. Esas iniciativas están en la congeladora”, añadió Olivera.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador integrante de la Comisión de Medio Ambiente en esa cámara, explicó que aunque los proyectos están en congeladora, trae consigo coincidencia en los grupos parlamentarios.
“Viene bastante sustentado y respaldado, porque trae una votación ampliamente mayoritaria este decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde entre otras cosas lo que se dice es que en las áreas naturales protegidas no se debe autorizar la actividad de exploración, extracción de hidrocarburos ni actividades destinadas a exploración, explotación o beneficio de minerales”, comentó.
Agregó que esa iniciativa va de la mano con otras que han presentado el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que coinciden en restringir el evitar que la actividad de las mineras pueda afectar las áreas naturales protegidas.
“Esta idea se va a consolidar y va a tocar esta Ley que hoy viene ya de la Cámara de Diputados y otras leyes que se están manejando en las diferentes iniciativas como la de Desarrollo Forestal Sustentable y la propia Ley Minera […] La iniciativa debe avanzar y se debe aprobar, hasta ahora así pinta. Esperaría que no hubiera freno, y si eso fuera, que se imponga la votación mayoritariamente si viene con este impulso”, comentó el exjefe de Gobierno capitalino y agregó que habrá que esperara que se le de trámite rápido, porque ya que esté en la Comisión, ésta puede pasar a la discusión y posterior aprobación.
Sin embargo, Jen Moore comentó sobre esto que según la experiencia, es la resistencia de los pueblos la que logra poner frenos a la industria.
“En México hay muchos ejemplos de pueblos que se están defendiendo y aprendiendo de lo que ha sucedido […] se están organizando en momentos más tempranos, apenas cuando las concesiones son otorgadas para blindar sus territorios. Antes de que lleguen las grandes inversiones, es cuando tienen mayor tiempo para educarse y tomar decisiones sobre lo que quieren o no quieren que suceda en sus territorios. Por ahí es donde yo pongo más esperanza, en esos procesos de intercambio y conocimiento previo que pueden tener a través de lo que ya ha sucedido lamentablemente en demasiados pueblos”, explicó.
