La actual administración no cumple con obligaciones establecidas en tratados respecto a destinar el gasto público para el cumplimiento eficaz de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo que viola la ley, aseguraron organizaciones y académicos. Cuestionaron si la publicidad oficial abona a los derechos humanos de manera fundamental y analizar las implicaciones de contraer deuda.
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Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Académicos y miembros de organizaciones aseguraron que la administración actual no cumple con obligaciones establecidas en tratados respecto a destinar el gasto público para el cumplimiento eficaz de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por lo que viola la ley.
Diego de la Mora, politólogo de la organización Fundar, acusó que “en esta administración mexicana hemos visto que están incumpliendo las obligaciones respecto a no recuperar los niveles de gasto después de recortes al gasto social frente a crisis”.
De la Mora expuso que “es un grave problema y vemos con preocupación que hay más recaudación de ingresos en 2015-2016 de lo aprobado por el Congreso y sin embargo hay recortes en desarrollo social para derechos humanos sin que haya explicaciones suficientes por parte del gobierno”.
El abogado del Instituto de Investigaciones de la UNAM Jurídicas Rodrigo Gutiérrez dijo que “esta regresión es ilegal” por lo que se puede llevar a litigio.
La internacionalista por el Colegio de México, Helena Hofbauer, aseguró que el presupuesto público es “la herramienta esencial” para que el gobierno haga valer estos derechos.
Mediante un análisis de casos en México, Guatemala, Argentina, India, Sudáfrica, Tanzania, Irlanda y otros países, un grupo de abogados y organizaciones civiles internacionales determinaron que el gobierno debe cumplir con tres obligaciones para garantizar estos derechos humanos mediante un gasto eficiente del presupuesto público:
1. Usar al máximo los recursos disponibles y priorizar determinadas áreas.
Para ello, se necesita cuestionarse si la publicidad oficial abona a los derechos humanos de manera fundamental y analizar las implicaciones de contraer deuda, dijo la ex directora de Fundar.
El miembro de la CEPAL, Pablo Yanes, aclaró que gastar al máximo es con miras al potencial económico y al grado de los estándares de desarrollo que se buscan.
“En México hay una brecha entre el PIB y el desarrollo económico por la política fiscal (evasión de impuestos y calidad de distribución de recaudación) y el uso del gasto público”, afirmó Yanes.
El economista de la CEPAL destacó que en América Latina hay “una debilidad estructural en el gasto social y frente a crisis con mucha frecuencia se ajusta ese gasto”.
2. La no-discriminación del gasto público: una recaudación eficaz de ingresos sin excluir a determinados grupos de la población.
3. Implicaciones presupuestarias: que se destinen más recursos a determinado rubro no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos porque influyen factores como el contexto y necesidades particulares de los beneficiarios.
“Si los fondos disminuyen para algún rubro, el gobierno debe demostrar la necesidad de reducirlos o emitir medidas compensatorias para evitar impactos a beneficiarios así como lanzar medidas de protección en tiempos de crisis”, dijo Hofbauer.
El abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas Rodrigo Gutiérrez enfatizó que los ciudadanos pueden movilizar a los jueces en “la corrección” del presupuesto y gasto público para hacer valer los derechos humanos individuales y colectivos.
“La acción no sólo está en el campo de la política, administración pública y economía, también en el derecho”, aseguró el académico.
El economista de la Oxfam, Carlos Brown, subrayó que para la igualdad de oportunidades, que empieza con el goce de los derechos humanos, se necesita un mínimo de base económica.
“La desigualdad económica restringe el acceso a las instituciones y genera desigualdad política”, afirmó Brown.
Finalmente los especialistas llamaron a erradicar la corrupción para que el Estado y el presupuesto público dejen de estar “secuestrados” por determinados intereses.
