Esta semana Artículo 19 publicó un nuevo análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en la región. Los hallazgos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba apuntan a la persistente degradación del espacio de libertades en dichos países.

El año 2023 se ha catalogado como el de mayor represión y criminalización del periodismo en Guatemala, debido al aumento de la criminalización a la prensa en razón de su labor, pues al menos 26 personas periodistas y  comunicadoras se mantuvieron o salieron al exilio durante el año. Ello tuvo como convulso contexto el intento de golpe de Estado por parte del llamado “Pacto de Corruptos” que operó a través de la Fiscalía General de la República para descarrilar el triunfo del hoy presidente Bernardo Árevalo.

La Agencia de Noticias Km169 dio a conocer que registró 270 agresiones y ataques al ejercicio periodístico durante el 2023. Asimismo, en octubre se dio a conocer el perfilamiento del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa del medio VoxPopuli; a José Rubén Zamora, fundador y presidente editorial del medio el Periódico (hoy más de días 500 preso); y Óscar Clemente Marroquín,  exdirector del medio  La Hora.

También fueron asesinados los asesinatos del líder xinka y activista de derechos humanos, Noé Gómez Barrera, y de la dirigente sindical guatemalteca Doris Lisseth Aldana Calderón, del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (Sitarbi). Además se denunció el asesinato de dos periodistas: César Augusto Leiva, de la radio La Red, y Gamer Renán Villeda, de Impacto Izabal.

Mientras tanto en El Salvador,  Amnistía Internacional denunció en “Detrás del velo de la popularidad” que el gobierno de Bukele se ha caracterizado por el discurso de estigmatización contra la labor de defensa de los derechos humanos; el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica; el ocultamiento y la manipulación de la información pública; y el uso de tipologías penales vagas que podrían aplicarse de manera discrecional para perseguir voces críticas.

También se observa la incitación gubernmental para violar o impedir el ejercicio de los derechos humanos; y la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Todo lo anterior tiene como telón de fondo un régimen de excepción que ya cumple dos años y una reelección inconstitucional de Bukele, que el pasado 4 de febrero culminó con su autoproclamada victoria y la imposición de una verdadera dictadura.

En Honduras, Irene Khan, la Relatora para la Libertad de Expresión, realizó una visita e indicó que casi todos los medios de comunicación con los que habló señalaron que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección de aquel país son inadecuadas y se han sentido obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias.  Encontró que es cada vez más común la descalificación y la estigmatización a organizaciones y organismos independientes por parte del gobierno.

De igual manera destacó que el Estado ha fallado en su compromiso por perseguir la corrupción, siendo así que la ONU señala la necesidad de implementar reformas para atender el tema. En este contexto de corrupción y falta de protección a la prensa se dio el asesinato del periodista Francisco Ramírez Amador de 39 años.

En Nicaragua se ha observado que la violencia contra periodistas se extiende a sus núcleos familiares. El  15 de diciembre se le negó el ingreso a Nicaragua a la hermana del periodista exiliado Carlos Salinas Maldonado, tal como ha sucedido con familiares de activistas y opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al mismo tiempo la persecución hacia ministros de culto católicos se recrudece.

También se reportó que 2023 fue el año de mayor violencia contra la prensa en aquel país.

Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN) registró 83 casos de agresiones a la libertad de expresión. Uno de los patrones que persistió en 2023, fue la “criminalización del ejercicio periodístico por medio del Poder Judicial con acusaciones contra reporteros”. La organización estima que al menos 242 periodistas han sido forzados al exilio desde 2018, y solo en 2023, 22 periodistas abandonaron Nicaragua. En este contexto, la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia destacó la estigmatización permanente a los medios independientes por parte los voceros oficiales. A la par los medios que sobreviven en territorio nicaragüense son obligados a mutar su programación, siendo que ya se registran 6 casos en los que se impone una programación exclusivamente cristiana de corte evangélico.

En Cuba la espiral represiva después de las protestas del 11 de julio de 2021 no cesa. El segundo semestre del año 2023 registró un total 36 periodistas y 69 activistas agredidos, y un total de 178 agresiones contra ambos grupos vulnerados. Entre las agresiones más recurrentes se identificaron la supresión del servicio de internet, la detención arbitraria, el arresto domiciliario y la vigilancia policial, destacando como autoridades presuntamente responsables la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etec-sa), la Dirección General de Seguridad y la Policía Nacional Revolucionaria.  El régimen presentó una lista de 61 terroristas entre los que incluye organizaciones y personas críticas.

Dadas las condiciones anteriores, hay una enorme expectativa en el gobierno progresista de Bernardo Arévalo en Guatemala, aunque no la  tiene fácil ante los embates de las élites corruptas. Pese al contexto en extremo adverso, la sociedad civil y periodistas independientes siguen encontrando vetas importantes de articulación e incidencia a nivel regional y en cada uno de los países. Hoy más que nunca los contrapesos al autoritarismo se ubican en las organizaciones sociales y el periodismo libre y no en las dinamitadas instituciones formales.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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