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El pleno de la Cámara de Diputados estaba a punto de iniciar cuando se supo el veredicto de culpable para Genaro García Luna en la corte de Nueva York. Culpable de los cinco cargos, es decir, de haber montado una red criminal desde su puesto como Secretario de Seguridad Pública del gabinete de Felipe Calderón. De pronto, los diputados de Acción Nacional desaparecieron de la Cámara de Diputados. Salieron en tropel del salón de sesiones y no volvieron. Los siguieron los del PRI y del Partido Movimiento Ciudadano. El diputado Manuel Vázquez Arellano, mejor conocido como “Omar García”, sobreviviente de Ayotzinapa, subió a la tribuna y pidió un minuto de silencio “por el fallecimiento del PAN”. Como bancada, Acción Nacional decidió evadir los cuestionamientos a sus dos gobiernos, el de Vicente Fox y el de Calderón, en cuyos años se encumbró al otrora espía político del CISEN, en los gobiernos de Salinas de Gortari y Zedillo. Como se ha dicho, Genaro García Luna es el PRIAN. La imagen de las curules vacías en la Cámara fue la primera señal del desconcierto de la oposición ante el fallo de los jurados de Nueva York. Me dejó pensando en que muchos de ellos quizás creían que no iba a pasar nada, que García Luna iba a salir libre y hasta con una disculpa. Así lo había dicho María Amparo Casar, líder de la organización política Mexicanos contra la Corrupción y ex asesora de Santiago Creel en la secretaría de Gobernación de Vicente Fox. Lo dijo en el programa que detenta en la televisión pública, Canal Once: “Hay una ausencia total de pruebas en lo de García Luna, incluso no está ni la grabación de la DEA, que uno no puede entender. Sólo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración porque, en efecto, falseó, pero eso lleva una pena menor y tiene la ventaja de que ya compurgó tres años. Así que podría salir camimando de la corte”. Es decir, la vocera de Claudio X. González estaba optimista. En el mismo desamparo, el diario Reforma había publicado dos días antes del veredicto un largo desvarío del propio Felipe Calderón dando instrucciones de cómo refundar la oposición. Era un texto de alguien que no era el Felipe Calderón que había sido acusado por darle la instrucción al Gobernador de Nayarit de no tocar al Chapo Guzmán. 

Tardó unas siete horas en responder el implicado expresidente. A través de una carta sostuvo, otra vez, que él era otro distinto al que se condenaba en la corte, que era un hijo incomprendido. Sigue sosteniendo que lo suyo y lo de García Luna era una lucha contra la delincuencia, cuando el núcleo, la sustancia del veredicto es que no: que llevó a cabo una matanza de civiles, montada para beneficiar a uno de los cárteles de la droga, el del Chapo. De entrada, Calderón se escudó en los “miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias de la delincuencia”. Lo que el veredicto señala no es que esos miles de servidores no hayan hecho lo que les ordenó el Presidente, sino que lo que decidió: usar al Estado para fortalcer y hacer crecer a un cartel, a cambio de cuantiosos sobornos. De eso hablan los jurados, no de los policías y soldados. 

Luego, Calderón sigue: “Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está ya siendo usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi Gobierno de actuar en contra de la delincuencia”. Aquí el expresidente se disfraza de agraviado por lo que él mismo cometió. No se le “ataca”, sino que se le pide una explicación de cómo fue que pactó con el narco el nombramiento de García Luna, a cambio de qué, y qué les dice a los millones de afectados que creyeron que él era “el Presidente del Empleo”, como decía su lema de campaña electoral. Sigue Calderón: “Como Presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia”. Aquí vuelve a confundirse: no luchó contra la “delincuencia” sino contra “los enemigos del Chapo Guzmán”. Dice: “con la ley en la mano, sin darle tregua, ni hacer distinción entre grupos” (esto último lo pone en “negritas” para hacer énfasis tipográfico). Aquí habría que recordarle a Calderón su fracaso que ahora sabemos era simulación: de los 121 mil detenidos de su sexenio, sólo fueron consignados mil 306, es decir, un poco más del 10 por ciento. Es decir, de cada diez personajes que veíamos en la tele, esposados, y con kilos de cocaína como escenografía, uno fue realmente a la cárcel. De éstos, la mitad fueron del cartel de los Zetas, 609; otros 223 de los Beltrán Leyva; 145 de la Familia Michoacana; 135 de Tijuana, y tan sólo 114 del cártel de Sinaloa, es decir, el 0.09 de todos los detenidos. No sé si con estos números Felipe Calderón puede seguir diciendo que su estrategia era contra la delincuencia y sin distinguir grupos. Pero no importa la evidencia que dan los datos de su propio sexenio, Calderón sigue: “Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo por supuesto al llamado Cartel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron, también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi Gobierno”. Esta es otra falsedad de Calderón. Sergio Villarreal, “El Grande” fue detenido el 8 de noviembre de 2015, es decir, durante la administración de Enrique Peña Nieto; igual, Héctor Villarreal, el ex secretario de Finanzas de Coahuila, que fue detenido en octubre de 2011; de igual forma, Tirso Martínez “El futbolista”, en febrero de 2014. Sólo “El Rey” Zambada fue detenido en su sexenio. 

Asegura, en su defensa, Felipe Calderón: “La política de seguridad dio resultados. Los principales indicadores de criminalidad iban a la baja al terminar mi sexenio”. Aquí hay que ver contra qué está comparando sus logros Felipe. Cuando él entró usurpando la Presidencia, la tendencia de homicidios iba a la baja en un 20 por ciento desde el año 2000. Pero llegó la decisión de Calderón y los asesinatos pasaron de mil 921 en 2005 a 27 mil 199 en 2011, según datos del INEGI. A menos que el INEGI esté polarizando y lleno de hostigamiento contra su inocencia proverbial, Calderón miente otra vez. En el sexenio de Fox hubo 70 mil asesinatos. En el de Calderón 132 mil. Un aumento del 86 por ciento. Al inicio de su Gobierno esos homicidios se daban en 53 municipios del país. Al final de su sexenio eran en 200 municipios. Es decir, no sólo hubo más asesinatos sino que se extendieron por el territorio. Entre 2007 y 2010, el robo a bancos creció 90 por ciento; la extorsión, 100%; el robo de vehículos con violencia, 108%, y los secuestros, 188%. ¿De dónde habrá sacado Felipe Calderón la audacia para asegurar que la “criminalidad iba a la baja”? Fue un fracaso porque fue un simulacro, un engaño, un reorganización del crimen en torno al Presidente de la República. 

Al final de su carta de defensa, Calderón asegura: “La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona”. Así, sin más, se sacude la obligación de su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas y de su enorme deuda con la sociedad a la que masacró, desplazó, desapareció. Se quita de su responsabilidad, primero, de haber ascendido a García Luna a un cargo de Secretario, luego, de haber decretado una guerra interna a tan sólo cinco meses de haber perdido la elección presidencial. Ahora ya no es “de una sola persona” pero, en su momento, en diciembre de 2006, nadie salvo él la decidió, anunció y televisó. No hubo diagnósticos ni consultas para hacerlo. Él se vistió de soldado, con las mangas coludas, envalentonado, bravucón y altanero. Él se quiso colgar la medalla de la lucha contra la delincuencia en ese 2006 pero, a la vista del desastre y la verdad sobre García Luna, ahora trata de disolver la responsabilidad entre todos los policías, soldados y marinos.

El mensaje más insultante y desvergonzado vino del poder judicial. Tan sólo 30 minutos después del veredicto, la sala décimo séptima administrativa, le otorgó a la esposa de García Luna, Cristina Pereyra, un amparo que la sacaba de la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera y, de facto, le descongelaba sus cuentas. Los jueces Amanda Roberta García, Eduardo Baltazar Robles y Rolando González Licona, se le otorgaron para que pudiera disponer del dinero mal habido, del robo al erario público, y del lavado de dinero para fugarse. Los jueces se basaron en una resolución de la Suprema Corte a una ponencia del entonces magistrado Eduardo Medina Mora, hoy prófugo. Era 21 de febrero de 2018, es decir, dos meses después de la toma de protesta como Presidente de Andrés Manuel López Obrador. La ponencia de Medina Mora se hizo con base en otras jurisprudencias del poder judicial desde 2016. Avalada por los demás ministros en 2028, entre ellos Norma Piña, declararon inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que imposibilitó a la UIF de la Secretaría de Hacienda congelar cuentas bancarias por un argumento burocrático: qué autoridad es administrativa y cuál penal. Así lo dijo el  ministro Alberto Pérez Dayán: “Si el bloqueo de cuentas practicado por autoridades administrativas, específicamente la UIF, no es un tema de comprobación fiscal, sino relacionado directamente con la comisión de un delito, es un asunto cuya esencia es penal, su naturaleza es penal, y por tanto el que se ejecute a través de un una autoridad administrativa es inconstitucional.” El ministro Javier Laynez Potisek explicó que permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial es contrario al principio de seguridad jurídica, pero únicamente cuando dicha orden proviene de una autoridad nacional, pues si se hace en acatamiento a una petición oficial de un Gobierno extranjero, basado en un convenio internacional firmado por nuestro país, el congelamiento sí es procedente. Es decir, lo que hizo el poder judicial fue quitarle soberanía a las autoridades mexicanas sobre el lavado de dinero. Así se justificó la liberación de las cuentas de uno de los cómplices de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y, ahora, las de la esposa de García Luna, Cristina Pereyra, que es socia en varias de las empresas fachadas desde las que lavaron dinero. Cristina Pereyra fue también la que declaró que la enorme fortuna de su familia se debía a créditos bancarios. Unos créditos que alcanzan para que el Gobierno mexicano esté buscando que Florida le regrese más de 14 mil millones de pesos invertidos en casas, yates, automóviles de colección y las famosas Harley Davidson. El mensaje del poder judicial es desafiante: la corte de Brooklyn puede declarar narcotraficante al director de la AFI de Fox, secretario de seguridad de Calderón, pero aquí a su esposa se le liberan los recursos para huir.

Por último, quisiera referirme a las ocho columnas del diario Reforma al día siguiente del veredicto de culpabilidad. Como dije, dos días antes habían publicado un extenso dislate de Felipe Calderón dando indicaciones de cómo había que organizar al McPRIAN y a los organismos fachada de Claudio X. González. El mismo Calderón se sentía, igual que Fox, con autoridad moral para convocar a la marcha ahora contra la reforma a la ley electoral. La arrogancia antes de la caída al abismo. Reforma quiso ocultar a toda costa que el veredicto era contra el secretario de seguridad de Calderón, que era, además, el funcionario mexicano de más alto nivel enjuiciado en Estados Unidos en toda su historia. Y tituló sus ocho columnas: “Cae alfil del Chapo”. Las ocho columnas son una falsedad, dado que justo el veredicto señala con toda claridad que García Luna lidereó una organización criminal cobijado por el poder presidencial. No hay alfiles ahí. Hay puros reyezuelos exhibidos en el organigrama que fue la conclusión final de la fiscalía. 

El IFE de Luis Carlos Ugalde validó y legalizó, junto con el Tribunal Electoral, el fraude electoral a favor de Felipe Calderón del cual hay tantas evidencias que ahora el locutor Ciro Gómez Leyva niega sin pudor: el estudio de los matemáticos de la UNAM que prueba que las tendencias del PREP fueron anómalas y se debieron a un programa de computadora que le restaba a López Obrador lo que le sumaba a Calderón; el reportaje de Julio Scherer García sobre la contratación del hermano de Margarita Zavala para el diseño de ese programa; y las propias confesiones de Roberto Madrazo, Vicente Fox y el “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón. El IFE permitió que llegara a la Presidencia una tapadera del narco. Ese es el órgano electoral que ahora se defiende desde los organismos fachada del panismo que se avergüenza de declararse panista. Quienes convocan a esta marcha, Vicente Fox y Felipe Calderón, no sólo fueron fraudulentos en lo electoral, sino que lo fueron también en sus respectivos dichos de campaña: Fox no sólo no cambió la corrupción priista sino que la magnificó al estilo monárquico y Calderón no fue “el presidente del empleo” sino el de la guerra a favor del Cartel de Sinaloa. Ahora, simplemente, defienden a esa burocracia electoral que tiene a 400 servidores públicos ganando más que el Presidente de la República, y a un García Luna que es “alfil” del Chapo Guzmán. También dicen que en el juicio se pringó a México, como país, cuando lo único que se reveló, y no en toda su dimensión la corrupción de un eje panismo-narcos-medios de comunicación. Como si el veredicto hubiera sido un disparo, Acción Nacional se evaporó en la Cámara de Diputados, Calderón se deslindó de sí mismo, y el poder judicial apoyó descongelando cuentas de lavado de dinero. Está claro qué debe de seguir en el paisaje después del disparo.    

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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