Como uno de los municipios con mayor extensión territorial del país, pues va desde la costa del mar de Cortés hasta la frontera con Arizona en Estados Unidos, Caborca es considerado como un lugar estratégico para la operación de grupos criminales.
Por Daniel Sánchez
Hermosillo (México), 23 feb (EFE).- La violencia en el estado mexicano de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques por la plaza entre los hijos de “El Chapo” Guzmán y un cártel local han convertido este municipio en un campo de batalla en días recientes y tiene a la población aterrorizada.
El origen de esta inesperada guerra es el control de la plaza, hoy en manos de Rodrigo Páez -sobrino del capo Rafael Caro Quintero-, y evidenció la falta de estrategia, diagnóstico e inteligencia para atender el grave problema de la seguridad pública en Sonora, situado en el noroeste de México y fronterizo con Estados Unidos.
Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del miércoles 16 de febrero, dos convoyes de Los Chapitos -tres de los hijos del capo hoy preso en Estados Unidos que dominan uno de los brazos del poderoso cártel de Sinaloa- irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.
Durante horas sitiaron Caborca y asesinaron a dos hombres y secuestraron a cinco jóvenes, que finalmente fueron liberados.
Los cinco jóvenes secuestrados están bien pero no quisieron prestar declaración ante las autoridades, tal y como explicó este miércoles el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los vehículos, con sicarios abordo, recorrieron las calles por más de seis horas sin que ninguna autoridad defendiera a los pobladores, a pesar que hay cuarteles del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la región.
“Parece que lo de Caborca fue una exhibición de poder de los grupos criminales que nos habla de dos posibilidades. Una rendición ‘de facto’ de la autoridad estatal y municipal o un contubernio, un permiso, que de manera ilegal pudieran haber dado las autoridades”, dijo este miércoles a Efe el profesor del Tec de Monterrey y experto en seguridad Juan Carlos Montero.
Mientras tanto, en Caborca y en el vecino municipio de Pitiquito, los habitantes padecen un toque de queda impuesto por la Alcaldía, que pidió a la población que se abstenga de realizar actividades comerciales, lúdicas o deportivas después de las 10 de la noche.
Pero la gente se encierra en sus casas desde que el atardecer, mucho antes de que arranque oficialmente el toque de queda.
FALTA DE INTELIGENCIA Y ATENCIÓN
Como uno de los municipios con mayor extensión territorial del país, pues va desde la costa del mar de Cortés hasta la frontera con Arizona en Estados Unidos, Caborca es considerado como un lugar estratégico para la operación de grupos criminales.
Su condición desértica, su orografía escarpada y su gran extensión dificultan la vigilancia de las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera.
“Me parece que la política del Gobierno de México y en este caso del Gobernador Alfonso Durazo (ex ministro de Seguridad del Ejecutivo de López Obrador) ha sido la de evitar el enfrentamiento para evitar las masacres. Eso lleva a un vacío de autoridad”, explicó Montero.
¿RESPUESTA A UNA OPERATIVO?
En conferencia de prensa, Durazo reveló este martes que, días previos a la violencia en Caborca, la Secretaría de Marina de México decomisó tres toneladas de cocaína y arrestó a seis sospechosos que, aparentemente, buscaban traficar la droga hacia los Estados Unidos a través del desierto.
“Especulamos que una de las rutas posibles de ese cargamento de droga eran las playas de Caborca rumbo a la frontera con Estados Unidos. Este dato ha estado fuera de la escena de la información y es una pieza fundamental para entender muchos acontecimientos”, declaró el mandatario estatal ante medios.
Como respuesta a mediano plazo para atender la seguridad en la región, se construirá un cuartel para albergar a 500 soldados del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional con capacidad para 100 efectivos, agregó.
CRECE VIOLENCIA DEL NARCO
México registró 33 mil 308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.
En 2021, Sonora registró 2.354 homicidios dolosos, siendo uno de los estados más afectados por los asesinatos pese a tener una población de apenas unos 3 millones de habitantes, en un país de más de 126 millones.
Las cifras de asesinato han ido ligeramente en descenso, por ejemplo con la caída del 14.4 por ciento interanual en enero el número de homicidios dolosos.
No obstante, las autoridades han recibido señalamientos por su posible tolerancia con el crimen organizado. Aunque desde el Gobierno federal el mensaje es que no hay “impunidad”.
Javier Oliva, profesor e investigador en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó a Efe que en los últimos meses se agudizó la violencia criminal en Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Colima y Sonora, que son estados gobernados por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“El problema es llegar sin un programa o diagnóstico adecuado de la situación. (…) Me parece lo que estamos viviendo es producto de improvisación, falta de compromiso y de equipos consolidados que dominen el tema.Porque gente preparada para este y otros problemas de la agenda nacional la tenemos, pero no los invitan a trabajar”, aseguró el especialista de la UNAM.
