Más de 60 organizaciones agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, enviaron al titular de la Secretaría de Salud federal, el ex rector de la UNAM José Narro Robles, el “Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud”. En el informe se establecen una serie de deficiencias que se encontraron a nivel nacional en los servicios médicos y se demandan acciones urgentes para la población más vulnerable.
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– Organizaciones civiles agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, más de 60, urgieron al recién nombrado Secretario de Salud federal, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro Robles, atender los problemas de acceso a la salud y de calidad que padecen los usuarios de los servicios públicos.
Los grupos civiles le extendieron un amplio reporte, una radiografía nada alagadora.
Justo hoy, la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) denunció que un 52 por ciento de las farmacias del país no cuentan con el medicamento oseltamivir para la influenza. En conferencia de prensa, el presidente de la Anarfamex, Antonio Pascual Feria, dijo que la falta de esa medicina ocurre principalmente en las farmacias comunitarias, las cuales representan 65 por ciento de los más de 30 mil puntos de venta afiliados a la Asociación.
Explicó que el laboratorio fabricante abastece sólo a las principales cadenas farmacéuticas, por lo que los puntos de venta de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) han sido discriminados en el surtido de oseltamivir, en momentos en que la demanda del tratamiento para la influenza aumentó 30 por ciento en las últimas dos semanas.
No sólo es medicina para la influenza. Las organizaciones civiles exhibieron en su “Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud” la falta de recursos, así como la opacidad y la falta de información en las instituciones del sector. Dijeron que estas deficiencias contradicen la normatividad y representan un obstáculo para enfrentar los problemas de calidad en cada entidad, jurisdicción y establecimiento de salud.
“El sistema de salud mexicano está enfermo, padece serios males que afectan su funcionalidad. Y lo más grave es que su sistema de defensas está muy debilitado”, plantea el reporte entregado el día de ayer en las oficinas de la Secretaría de Salud (SSa).
El informe es el resultado de la Campaña “Cero Listas de Espera” que busca un acceso efectivo a los programas de salud, y el cual se logró gracias al apoyo de 700 voluntarios, entre julio y octubre de 2015, quienes observaron en 16 entidades los establecimientos de salud, y a partir de ahí analizaron los indicadores de calidad de la Secretaría de Salud (INDICAS).
En el documento se explica cómo de 2011 a 2014, una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no reportaron información al sistema de indicadores de calidad de la propia Secretaría y casi la mitad (46.2 por ciento) no entregaron el último reporte de 2014.
El reporte menciona que las cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sir, Chiapas, La Ciudad de México, Michoacán, y Coahuila.
Menciona que aunque se ha más que duplicado el presupuesto de salud en los últimos 12 años, esos recursos no se han reflejado en mejores servicios.
“No se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, denuncia.
Entre los resultados expuestos en el informe, se da cuenta que una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le receta; que 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio; y que el 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.
También se destaca que una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía y que el 42.3 por ciento de las personas que se sometieron a estos procedimiento en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
El informe ubica a Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México e Hidalgo como las entidades con más quejas en el servicio de urgencias.
En tanto, Aguascalientes, Sonora, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo, Morelos y Zacatecas, fueron los estados con surtido insuficiente de medicamentos a nivel rural.
El reporte explica que los recursos para atender a la población sin seguridad social, pasaron de 108 mil 424 millones de pesos en 2004 a 236 mil millones de pesos en 2015.
“La gran paradoja que enfrentamos es que si bien todos los diagnósticos coinciden en que se requiere incrementar la inversión en el sector salud para enfrentar la transición demográfica y epidemiológica que ya inició, también hay evidencia de que el incremento sustancial de presupuesto durante estos últimos 12 años no se ha traducido en una mejora equivalente en la calidad de los servicios de salud”, dice.
Denuncia que la promesa de la reforma que creó el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en 2003 para garantizar que los recursos “siguieran” al usuario y subsidiaran la demanda de la población sin afiliación a la seguridad social no se ha cumplido.
Dice que la razón principal de este incumplimiento es que los gobiernos estatales no han atendido “su parte del trato para garantizar la prestación de los servicios a la población afiliada con la calidad y oportunidad necesarias”.
Ante estas deficiencias en el sector salud, las organizaciones demandaron a Narro Robles emprender acciones que permitan la mejora de la atención, así como garantizar la aplicación efectiva y transparente de los crecientes recursos públicos que se han asignado a la salud en años recientes.
El reporte refiere que el Seguro Popular es un mecanismo de financiamiento mientras que la prestación de servicios de salud es responsabilidad de los gobiernos estatales.
Detalla que en el presupuesto federal para 2016 se asignan 75 mil 437 millones de pesos al Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, los cuales se canalizan a los gobiernos estatales.
Por ello planeta la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre estos recursos hasta su destino final.
Pone como ejemplo que aún con el incremento de estos años no existe un incremento equivalente en número de médicos y enfermeras, en medicamentos e insumos, en camas de hospital y consultorios.
