El mandatario mexicano compartió que envió una carta a Norma Piña, Ministra presidenta de la SCJN, para advertirle sobre la posible liberación de estos ocho militares y del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana el fallo de una Jueza que cambió la medida cautelar de prisión preventiva para ocho militares, acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, y acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sólo quiere desprestigiar al Ejército y al Ejecutivo.
Desde Palacio Nacional, López Obrador lamentó que el Poder Judicial “proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.
“¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial”, aseguró.
“Es indudable que la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] de la OEA [Organización de los Estados Americanos] está politizando este asunto, bueno, desde el principio, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas. Eso es lo que puedo comentar, y vamos a seguir con la investigación”, agregó.
Asimismo, reveló que le envió una carta a Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para advertirle sobre el caso de estos ocho militares, y por una posible liberación del exprocurador Jesus Murillo Karam.
“Se le envió una carta a la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la Secretaria de Gobernación [Luisa María Alcalde Luján] que dé a conocer esa carta, y como si le hubiésemos dicho: ‘Libérenlos’. Fue hace como 15 días porque lo veíamos venir, igual que la liberación del Procurador [Jesús Murillo Karam]”, compartió.
“¿Y qué buscan? Dos cosas: una, desprestigio al Ejército, ¿por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana; […] y lo segundo, hacerme quedar mal, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas, y lo vamos a seguir haciendo, les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen”, dijo.
“Como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la presidenta de la Suprema Corte ‘cuidado con esto’, no sé en qué términos envió el oficio, y ‘sabadazo’, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia, con ese propósito: seguir culpando al Ejército y cuestionándonos, de que no hacemos nada”, agregó.
Por ello, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compartió minutos después la carta que envió el mandatario a la Ministra presidenta el pasado 12 de diciembre sobre la posible liberación de los ocho militares, que ahora llevarán su proceso en libertad.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
“Resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Ademas, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan”, se lee en el documento.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizara los derechos humanos de las víctimas, y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”, agrega.
FGR NO IMPUGNÓ FALLO PARA LIBERAR A MILITARES: CJF
Nota informativa sobre el Caso Ayotzinapa
🔗https://t.co/ws89uLq2vU pic.twitter.com/xC9rX3Ve3Q
— CJF (@CJF_Mx) January 23, 2024
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) por no impugnar el fallo judicial que derivó en el cambio de la medida cautelar para ocho militares ligados al caso Ayotzinapa, luego de que una Jueza federal revocara la prisión preventiva a los señalados por la desaparición de los 43 estudiantes, y después de que se les permitiera seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza.
La CJF explicó que un juzgado determinó la prisión preventiva oficiosa, ya que se ponderó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado mexicano por la inconvencionalidad del Artículo 19 constitucional; sin embargo, “únicamente los militares” interpusieron un recurso de revisión, “no así la Fiscalía”.
“Únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, cuyas personas integrantes en sesión de 30 de noviembre de 2023, resolvieron modificar la resolución del juzgado de amparo”, expresó la CJF.
“En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, la persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”, precisó.
Asimismo, refirió que aunque los militares no cuentan con la prisión preventiva, tienen las siguientes medidas cautelares: la presentación quincenal ante el juzgado; la exhibición de un garantía económica de 50 mil pesos; la prohibición de salir del país, pues entregaron su pasaporte original; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y al estado de Guerrero; y no convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos protegidos.
MÁS LEJOS DE LA JUSTICIA
Condena CoVAJ decisión de cambiar la medida cautelar a 8 militares.
Con esta determinación no se exonera de los cargos a los elementos de las Fuerzas Armadas; continúan sujetos a proceso hasta el dictado de sentencia.
Se agotarán todas las instancias… pic.twitter.com/sAvRF4R6sY
— Gobierno de México (@GobiernoMX) January 21, 2024
El pasado sábado 20 de enero, una Jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, acusados de la desaparición de 43 estudiantes.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó el sábado a The Associated Press que la audiencia en que se tomó la decisión tuvo lugar la víspera y los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena [Secretaria de la Defensa Nacional]”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Posición de las Madres y Padres del caso Ayotzinapa frente a la negativa del gobierno a entregar documentos militares https://t.co/hJ0Kb6mlSN
— Centro Prodh (@CentroProdh) January 11, 2024
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque, sino en la posterior obstrucción a la justicia. El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.
ENCINAS ACUSA IMPUNIDAD
Por su parte, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también reprobó la determinación de la Jueza federal que ordenó la tarde del sábado la liberación de los ocho militares que se encontraban presos por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 jóvenes.
Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad.https://t.co/AH4VFpXUo5
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 21, 2024
Encinas investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración el pasado 19 de octubre.
A través de su cuenta de X, calificó la decisión como “un nuevo sabadazo”, pues la Jueza Duarte Cedillo aprovechó el fin de semana para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho militares acusados de estar relacionados en el caso.
“Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”, publicó.
Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 22, 2024
Minutos más tarde, lamentó en una nueva publicación desde su cuenta personal que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”, dijo.
SEGOB TAMBIÉN SE QUEJA
El pasado lunes 22 de enero, la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la liberación de los ocho militares en el caso Ayotzinapa, efectuada por una Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales, es un “daño inconmensurable” por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Postura del Gobierno de México respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/0Xqg2GmO47
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
La titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, compartió un boletín donde la dependencia suscribe la inconformidad que este fin de semana expresó a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la resolución de la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, luego de permitir la liberación de dichos elementos del Ejército mexicano.
“No nos extraña la posición del PJF en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, sentenció.
La Segob afirmó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. Asimismo, recordó que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturadas, pero no actuaron en contra de torturadores, como el caso de Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel.
De igual manera, recordaron los esfuerzos del Poder Judicial para intentar liberar al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, hecho que fue impedido gracias al trabajo de la FGR y otras dependencias del Gobierno federal.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones, el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, añadió.
–Con información de AP
