Activista detenido con EPN y hoy libre por AMLO pide sacar ya del infierno a los que siguen presos

23/01/2019 - 8:30 pm

Enrique Guerrero Aviña, defensor de derechos humanos, víctima tortura y ex preso político, llamó a la Secretaría de Gobernación a dar celeridad al proceso de liberación de los presos políticos, “porque cada día que un preso político o inocente pasa en la cárcel, se cubre una cuota de espanto que es impagable”.

La principal denuncia que plantea el activista es contra el Poder Judicial pues, afirma, debido a la “complicidad, ineficiencia y corrupción” entre los operadores del sistema de justicia cientos de personas inocentes siguen en encarceladas sin un proceso justo, sumergidas en un largo “laberinto jurídico”.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Entre las paredes de una pequeña celda del penal de máxima seguridad de Almoloya, Enrique Guerrero Aviña experimentó una práctica no escrita pero sí “recurrente” dentro del sistema judicial mexicano: “el principio de culpabilidad”, lo nombró; ese plantea que “cualquier persona es culpable aunque se demuestre lo contrario”. Es así como el joven bosqueja la praxis que lo torturó y encarceló por más de cinco años, pese a demostrar su inocencia.

Guerrero Aviña, quien hoy tiene 34 años de edad, fue detenido por la Policía Federal (PF) en la administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto y dentro del contexto de las protestas contra la Reforma Educativa lanzada por el priista. Al momento de la privación de su libertad, el 17 de mayo de 2013, era estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro de ajedrez e integrante de varios movimientos sociales, entre ellos el Colectivo Liquidámbar.

El encarcelamiento de Enrique y diversos activistas, como Damián Gallardo Martínez, fue representativo por tratarse de defensores conocidos y porque se logró demostrar la fabricación del delito y la tortura. Además, porque desde 2015, el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) instó al Gobierno de Peña Nieto a liberar a los defensores. Sin embargo, el Estado mexicano pasó por alto los extrañamientos del organismo internacional y continúo con la privación de la libertad y la violación de los derechos humanos de los citados activistas.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, ya con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los activistas fueron puestos en libertad por un desistimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) a instrucción del Jefe del Ejecutivo federal.

En entrevista con SinEmbargo, Guerrero Aviña habla sobre la tortura y el proceso de reclusión que vivió, así como de la represión que caracterizó al sexenio anterior: “Vivimos tiempos realmente sombríos y opresores”, dice.

La principal denuncia que plantea el activista es contra el Poder Judicial, pues afirma que debido a la “complicidad, ineficiencia y corrupción” entre los operadores del sistema de justicia, cientos de personas inocentes siguen en encarceladas sin un proceso justo, sumergidas en un largo “laberinto jurídico”.

“Por desgracia la tortura es un mal que está generalizado en México, con complicidad del Poder judicial; eso muchas veces no se dice, pero ellos [jueces y magistrados] son cómplices y copartícipes de este problema al no reconocer y sancionar la tortura. El Poder Judicial ha respaldado a una procuraduría [PGR] que tortura y fabrica delitos […] que está coludido con una PGR corrupta y ¿a cambio que ha obtenido el Poder Judicial? todas las prebendas que vemos: tienen a todos sus familiares en el Poder Judicial, pueden hacer lo que quieran”.

Mientras estuvo encarcelado, Guerrero Aviña logró documentar diversos patrones en jueces y magistrados, practicas que perpetúan la estancia de inocentes o falsos culpables en prisión, según expresa. Al respecto, el profesor de ajedrez destaca que es urgente una transformación de fondo en el sistema judicial:

“Creo que mientras los jueces no dejen de ser inquisidores, corruptos, no dejen de violar los derechos humanos, pues esto no se va a transformar, porque el Poder Judicial tiene una responsabilidad gravísima […] mientras no se transforme el Poder Judicial, mientras no haya un órgano que los fiscalice realmente, no podremos transformar la impartición de justicia y el pueblo votó por Justicia. En tanto no haya justicia, difícilmente habrá una transformación de fondo”, dijo.

La detención de Guerrero Aviña se registró en el eje 8 y Churusco en Ciudad de México. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbrgo

TERRORISMO DE ESTADO

La detención de Guerrero Aviña se registró en el eje 8 y Churusco en Ciudad de México. El joven, en ese entonces de 28 años, fue perseguido por policías vestidos de civiles que le dispararon varias veces y finalmente lo privaron de la libertad cuando él intentaba pedir ayuda. Posteriormente, lo tuvieron desaparecido por más de un día, tiempo en que fue torturado, según han denunciado.

“A mí intentaron ejecutarme los federales”, añade el entrevistado. La tortura, relata, tenía como objetivo obtener información del movimiento social, luchas que en ese momento se desarrollaban contra Gobierno federal y los vínculos que generaban como colectividad.

Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), plantea que el Gobierno de Enrique Peña Nieto desarrolló una política de “Terrorismo de Estado” que, explica, consiste en actos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales para amedrentar los movimientos sociales, ciudadanos, o enemigos del régimen.

“Todos estos elementos son los que puede utilizar el Estado para frenar a todo aquel que sea su enemigo o sea su contrato”, indicó entrevista Javier Enríquez Sam.

Enrique Guerrero y Javier Enríquez reprueban el ingrediente militar en la Guardia Nacional: “Si [la Guardia Nacional] están sustentados en bases del Ejército, por supuesto no dejará de existir la tortura. “El Ejército es la base del país para segur con la tortura”, dijo Sam.

Enríquez Sam considera que la tortura y las desapariciones continuarán en las fuerzas policiacas, “quizá no en la misma proporción, ni forma de operar,“pero las cosas van a continuar porque hasta ahorita no vemos que realmente vayan a renunciar a esas practicas […] El Estado actual no va a renunciar al uso del Terrorismo de Estado […] La Guardia Nacional es una nueva manera de volver a decir: ‘aquí estamos, el militar va a seguir haciendo las cosas y no renunciamos al control que tiene el Estado’”, opinó integrante Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Enrique Guerrero, aunque reconoció la voluntad política, calificó su liberación como un acto de justicia que no fue regalado sino construido “en cada batalla”.

Para el activista el siguiente paso es exigir garantías de no repetición reales y efectivas.

“Queremos un país donde nunca más haya tortura, donde nunca más haya desapariciones forzadas, desapariciones extrajudiciales. Yo sufrí desaparición forzada, sufrí tortura, sufrí atentado de ejecución extrajudicial. Queremos un país donde nunca más haya presos políticos”.

El defensor advierte que pugnará por la liberación de otros presos de conciencia e inocentes. Guerrero Aviña llama a la Secretaría de Gobernación a dar celeridad a los procesos “porque cada día que un preso político o inocente pasa en la cárcel, se cubre una cuota de espanto que es impagable”.

El pasado 8 de enero, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se revisan alrededor de 368 casos de personas presas injustamente. Señaló que hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla y están presos; o ciudadanos que fueron apresados por protestar.

La Ministra en retiro confirmó que que a muchas personas se les inventaron incluso secuestros y extorsión para meterlos a prisión cuando protestaban en contra de las megaobras. Sánchez Cordero precisó que hay una mesa instalada, la cual, revisa los 368 casos, mismos que son solo causas penales federales, pero no descartó que en algún momento también se puedan revisar casos locales a través de amparos.

–¿Qué sensación experimentaste al quedar libre?

–Teníamos prevista la liberación porque finalmente vino un desistimiento de la SEIDO y posteriormente se estaba esperando la ratificación del Procurador, entonces, fue un proceso que tardó una semana y había una expectativa de que esto ocurriera pero finalmente cuando llegó, me pasó como a otros los presos, que no puedes creerlo, no acabas de asimilar que se acabó el presidio.
Cuando se dio la libertad, por un lado, me sentí como si nunca me hubiera ido porque las calles me recibieron muy solidarias, llenas de compañeras y compañeros con mucha solidaridad y me recibieron en pie de lucha y eso me hizo sentir que no había pasado tanto tiempo y de alguna manera que seguíamos aquí.

–¿Qué hiciste que tanto hizo enojar al Gobierno?

–Mi caso, como el de todos los presos políticos debe de entenderse de manera colectiva, no solo es Enrique sino es una colectividad. En mi caso específico era el Colectivo Liquidámbar. Trabajábamos sobre la documentación y denuncia de derechos económico, sociales, culturales y ambientales; y a la vez funcionábamos como una agrupación con una colectividad que enlazaba varias luchas importantes: por defensa de territorio, contra mineras, contra Reformas estructurales, en específico la Reforma Educativa, Energética, y nuestra capacidad de enlace –la mayoría de los compañeros del colectivo somos del UNAM–; entonces, creo que esto levantó los focos rojos de un gobierno represor que obviamente quiso desmovilizar, desvincular, porque ese es el objetivo de la represión y ese fue el objetivo de nuestro caso: desmovilizarnos y desvincularnos. La represión no nació con mi detención, tiene una historia que está documentada: de las agresiones hacía los compañeros del colectivo y hacía mí también, y el momento cúspide de este proceso represor y de persecución es cuando me detuvieron, pero la represión continuó, los hostigamientos contra compañeras y compañeros continuó, de muchos tipos, hasta ataques contra su integridad física.

Vivimos tiempos realmente sombríos y opresores. No en balde el sexenio de Peña Nieto se inauguró con muchísimas detenciones, y eso marcó una política de Estado. Digamos que esta función de enlace y de denuncia, fue la que generó que estábamos afectando intereses políticos y empresariales grandes y que creemos que eso generó la decisión de golpearnos como colectividad, junto con otros compañeros, de la Sección 22 de la CNTE.

–¿Cómo enfrentaste la tortura?

–Por desgracia la tortura es un mal que está generalizado, con complicidad del Poder Judicial; eso muchas veces no se dice, pero ellos son cómplices y copartícipes de este problema al no reconocer y sancionarla. En el caso especifico de los presos políticos, y en mi caso, la tortura tiene varios objetivos: mermarte física y psicológicamente, pero otros tienen que ver con obtener información del movimiento social y de las luchas que se estaban desarrollando, de los vínculos que se estaban generando como colectividad. Por otro lado tenía un objetivo de criminalización. Cuando ellos me torturaron, las preguntas que a ellos les importaban eran: ¿a quiénes de los movimientos sociales conocía?, ¿a quiénes conocí en la Universidad?, ¿quiénes se movían en los círculos universitarios?, ¿con quienes teníamos redes de apoyo?, ¿con quienes teníamos apoyo para financiamiento o posibilidades de operación? Entonces, me di cuenta que el móvil era plenamente político desde que el interrogatorio iba en esa dirección y lo que hice ante los torturadores, obviamente, fue negar toda mi participación política para proteger a los compañeros y al movimiento social.

Yo jugaba ajedrez profesionalmente [antes de la detención] e inclusive recuerdo que le comentaba a uno de los torturadores este detalle: que era maestro de ajedrez, lo he sido, y entonces, en un momento de la tortura, ellos me preguntaron que si sabia quién es “Capa Blanca” –un campeón mundial de ajedrez en los 20–, como verificando información. Entonces el objetivo era la información del movimiento social. En un segundo momento, el objetivo de la tortura era criminalizar, porque una vez que han mermado física y psicológicamente a la persona, lo que ha hecho recurrente la PGR y otras corporaciones, ha sido fabricar presuntas confesiones y obligar a los torturados a fírmalas.

En mi caso no existe ninguna confesión porque pude resistir a esta tortura por convicción por suerte, por muchas cosas, pero pude resistir, por suerte; pero fue la manera en que fabricaron la acusación a otros compañeros torturados, los obligaron a firmar supuestas declaraciones que incluso el Comité Enrique Guerrero Aviña, y el Colectivo Liquidámbar, así como compañeros del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), logramos documentar que estas supuestas confesiones de otros fueron fabricadas, no sólo por la tortura, sino que los declarantes no estaban en los lugares que dice la PGR cuando supuestamente declararon, los Ministerios Públicos tampoco estuvieron con ellos, esto lo demostramos con documentos oficiales y se demostró que fabricaron los textos y que los obligaron a firmarlos, aunado a los protocolos de Estambul, que demostraron que habían sido torturados. Me gustaba decirle a los compañeros que con mi detención el Estado nos daban la razón, nos estaban diciendo que el país tal cual es, no puede seguir siendo, porque no puede haber un país donde se torture y se desaparezca a las personas, un país con el grado de desigualdad económica, social, política, eso no puede seguir siendo.

–¿Cómo fue tu detención?

–Yo fui detenido por agentes de la Policía Federal, obviamente por un operativo totalmente ilegal, si hubiera existido un mínimo estado de derecho yo jamás habría sido aprendido, ni encarcelado. En este operativo dispararon en mi contra, a pesar de que yo no tenía ningún arma, ni forma de agredirlos. Los impactos de bala están documentados en el vehículo que yo conducía, hay periciales en balística, tanto de peritos de PGR como de peritos del Consejo de la Judicatura, judicialmente todo esto está acreditado. Por los disparos en mi contra, intentaron matarme, llegó la Policía de la Ciudad de México, que documentó con fotografías, bitácoras, y se hizo un operativo de la policía local y quedó todo registrado. A pesar de ello, la Policía Federal inventó una versión junto con la PGR. Inventaron la versión de que yo presuntamente había chocado con la banqueta y al día siguiente había ido a cobrar el choque de la banqueta a la SEIDO y cuando llegué al Ministerio Público dijeron que me requerían y me detuvieron en flagrancia de delincuencia organizada. Esa fue la versión. Puede parecer una broma, pero no lo es; quizá es una burla pero no es broma, y lo más grave del asunto es que está versión duró cinco años en los tribunales, todos los jueces y magistrados decían: ‘el chocó con la banqueta y le fue a cobrar a la SEIDO el golpe con la banqueta’. Inventar versiones es un patrón y los jueces lo saben. Los secretarios, lo saben. Los actuarios, lo saben. Los operadores del sistema judicial con los que tenía contacto, decían: ‘pues sí, sí sabemos que están mintiendo’. ¿Y luego? ¿Por qué no hacen nada, si las versiones son inverosímiles, en muchos casos, mal refutadas? Bueno, porque hay un Poder Judicial que ha estado coludido con una PGR corrupta y a cambio, ¿que ha obtenido? Todas las prebendas que vemos: tienen a sus familiares en el Poder Judicial, pueden hacer lo que quieran y a cambio han respaldado a una PGR que tortura y fabrica delitos.

–¿Cómo fue tu proceso y estancia en prisión?

–Fue dura, como son las prisiones, pero también fue muy acompañada. Hubo muchos compañeros, compañeras que estuvieron ahí rompiendo los muros. Intentaron [Gobierno] desvincularnos, desmovilizarnos pero fracasaron porque toda esta colectividad que estuvo respaldando, logró que la lucha por mí fuera también una lucha para socavar a ese régimen, porque al final nuestra lucha lo que demostró fue la mendacidad del propio régimen, y aunque querían desmovilizarnos, enfrascarnos nada más en la lucha por la liberación, logramos que esa lucha se convirtiera en otra lucha más que demostrara la mendacidad del régimen, como lo fue la lucha de los compañeros de Ayotzinapa, como fue otras luchas que han ido en esa misma dirección: demostrar la corrupción y la mentira. La prisión fue dura también, porque al haber un carácter político, hubo cierta presión y hostigamiento contra el que hubo que luchar. La tortura, digamos, se prolongó en la prisión, con los acosos y hostigamientos; pero, ahí entraron muchos organismos de derechos humanos, muchos colectivos, muchos compañeros y compañeras que a título personal dieron protección, tanto a mí y otros compañeros, y esto generó fortaleza. Damián Gallardo, el compañero defensor de derechos humanos que también fue liberado, y yo encabezamos dos huelgas de hambre en el penal y tanto el compañero como yo logramos movilizar a la inmensa mayoría de los reos, en esta directriz, exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos. Pero esa lucha no la hubiéramos podido encabezar solos, sin el apoyo y acompañamiento de muchísimas compañeras y compañeros que afuera nos respaldaban.

–Al ver que sistemáticamente se violan los derechos humanos, y que no te liberaban pese a los extrañamientos de la ONU desde el 2015, ¿En algún momento perdiste la esperanza?

–Creo que nunca perdimos la esperanza porque hemos entendido que nuestra vida no es otra cosa que luchar. El hombre que concibe su vida como una lucha no puede perder la esperanza y de alguna manera, colectivamente, le dimos una lección al Estado. La lección es sencilla pero también es bastante profunda: los pueblos jamás seremos derrotados.

–¿Qué sigue? ¿Qué proyectos hay para Enrique Guerrero, que acciones siguen para la lucha, cuál es la exigencia?

–Lo más importante es la no repetición porque se requieren medidas efectivas y reales de no repetición. Ya hay protocolos, incluso hay una circular de Procuraduría que los aprehensores deben llevar cámaras a las detenciones, pero no se aplica. Se requieren medidas efectivas de no repetición, no nomas decir ‘vamos hacer otra circular diciendo que van a traer cámaras’, ‘vamos hacer otra circular diciendo que van a llevar GPS’ y al final nada de eso está disponible, y no es cierto. Se necesitan medidas de no repetición pero que se cumplan. Creo que eso es lo más importante, claro aunado al apoyo psico-social que se requiere por las afectaciones y otros temas.

Como te decía al principio, como colecto Liquidámbar, sigue la documentación y pedir medidas de no repetición, porque queremos un país donde nunca más haya tortura, donde nunca más haya desapariciones forzadas, desapariciones extrajudiciales. Yo sufrí desaparición forzada, sufrí tortura, sufrí atentado de ejecución extrajudicial. Queremos un país donde nunca más haya presos políticos. Actualmente hay muchos presos políticos en las cárceles, se ha anunciado que se están revisando expedientes; entonces, el llamado a la Secretaria de Gobernación es que lo haga, dar celeridad [al proceso] porque cada día que un preso político o inocente pasa en la cárcel, se cubre una cuota de espanto que es impagable. ¿Cómo le van a reponer ese día?, ¿Quién se lo va a reponer? . El llamado es a que haya celeridad y eso es parte también del futuro de la colectividad, es decir, seguir tejiendo lazos con las organizaciones, seguir tejiendo alianzas, seguir denunciando y trabajando por un país más justo.

También habrá que exponer y dejar claro mi caso, porque nos parece que fue emblemático de cómo se construyó una criminalización y también fue emblemático la reacción de las compañeras y los compañeros, porque pudimos documentar y demostrar, no solamente las violaciones a mis derechos humanos sino la fabricación, lo cual , es dificilísimo porque el Estado tiene dentro de su modus operandi una forma de construir y borrar las huellas de la construcción o de la fabricación de culpables, y en este caso pudimos demostrar mi inocencia y la fabricación, que eso fue hecho con dolo. Lo que sigue es luchar por un país donde impere la justicia para todas y todos. Así como todo inició colectivamente volvemos a responder colectivamente, y como agrupación y como colectivo continuaremos en la defensa de los derechos. La forma y el modo, estamos aún en discusión.

–¿Qué percepción tienes del cambio del partido político en el poder?, sabemos que de alguna manera te impactó, con tu liberación; pero a la vez hay acciones altamente criticadas como el dejar al Ejército en las calles, ampliación de la prisión automática… ¿Qué opinas y esperas del nuevo Gobierno?

–En efecto yo soy liberado por un desistimiento de quien está en funciones como Procurador General de la República, en cumplimiento a una demanda histórica, que es la liberación de presos políticos. Reconocemos la voluntad de Presidencia, que en este caso fue quien revisó el expediente de manera objetiva y a profundidad, que finalmente eso es lo único que se necesitaba, porque para demostrar nuestra inocencia y fabricación solo había que revisar lo que estaba ahí, eso era todo. Entonces, reconocemos esa voluntad. Sin embargo, no todo está resuelto, hay muchos problemas, y me parece que uno de los principales problemas que yo veo igual es el Poder Judicial, y hago hincapié ene sto porque lo viví y lo sufrí.

Creo que mientras los jueces no dejen de ser inquisidores, corruptos, no dejen de violar los derechos humanos, pues esto no se va a transformar, porque el Poder Judicial tiene una responsabilidad gravísima en todo esto y creo que a veces hemos perdido de vista este enfoque, que el preso lo tiene muy en cuenta porque el preso está en ese laberinto jurídico. Ejemplifico: he visto versiones de magistrados que descalifican a dos testigos porque uno dijo que participaron ‘soldados’ en la detención y otro testigo dijo que fueron ‘militares’, y los jueces que ‘se están contradiciendo’ y uno piensa: ‘pero señor juez, ¿a poco militares y soldados no es lo mismo?’. ¡Eso existe!. Es público, lo tengo registrado y documentado porque en la prisión, de facto, empecé a funcionar como defensor por la necesidad que había de defenderse y defender a otros presos. Entonces he documentado muchos abusos de este tipo que están ahí, a la vista, y es increíble que esto ocurra. Creo que mientras no se transforme el Poder Judicial, mientras no haya un órgano que los fiscalice y que realmente tome medidas, no podremos transformar la impartición de justicia y el pueblo votó por justicia. Mientras no haya justicia difícilmente habrá una transformación de fondo.

–¿Qué opinas de la Guardia Nacional?

–Creo que el principal problema del país, en términos de seguridad, no es un asunto de buenos contra malos, creo que este enfoque debe de transformase radicalmente, debe de englobarse en un contexto económico político, porque mientras no haya justicia social no habrá paz. Pero la justicia social, para que realmente se logre, tiene que afectar intereses porque el pueblo no es noble, porque el pueblo es pobre, es despojado, porque hay un robo sistemático de su trabajo y sus recursos, y mientras esa situación no se transforme no habrá justicia justicia y, por ende, no tendremos paz ni tranquilidad.

–En tu caso concreto, ¿cuáles son las acciones legales que emprenderán?

–Estamos trabajando en la asesoría de ver que es lo más conveniente, cuales son los pasos a seguir más adecuados, lo que sí tenemos claro es que por nuestra convicción política y social, lo más importante es que se otorguen de no repetición pero garantías que sirvan a todos y todas.

Sugeyry Romina Gándara
Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.
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