La organización Amnistía Internacional presentó este día el informe “Ignoradas y Sin Protección: La mortal devolución de Personas Centroamericanas solicitantes de Asilo desde México” en el que denunció que en contra del derecho internacional, el Gobierno mexicano “viola reiteradamente el principio de no devolución”, que prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corra riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones a los derechos humanos.
Se estima que al menos 500 mil personas cruzan México de manera irregular cada año. México tiene la soberanía de decidir quien puede ser un refugiado, sin embargo, el 75 por ciento de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México, “a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga”, destaca el documento.
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Ciudad de México, 23 enero (SinEmbargo).– México incumple “de manera habitual” su obligación de acoger a aquellas personas que necesitan protección internacional, y en la mayoría de las ocasiones no les informa de su derecho a solicitar asilo, de acuerdo con un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI).
Se estima que al menos 500 mil personas cruzan México de manera irregular cada año. México tiene la soberanía de decidir quien puede ser un refugiado, sin embargo, decenas de miles de personas no tienen la posibilidad de solicitarla, lo que supone una violación al derecho nacional e internacional, apuntó la organización internacional.
Amnistía exigió al Instituto Nacional de Migración (INM) que detenga las devoluciones de centroamericanos cuyas vidas peligran en sus países de origen. La investigadora de AI, Madeleine Penman, detalló que la solicitud al Presidente Enrique Peña Nieto es que se institucionalice el programa “Alternativas a la detención” antes de que acabe su Gobierno, al que le faltan 10 meses.
“Ha sido un sexenio de deportación de muchísimas personas centroamericanas al borde de la muerte o el peligro”, dijo Penman, durante la presentación del informe “Ignoradas y Sin Protección: La mortal devolución de Personas Centroamericanas solicitantes de Asilo desde México”.
El documento se basa en encuestas realizadas a 500 migrantes entre mayo y septiembre del año pasado en Chiapas, Tabasco, Coahuila, Nuevo León, y algunas del lado de Guatemala.
En contra del derecho internacional, el informe denuncia que el Gobierno mexicano “viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement)”, que “evita el retorno forzoso de una persona a un país donde puede correr el peligro real de violaciones a derechos humanos o persecución”, explicó en conferencia de prensa Raquel Aguilera, de AI.
Tras su investigación, Amnistía concluyó que el 75 por ciento de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México, “a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga”.
Una proporción similar (69 por ciento) contestó que el agente sobre el terreno del Instituto “jamás les preguntó las razones por las que habían abandonado su país”, una de las claves para identificar perfiles de personas migrantes en condición de vulnerabilidad.
La organización encontró también indicios de irregularidades en el procedimiento que violaban los derechos de los solicitantes de asilo, y que, en la práctica, les negaban la posibilidad de impugnar su expulsión y conseguir protección.
Entre las 500 respuestas recibidas, AI “encontró 120 testimonios que proporcionaban sólidos indicios de que había habido devolución”, y que correspondían a personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su lugar de origen, y “a pesar de ello habían sido ignoradas por el INM y deportadas a su país”.
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), México recibió 8 mil 781 peticiones de asilo en 2016, lo que supone un aumento del 154.6 por ciento respecto al año anterior.
Si se echa la vista más atrás, las solicitudes de asilo aumentaron en el país latinoamericano más de un mil por ciento desde 2011.
“Lo que nos cuentan estas experiencias es escalofriante, estamos hablando de países que están siendo controlados en grandes extensiones de territorio por grupos criminales como las maras. Si vas a una escuela en un barrio controlado por otra mara, te pueden acusar de soplón. Estamos hablando de familias que salen de El Salvador, Honduras y Guatemala para buscar protección”, dijo Penman, de AI.
El 84 por ciento de la personas que migraban no querían regresar a su país. “No lo estaban haciendo por gusto, sino por necesidad”, dijo Penman.
En México hay más de 50 estaciones migratorias. “Tienen condiciones carcelarias, las personas son tratadas como si hubiera cometido un delito”.
EL INM SE DEFIENDE
Hoy, el INM contestó al informe de Amnistía Internacional. “México al ser un país de tránsito, origen y destino de migrantes ha conformado desde el 2013, procedimientos permanentes de protección a los derechos humanos de todos los extranjeros y principalmente de aquellos que por condición de vulnerabilidad solicitan el refugio en nuestro país”.
El INM expuso que la información de cómo pueden iniciar un procedimiento de solicitud de refugio se brinda no sólo a través de trípticos o materiales, sino de pantallas de televisión y que funcionan por circuito cerrado en las estaciones migratorias.
“Es importante que el día de ayer entregamos en manos del comisionado del INM el informe. Tuvimos una reunión el día de ayer. Efectivamente, comentó sobre las pantallas de televisión, y que apenas se iba a poner en función. Todavía no”, dijo Aguilar.
Este derecho sobre el refugio ha resultado en la canalización de cerca de 2 mil solicitudes, solo en los últimos 18 meses, que el INM ha hecho a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“Dos mil [solicitudes] francamente lo vemos como un esfuerzo insuficiente, si tomamos en cuenta que al año el flujo puede ser hasta de 200 mil. Por estimaciones internacionales este flujo podría estar compuesto por un 50 por ciento de personas que estarían en necesidades de protección. Entonces hay muchas personas ignoradas y que pasan desapercibidas”, dijo Penman.
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Hubo personas que dijeron a Amnistía “que las habían coaccionado o presionado para que accedieran a su deportación en contra de su voluntad”, señala la organización.
El informe refleja algunos testimonios de migrantes, quienes dejaron frases como “los funcionarios saben que uno no sabe de sus derechos; dicen lo que quieren”, o “yo les pedí (a los funcionarios del INM) pedir refugio y me dijeron que no había, que en México no les gustan los hondureños porque hacemos mucha maldad”.
Otro de los migrantes explicó que desde la estación migratoria no le canalizaron bien y le pusieron “muchos peros” para hacer la solicitud. Le dijeron que “no había Comar en ese estado” y que iba a tardar meses, por lo que “sería mejor regresar” a su país.
Los datos recogidos por Amnistía chocan con la respuesta proporcionada por las autoridades, que señalaron que los casos de devolución son “muy poco corrientes”.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por los registros informáticos del INM. Según informó un delegado de la institución en el estado de Chiapas, estos no cuentan con un campo para indicar que la persona es solicitante de asilo o no.
Este aspecto “resulta sumamente preocupante y abre la posibilidad de que estas poblaciones en situación de riesgo pasen inadvertidas”.
Amnistía recordó que los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- siguen sufriendo una situación de “violencia generalizada”, porque la tasa de homicidios es entre cuatro y ocho veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles epidémicos de homicidio.
-Con información de Efe
