Kevin Castro Domínguez, de 18 años de edad, estudiaba el bachillerato en Chilpancingo, Guerrero. Quería convertirse en nutriólogo para abatir las enfermedades crónicas que enfrentan los niños y los adultos en México. Sin embargo, hombres armados lo acribillaron una noche de julio de 2016.
“Al buscar justicia fui amenazado. Mi familia fue amenazada, perseguida. Fuimos desplazados. Tuvimos que buscar, en la misma ciudad, cambiarnos de vivienda. Se crea un trastorno familiar… Y que ninguna autoridad se digne a ver nuestras necesidades, apoyarnos, pues es una grave situación. Pero me doy cuenta que no sólo lo vivo yo, sino muchas familias mexicanas”, relata Lamberto Castro, el padre del joven asesinado.
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Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– Una camioneta se estacionó a unos metros del local en el que atendía Kevin Castro Domínguez. Sujetos armados descendieron del vehículo y le dispararon al joven en al menos ocho ocasiones. Le quitaron la vida. Se lo arrebataron a su padre, Lamberto Castro de la Cruz, un hombre guerrerense que ahora recorre carreteras con un sólo objetivo: ser escuchado.
Castro Domínguez, de 18 años, estudiaba el bachillerato y trabajaba en un negocio de micheladas en la colonia El PRI, al poniente de Chilpancingo de los Bravo, capital de Guerrero. Fue ahí, en el sitio en el que laboraba, donde ocurrió el ataque la noche del 9 de julio de 2016. A la fecha, más de un año y medio después, su círculo cercano no encuentra justicia.
“Él trabajaba en su tiempo extra para cubrir las necesidades que como jóvenes a veces requieren. Fue abatido de manera injusta, de manera impune. De manera indefensa y violenta. Con todos los argumentos que puedan lastimar a una familia”, relata Lamberto Castro a SinEmbargo.
La inseguridad en “Chilpo” alcanzó un nuevo pico en los últimos días del 2017, cuando al menos siete jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal, institución que tuvo que delegar sus funciones a fuerzas estatales, la Policía Federal y el Ejército Mexicano mientras se realizan las indagatorias correspondientes.
La ejecución de Domínguez es sólo otro ejemplo de la violencia que Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, ex gobernadores perredistas, heredaron. Es la sangre que no pudo frenar el priista Héctor Astudillo Flores, quien prometió una entidad en “orden y paz”…
EL TIEMPO SIN KEVIN
Lamberto Castro arribó a la Ciudad de México el 17 de enero del 2018. Sólo vino a hablar, junto a una caravana de familiares de desaparecidos, con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida. Sin embargo, y al no obtener respuestas, tuvo que quedarse a dormir en el frío de las banquetas, consumiendo agua y miel como protesta. Así han sido los meses sin Kevin…
“Kevin estaba iniciándose en el bachillerato. Llevaba un taller para nutrición. Él quería ser nutriólogo por las situaciones graves que se viven de salud. Él quería ser un colaborador. Quería hacer su propio proyecto. Ayudar. Abatir la obesidad. Abatir las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y todo aquello que está acabando con la gente adulta y con los niños también”, cuenta Castro, quien ahora forma parte del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados, Chilpancingo.
“Soy profesor de primaria y en lo que pude le transmití todo para pudiera colaborar, ayudar, cuidar el medio ambiente, cuidarnos a nosotros mismos, mantenernos en salud, hacer ejercicio. Él llevaba esa forma: el querer ayudar, ayudar en la familia, ayudar a la sociedad. Y fue un proyecto que quedó truncado, destruido…”, abunda.
El hombre relata que tenía un proyecto para su hijo. Quería convertirlo en profesionista, pero se lo quitaron “las balas asesinas de los grupos armados que impunemente transitan en las ciudades de Guerrero”.
La medianoche del 9 de julio del 2016 se aproximaba cuando los agresores –todavía hoy libres– dispararon a quemarropa contra Kevin, quien fue trasladado hasta el hospital Raymundo Abancar Alarcón, donde fue declarado muerto.
Castro y su familia cambiaron por completo sus vidas desde el ataque. Ahora son desplazados en el mismo Chilpancingo, y es que la pesadilla no terminó con el adiós de sus ser querido… faltaban las amenazas…
“Al buscar justicia, fui amenazado. Mi familia fue amenazada, perseguida. Fuimos desplazados. Tuvimos que cambiarnos de vivienda. Se crea un trastorno familiar… Y que ninguna autoridad se digne a ver nuestras necesidades, apoyarnos, es una grave situación. Me doy cuenta que no sólo lo vivo yo, sino muchas familias mexicanas. Por eso nos congregamos. Somos cerca de 45 familias las que estamos en huelga de hambre, y 14 somos de Chilpancingo.
“Y llevamos prácticamente tres años esperando respuestas y solamente hemos llenado documentos, hemos llenado formularios. Inclusive en algunas ocasiones se han traspapelado, se han extraviado en las oficinas de esa institución o cambian de área a los funcionarios… de alguna manera han ido sobrellevando el hecho de la atención sin dar resultados concretos”, explica.
“CHILPO”, CHILAPA, IGUALA, ACAPULCO…
Desde el campamento frente a la Segob, en el corazón de la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, el entrevistado abundó sobre la situación que vive su familia, Chilpancingo y otras regiones del estado de Guerrero:
–¿Cómo se llegó a este Chilpancingo?
–La inseguridad se vive en Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, las principales ciudades de Guerrero, la sociedad sabíamos que ya había colusión entre grupos de la delincuencia y policía municipal. Sobre todo con los mandos, con los jefes, los jefes que atienden las corporaciones, ¿no? No se puede hablar, no se puede discutir porque expone uno la vida. Eso ya venía sabiéndose, conociéndose, no de manera tan pública, pero las familias sabemos lo que ocurría, ¿no? A finales de 2017 se da la desaparición de siete jóvenes. Esa desaparición acaba de aclararnos la colusión que hay entre los grupos de la delincuencia organizada y las corporaciones policiacas, a tal grado que toda la policía municipal de Chilpancingo fue acuartelada. Precisamente para que fueran a declarar a la Fiscalía. La seguridad ahorita está en manos de la policía estatal, de los militares y, en ocasiones, de la Marina. La Policía Municipal ha sido declarada ya como parte de los grupos de la delincuencia organizada. Y es algo no sólo de 2017, venían operando desde años atrás. En algunas declaraciones se ha evidenciado que los policías cuando salían de su servicio, se congregaban con los grupos de la delincuencia. Tomaban a sus víctimas, ya fueran comerciantes, empresarios, estudiantes, y como corporación uniformada, los entregaban a civiles que también habían formado parte la propia corporación.
Hay una colusión tan grande que pone en riesgo a todas las ciudades. Pone en riesgo a todo el Estado de Guerrero. Es algo que ya es sabido de manera nacional e internacional. Y ahora esperamos la respuesta de las instituciones de alto nivel y de organismos internacional para que no sólo sea una chispa que ya apagaron. Que se evalúe a los principales mandos de la policía estatal, municipal, los que tienen a sus cargo la seguridad en estado de Guerrero.
–¿Por qué vinieron a la Ciudad de México?
–Ninguna institución estatal ha tomado cartas en el asunto. No hacen caer en la desesperación. Caer en la incertidumbre. Y por eso decidimos venir a este lugar, a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, precisamente para que desde aquí se ocupen de la coordinación y de la acción inmediata que ayude a las familias que tenemos desaparecidos o asesinados en cada uno de los lugares. Queremos que los titulares se presenten para que vean nuestro caso. Esa es la demanda que ahorita estamos haciendo. Tenemos aquí personas que están padeciendo situaciones de crisis por los cuatro días de huelga de hambre. Ya hay algunos trastornos. Las enfermedades se van agudizando. Tenemos una compañera que tiene problemas de hipertensión. La diabetes se ha agudizado, la glucosa se ha elevado. Hay otra compañera, Lilia, que tiene hepatitis. Es un problema que se puede contagiar sin medidas adecuadas.
–¿Tiene algún mensaje para las autoridades?
–Que entreguen todos los apoyos que son requeridos por niños, niñas, madres solteras, abuelas, familiares directos de la víctima y que están padeciendo situaciones de abandono en cuestión de alimentación, de salud, de vivienda, porque hay algunos que se han desplazado de manera forzada por la inseguridad.
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