La organización Las Abejas de Acteal denunció que a 25 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles, el crimen sigue impune.
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– A 25 años de la matanza de 45 indígenas tzotziles en la localidad de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, familiares y sobrevivientes de la masacre perpetrada por un grupo paramilitar exigen justicia.
“Han pasado 25 años de la masacre de Acteal y hasta la fecha este crimen de Estado, sigue impune. Como lo hemos venido denunciando mes con mes durante un cuarto de siglo, los gobiernos sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justicia, han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización”, denunciaron a través de un comunicado.
También enlistaron las estrategias y políticas de desgaste de los gobiernos para evitar que el caso avance. Por ejemplo, detallaron que durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “se permitió a la mal llamada Corte de Justicia de la Nación, liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Liberó masivamente a los responsables de la masacre de Acteal el 12 de agosto de 2009”.
#Comunicado
Han pasado 25 años de la masacre de #Acteal y hasta la fecha este crimen de Estado, sigue impune.#30añosfloreciendonuestraresistencia #25añosdememoria #25y30añosbordandopazhttps://t.co/V3kkvb1V8q pic.twitter.com/AA0o1OZlyN— Las Abejas Acteal (@AbejasDeActeal) December 22, 2022
La intensión de este hecho, agregó la organización, “fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Uriel Jarquin Gálvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Guzmán entre otros”.
“La otra estrategia del Estado ha sido la dilación de la justicia que ha provocado dos divisiones en nuestra organización. La primera en el año de 2008 y la segunda en el año de 2014. Con estas divisiones ha buscado enemistarnos, debilitarnos y que abandonemos nuestra lucha No Violenta. Pero el gobierno y sus cómplices ignoran y se les olvida nuestra terquedad y tenacidad que se han vuelto una virtud para reexistirnos e imaginar una Vida digna. También olvidan que somos descendientes de las sabias y sabios mayas, la conciencia y la resistencia habitan en nuestras entrañas”, destacaron.
La organización mencionó que los 25 años de impunidad en la Masacre de Acteal ha generado un sinfín de conflictos en las comunidades de Chenalhó hacia sus miembros.
“Pareciera que los paramilitares y el crimen organizado se han aliado; cuando el Estado mexicano no puede enviar directamente a sus soldados a asesinar a algún defensor o defensora de derechos humanos y de la vida, le pide o permite que un sicario del crimen organizado haga ese trabajo sucio. Así pasó con el defensor de derechos humanos y de la vida, Samir Flores Soberanes de Amiltzingo, Morelos. Y hace un año, el 5 de julio del 2021, asesinaron cobardemente a nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López. Estos casos y como muchos otros más que no lo terminamos de enlistar, es la respuesta del Estado mexicano que nos ofrece a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, en lugar de justicia verdadera”, indicó la organización al reclamar justicia.
LA MASACRE CONTRA INDÍGENAS
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en el suroriental estado de Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.
En la matanza fallecieron 45 tzotziles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y fueron heridos otros 26.
Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.
Esta organización ha señalado al entonces Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.
Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un Juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EL ACUERDO, 23 AÑOS DESPUÉS
El actual Gobierno mexicano firmó en 2020 un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pidió disculpas y se comprometió a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.
El Subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano “pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”.
“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad”, expresó en septiembre de 2020.
Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso “no habría sido posible de lograr en administraciones pasadas” y añadió: “Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”.
Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.
“Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia en el más alto nivel del Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos”, concluyó.
Desde que asumió el poder López Obrador, el Gobierno se ha disculpado por violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o las torturas contra la periodista Lydia Cacho.
