El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños integrantes de Las Abejas, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares presuntamente vinculados al PRI.
Por Mitzi Fuentes
Chenalhó, Chiapas, México, 22 de diciembre (EFE).- Familiares de víctimas y sobrevivientes de la matanza de 45 indígenas tzotziles perpetrada el 22 de diciembre 1997 por un grupo paramilitar en el estado mexicano de Chiapas realizaron hoy una marcha pacífica para exigir justicia.
Hombres y mujeres, incluyendo integrantes de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones civiles se concentraron a un costado de una base militar, donde realizaron una oración para luego iniciar una peregrinación pacífica hasta el cementerio donde fueron sepultadas las víctimas.
Mariano Gómez Ruiz, integrante de la mesa directiva de la organización pacifista Las Abejas y sobreviviente de la matanza registrada hace 21 años en la comunidad de Acteal, recordó el doloroso hecho en que perdió a su madre y a sus hermanas.
“Las Abejas de Acteal decimos que no hay que confundir la justicia y la verdad como venganza. En nuestro corazón tzotzil y como organización pacífica, para nosotros el perdón no es venganza”, declaró Gómez al leer un pronunciamiento en el cementerio.
“Pero eso no quiere decir dejar impune una grave violación a los derechos humanos, como lo sigue siendo la masacre de Acteal, y otros casos que demandan justicia de sobrevivientes y víctimas en la ciudad y en el campo”, añadió.
Antonio Gutiérrez, coordinador de la agrupación, expresó a Efe la demanda de justicia por el caso Acteal “porque Ernesto Zedillo Ponce de León (Presidente de 1994 a 2000) sigue siendo libre, Emilio Chuayffet (Secretario de Gobernación de 1995 a 1998), Julio César Ruiz Ferro (Gobernador de Chiapas de 1995 a 1998) y otros con sus banda siguen siendo libres, gozan de la impunidad”.
“No tenemos noticias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de para cuándo hay una solución, para cuándo va ver justicia para el caso Acteal”, expuso.
Pese al cansancio, los ataques y el hostigamientos hacia la agrupación, reafirmaron su lucha “no violenta” en busca de “justicia verdadera, la construcción de nuestra autonomía y el fortalecimiento de nuestras áreas de trabajo y de los hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños de las diferentes comunidades quienes le dan vida a la organización”, añadió.
“La misión es pedir por la paz, pedir la justicia para que haya paz, dignidad, hacia las personas y las comunidades, y así vivir tranquilamente. El Gobierno no nos escucha nuestra palabra, el Gobierno no nos respeta a la gente indígena de Los Altos de Chiapas, a las organizaciones independientes que no son su grupo”, manifestó a Efe Manuel Pérez Guzmán.
Los manifestantes señalaron que no buscan diálogo con el Gobierno actual mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se encuentra el caso Acteal, no emita su informe de fondo, en el cual esperan que se pronuncie por la responsabilidad del Estado mexicano.
“El verdadero objetivo de nuestra petición ante la CIDH es que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad por acción y omisión en la masacre de Acteal y se garantice la no repetición de hechos como Acteal”, indicó Gómez Ruiz en su alocución.
También se pronunciaron sobre los megaproyectos como el Tren Maya o el Tren Transístmico que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaron “que no son iniciativas de los pueblos sino de las grandes capitalistas”.
Al respecto preguntaron si “es necesario seguir saqueando los recursos naturales que los pueblos hemos defendido ancestralmente, o acaso su interés es el de seguir saqueando a nuestro país en complicidad con los gobiernos como en la época del priismo (la época de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI)”.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños integrantes de Las Abejas, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares presuntamente vinculados al PRI.
La organización Las Abejas, creada en 1992, fue integrada por un grupo de indígenas en defensa de los derechos de las comunidades que abogaba por la solución pacífica de los conflictos locales, así como la liberación de personas injustamente encarceladas.
Tras el levantamiento del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, la agrupación se solidarizó con sus objetivos, pero rechazó el uso de la violencia para alcanzarlos.
La matanza de Acteal ha sido atribuida a una campaña gubernamental contra las bases de apoyo del EZLN.
Los más de 30 presuntos autores materiales detenidos y procesados por la masacre han sido liberados a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2009 que señaló violaciones al debido proceso.
