Dos organismos en defensa de los derechos humanos ponen sus ojos en el conflicto territorial de Chiapas que tiene a más de 5 mil personas desplazadas en zonas donde se encuentran vulnerables ante las bajas temperaturas y la inseguridad, además de que sobreviven con alimentos que perjudican su salud y con la ausencia de atención médica.
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Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Las defensoras de los derechos humanos, CNDH y Human Rights Watch, urgieron hoy al Gobierno de México a atender el conflicto territorial en el estado de Chiapas que tiene a más de 5 mil indígenas desplazados en condiciones precarias que vulneran su salud y los ponen en peligro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató las condiciones de riesgo en que viven los más 5 mil desplazados por el conflicto territorial, por lo que urgió fortalecer las acciones de apoyo humanitario.
La CNDH reiteró medidas cautelares enviadas a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para atender la situación, sobre todo, ante el brusco descenso de temperaturas en la época invernal y el precario estado de salud en el que se encuentra la población donde niños, niñas, adolescentes, personas mayores y con discapacidad se hayan en mayor riesgo.
Además de que la integridad física y psicológica a la que se enfrenten las personas es vulnerada por la inseguridad, los escasos alimentos, falta de servicio de salud y las condiciones indignas de alojamiento en los campamentos instalados.
Aunado esto, la perdida de sus cosechas, primordialmente la café, que constituyen su principal fuente de ingresos.
“Durante el recorrido por ocho comunidades afectadas por el conflicto, se tuvo conocimiento de las precarias condiciones que prevalecen en los campamentos de desplazados, donde se apreció la falta de condiciones de higiene y alojamiento que les permitan enfrentar contingencias climáticas adversas, como el frío y la lluvia, ante lo cual es urgente implementar campañas preventivas y, en su caso, atender la aparición de epidemias”, informó la CNDH.
Personal de la CNDH, que visitó la zona de conflicto, informó que las personas están presentando enfermedades gastrointestinales debido a la falta de insumos básicos para su dieta como maíz, frijol y azúcar, y la entrega de otros productos fuera de sus hábitos de consumo.
Las enfermedades respiratorias también proliferan en los menores de edad por la falta de atención médica y control prenatal a mujeres en periodo de gestación.
Hoy también, la organización Human Rights Watch exhortó a las autoridades mexicanas a investigar los ataques armados en Chiapas que han provocado el desplazamiento de miles de personas además de brindar asistencia a quienes la necesitan.
A través de un comunicado el director para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que las autoridades deben establecer sanciones a quienes resulten responsables de los abusos cometidos en las comunidades de Chiapas y cerciorarse de que las personas que fueron obligadas a huir de sus casas por la violencia reciban la asistencia para que pueden regresar seguras a sus comunidades.
Según el comunicado en octubre se agudizó una disputa territorial por tierras comunales entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. Nicodemo Aguilar Sánchez, vocero del municipio de Chalchihuitán, denunció que que el 18 de octubre de 2017, miembros de un grupo armado asesinaron a un hombre de Chalchihuitán, Samuel Luna Girón. Tras el asesinato en semanas posteriores, bandas armadas incendiaron al menos 12 viviendas y dispararon contra otras ocho, lo cual provocó que más de 5 mil personas huyeran de sus hogares.
El conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán ha causado que miles de habitantes de nueve poblaciones de este último se encuentren desplazadas.
Este problema tiene ya varios años sin resolverse pero de acuerdo con Ciro González, un habitante de la zona entrevistado por SinEmbargo, el problema se agravó a finales de octubre cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre pobladores de ambos municipios que generó varias pérdidas humanas.
A pesar de la violencia generada, las autoridades estatales no intervinieron, lo que permitió que el conflicto se agravara y tras la quema de varias viviendas, amenazas y disparos con armas de fuego, casi cinco mil personas huyeron de manera forzada de sus viviendas, dejando sus bienes materiales y parcelas.
De acuerdo con Ciro, el límite territorial está delimitado por un río que divide a las poblaciones. Sin embargo, a principios de noviembre un grupo de habitantes de Chenalhó se introdujo en varias poblaciones de Chalchihuitán y tomó las carreteras, motivo por el que los desplazados no pueden volver a sus hogares.
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