Ningún ex Gobernador en la historia del país había acumulado más órdenes de aprehensión que César Duarte Jáquez. Sin embargo, las 11 que hoy pesan sobre él no han bastado para que la Procuraduría General de la República realice la solicitud de detención ni tampoco la de extradición del ex mandatario de Chihuahua, quien hoy está prófugo y vive en Estados Unidos.
Las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusan, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos del erario público durante su mandato en esa entidad. La otra salió desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y lo acusa del desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales.
Pese a estas acusaciones, César Duarte Jáquez es aún miembro del PRI, que mantiene en la congeladora la solicitud para retirarle sus derechos partidistas.
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Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Un año y medio después de que se pidiera por primera vez la expulsión de César Duarte Jáquez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el llamado se vuelve a poner sobre la mesa ante el escándalo del presunto desvío de recursos públicos del erario chihuahuense que, de acuerdo con Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del tricolor, fue triangulado en 2016 por él mismo, por el Gobernador de Chihuahua y por Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien entonces fungía como presidente nacional de ese instituto político.
Los millones de pesos federales recibidos por la administración de César Duarte para darle bienestar a los ciudadano de Chiahuahua habrían ido a parar a las campañas electorales del PRI en 2016, de acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General de esa entidad en contra del ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.
“Todo aquel servidor de partido que no ha tenido algún acto de corrupción, se le debe de dar el derecho de audiencia, y también la presunción de inocencia. Pero, en el caso de [Cesar] Duarte es un problema que nos afecta como partido. A la credibilidad, a la imagen del partido. Ha sido lo que nos ha llevado a nosotros a tener derrotas en los estados por los abusos de algunos malos funcionarios”, dijo el consejero priista Armando Barajas Ruíz.
El 21 de julio de 2016, Barajas Ruiz presentó la solicitud de quitar los derechos partidistas a Duarte Jáquez, y a los ahora ex mandatarios de de Veracruz y de Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente. Un año y medio después, sólo el ex Gobernador de Chihuahua goza por completo de sus derechos partidistas.
“Para mí César Duarte ha tenido un trato preferencial por sobre los demás, porque en el caso de Veracruz y Quintana Roo se les suspendieron sus derechos partidarios y se llevó a cabo la expulsión posteriormente […]. Eso es lo que a mí me hace ver que existen ciertas anomalías dentro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria”, sostuvo Barajas Ruíz, quien es también el líder de la Corriente Solidaridad del PRI.
José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, se refirió ayer a este escándalo.
“Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción”, dijo a la prensa sobre Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y aseguró que en “su campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y del cual no se puedan rendir cuentas”.
Sin embargo, el trato preferencial a César Duarte no se observa sólo al al interior de su partido. El ex Gobernador de Chihuahua sigue hoy prófugo, mientras que otros ex mandatarios –también del tricolor– no han corrido este año con la misma suerte.
El pasado 10 de abril, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en Italia; el 15 de abril, el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue aprehendido en Guatemala; el 5 de junio, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, fue capturado en Panamá, y el pasado 6 de octubre el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pisaba la cárcel en Ciudad Victoria.
El analista político Enrique Toussaint Orendain explicó que dentro del PRI se suele ver a los casos de corrupción como particulares, cuando en realidad se trata de un sistema más complejo.
“Los casos de corrupción dentro del PRI no son frutas podridas que se salen del huacal ni tampoco errores individuales. Adentro del PRI existe toda un sistema orquestado de saqueos, de uso de los cargos públicos para enriquecer el partido. Por eso hay que ver el problema del PRI como un sistema. Lo hemos visto con otras operaciones fraudulentas, como son los casos de Monex, Soriana y Odebrecht”, expuso el politólogo.
RÉCORD EN ÓRDENES DE APREHENSIÓN
El 12 de septiembre pasado, el actual Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó 10 acusaciones penales en contra de César Duarte Jáquez, y la solicitud de detención con fines de extradición. Con 70 tomos, el mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) buscó cumplir con su promesa de campaña de someter a la justicia al ex funcionario nacido en Hidalgo de Parral.
“Tenemos 10 órdenes de aprehensión, todas y cada una de ellas son por delito de peculado agravado. Las 10 suman un total de mil 200 millones de pesos. Es una desviación de recursos del Gobierno del estado, en el cual este personaje está implicado”, detalló el vocero de la Fiscalía de Chihuahua Carlos Huerta Muñoz, en entrevista con SinEmbargo.
El onceavo requerimiento fue presentado por el ahora ex Fiscal de Delitos Electorales (Fepade) –que depende de la Procuraduría General de la República (PGR)–, Santiago Nieto Castillo. En esa orden se le imputa el presunto desvío de 14 millones de pesos del presupuesto de Chihuahua.
No obstante, y pese a la emisión de una ficha roja en la Interpol, la PGR no ha pedido a las autoridades de Estados Unidos la detención de Duarte Jáquez ni tampoco, a través de la Cancillería, se ha solicitado su extradición.
En marzo pasado, diversos usuarios de redes sociales reportaron con fotografías que Duarte estaba ubicado en El Paso, Texas; es decir, apenas a unos cuantos kilómetros de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua.
DETONA OTRO ESCÁNDALO
La reciente acusación de la Fiscalía de Chihuahua en contra del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Gutiérrez, radica en el desvío de 250 millones de pesos en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese dinero habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.
El desvío de recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente. El dinero federal presuntamente se disfrazó de recurso estatal para no ser revisado.
De acuerdo con el propio testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación fueron entonces avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada entonces por Luis Videgaray Caso, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a quien se considera uno de los hombres más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto.
“Es claro que la Presidencia de la República, y los procuradores que hemos tenido [Jesús] Murillo [Karam], Arely [Gómez González] y Raúl Cervantes [Andrade] son un tinado para la protección de estos hechos de corrupción que se traducen en impunidad y a mí me extraña fuertemente que, por un lado, se diga que no hay una carpeta e investigación contra Videgaray, o contra Beltrones”, destacó Jaime García Chávez, activista de Chihuahua y quien presentó la primera denuncia formal contra César Duarte, a quien acusó de usar recursos públicos del estado para fundar su propio banco.
Durante la primera audiencia de Gutiérrez, el Ministerio Público de Chihuahua sostuvo que fue el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, quien implicó a una red de funcionarios para desviar los millones de pesos. Esa red estaba conformada, entre otros, por el propio Duarte Jáquez, además de su ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera; el ex director de Adquisiciones de la entidad, Antonio Enrique Tarín; el ex Director de Administración, Gerardo Villegas, y el ex Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo.
Yáñez Herrera reveló un supuesto mensaje que envió Manlio Fabio Beltrones a Gutiérrez Gutiérrez en el que le decía que el dinero que presuntamente recibió el CEN del PRI, “ya no tendría retorno”.
De acuerdo con esta declaración, Gutiérrez Gutiérrez, ahora detenido, notificó a Yáñez y demás ex funcionarios estatales que el saqueo se llevaba a cabo al mismo tiempo en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa. A diferencia de los estados gobernados por el PRI, en Puebla el Gobernador era el panista –y también ex priista– Rafael Moreno Valle.
“Me parece grave que Jaime Herrera Corral, quien fue Secretario de Hacienda esté libre, que sea un informante del Gobierno local y que goce de la impunidad siendo que fue el cerebro y el ejecutor de la corrupción. Si consideramos que la defraudación es un delito de inteligencia, él es el inteligente, el poderoso y burdo era Duarte”, sostuvo García Chávez.
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LAS DUDAS SOBRE LA JUSTICIA
La trama ha despertado alertas en partidos políticos opositores al tricolor, que han alertado sobre las repercusiones electorales que pueden tener estos supuestos delitos.
Ayer, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el presunto financiamiento ilegal de las campañas del tricolor. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, consideró que la detención de Gutiérrez es suficiente para que la justicia mexicana se movilice en busca de Duarte Jáquez.
Sin embargo, para el analista Toussaint hay pocos visos para pensar que la PGR podrá indagar a fondo estos asuntos.
“Me parece que mientras tengamos esta Procuraduría que lo que hace es defender a los políticos, tendremos más casos como el de Odebrecht, donde no vemos una investigación medianamente articulada”.
Jaime García Chávez, quien presentó una denuncia en la PGR en septiembre contra el ex Gobernador priista por el delito de peculado, expuso que la dependencia ha puesto trabas para proceder contra César Duarte.
Ante la inacción de la PGR, un amparo con número 667/2017 que se ventila en el juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México exige a la dependencia a pronunciarse sobre esta investigación.
“La Procuraduría estaba cayendo en la desmesura de decir que no hay averiguación. Siendo que la averiguación está ahí y son alrededor de 100 mil hojas”, destacó García.
La celeridad con la que la PGR tramite esta denuncia podría sumarse a un expediente de extradición de Duarte Jáquez, dijo García Chávez.
Aunque, advirtió, al parecer no podría ocurrir en el corto plazo.
“El Juez de Distrito requirió al Procurador General de la República para que envíe al expediente completo de César Duarte al Juzgado para poder fallar el amparo, que tendría por consecuencia una orden de aprehensión […]. Y la Procuraduría se ha negado a la entrega del expediente vía la expedición de una queja, dice que no lo entregará porque hay muchas otras personas involucradas. La PGR quería reducir al Juez a resolver sin ver si estaban trabajando o no, sin ver el expediente”, explicó.
