El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos Feliciano Flores (Morena) propuso en una sesión posponer la reforma a la Ley General de Aguas exigida por ciudadanos desde 2012, y mientras solo normar el artículo 4 constitucional que propuso el Diputado Mario Mata (PAN), lo cual mantiene el acaparamiento de concesiones a empresas, contaminación e impunidad, advirtieron especialistas.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– En tiempos del salinismo y el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), Estados Unidos impuso a México una Ley de Aguas que durante décadas ha generado acaparamiento e impunidad de concesiones a empresas, contaminación por descargas ilegales y vulnerabilidad ante sequías e inundaciones, dijeron académicos y activistas que han exigido desde finales de 2012 una reforma contra la crisis de gestión del agua.
La Ley de Aguas se emitió en 1992 y se reformó en 2004 y 2008. Desde el 2012 el Congreso debe reformarla. Sin embargo, en sesión sin quorum el miércoles 18 de noviembre el Diputado morenista Feliciano Flores Anguiano y el panista Mario Mata Carrasco propusieron a la Comisión de Recursos Hidráulicos posponer hasta el siguiente periodo legislativo el consenso alcanzado durante meses entre ciudadanos y legisladores. El legislador blanquiazul planteó votar el próximo miércoles 25 de noviembre para solo normar el artículo 4 constitucional que mantendrá esta problemática y solo «pone un parche sobre el derecho al agua y saneamiento al ser mocha y regresiva», advirtieron especialistas. Mata, exalcalde de Delicias, Chihuahua, es socio de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) desde el 2000 y participó en el debate sobre el conflicto estatal respecto al Tratado de 1944 con Estados Unidos que estuvo en riesgo de incumplirse.
«El problema de las cuatro iniciativas de Ley [Morena, PT, PAN y ciudadana] que tenemos es que van a tener puntos inconstitucionales muy fuertes (como el artículo 115 sobre agua y alcantarillado municipal y el 63, derecho al trabajo y alimentación). El querer hacer una Ley General de Aguas es ambicioso y necesario. Pero no es posible sacarlo ahorita en estos pocos días que nos restan», declaró el miércoles durante la reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, la cual tuvo desde abril para dictaminar sobre el consenso formulado desde 2019.
Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que «no se puede continuar con la privatización del agua», y el Estado debe poner orden en el uso del agua y en una distribución equitativa de los permisos. «Tiene que haber una política completamente distinta. Permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en Grijalva y en el Usumacinta, porque allá nos afecta el agua por las inundaciones, pero en el centro del país y en el norte no hay agua. Y lo que se tiene que garantizar es que no falte el agua para el uso humano. En segundo lugar, para la agricultura de los cultivos básicos, y después para la industria», dijo.
En entrevista, el Diputado Mario Mata dijo que solo argumentó que las iniciativas a la nueva Ley de Aguas tienen puntos inconstitucionales que serían rechazados en el Pleno. Y determinó la importancia de definir «acaparamiento» de concesiones para regularlo. Sin embargo, consideró, el problema es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tiene la capacidad para aplicar las limitaciones de concesiones irregulares.
«El decreto de 2012 sobre el cual estamos trabajando dice que lo que hay que asegurar es el acceso universal al agua potable y al saneamiento. El consenso –que no ha sido votado solo discutido– es que saquemos una ley reglamentaria al artículo 4 constitucional, y que dejemos para el siguiente periodo el sacar una nueva Ley de Aguas Nacionales. Va a ser muy complicado sacarla adelante. Definitivamente sería el siguiente periodo que también no será fácil porque es corto y hay elecciones», aseguró.
«Que no se esté aplicando la Ley de Aguas no se va a resolver con una nueva Ley. Reconozco que hay concesiones irregulares, extracciones ilegales y eso propicia una falta de gobernabilidad en el país. Pero no es el problema de la Ley, sino que no se aplica», dijo. Respecto a la privatización del agua, planteó que la Ley establece que la concesión sea hasta 30 años, porque así una industria o agroindustria tiene una certeza jurídica para su inversión. «Que el Gobierno federal respete la propiedad privada, a los inversionistas y agricultores. Si hay malos manejos y acaparamiento, que lo definan y se combata».
No obstante, el académico de la Universidad Autónoma de México (UAM), Pedro Moctezuma, aseguró que desde el 14 de abril la Comisión de Recursos Hidráulicos presidida por el Diputado Feliciano Flores pudo empezar a dictaminar sobre el consenso sobre la Ley de Aguas. Desde mayo pasado, recordó, el panista Mario Mata ha argumentado sobre «la inconstitucionalidad» y presentó su propia iniciativa «como un parche para cumplir de una manera superficial y fragmentada con el transitorio 3 del artículo 4 constitucional reformado en 2012, pero manteniendo el status quo y sin darle al derecho humano y saneamiento ningún tipo de instancias, instrumentos ni políticas que lo garanticen».
«Nos ha costado siete años para que se agende el debate. Si aprueban ya una Ley General de Aguas totalmente mocha y sin cumplir con el acceso al agua de manera equitativa y sustentable, con participación ciudadana, y luego se van de campaña porque Feliciano quiere ser Gobernador de Michoacán y otros quieren reelegirse, ¿cree que se va a volver a discutir de nuevo y votar en 2021?», cuestionó el especialista.
Para muestra del acaparamiento, el 7 por ciento de las concesiones usan el 70 por ciento del volumen del agua, documentó Moctezuma. «Se presenta esta anomalía de los grandes millonarios del agua con concesiones millonarias muchas veces a nombre de mineras que además de destruir el medio ambiente le quitan el agua a los vecinos, los cuales no tienen acceso para uso doméstico», planteó.
La inspección, vigilancia y sanciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los concesionarios del agua como empresas y ejidatarios fue «limitada», determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2019. De 2015 a 2017 el órgano fiscalizador también ha detectado fallas de regulación del acceso al agua, entrega de mil 124 concesiones en 306 cuerpos de agua con déficit, fallas para asegurar el pago de derechos e inspecciones solo en el 1.7 por ciento de concesiones. A nivel estatal y municipal, las comisiones también son inoperantes, sin presupuesto ni capacidad técnica.
POR QUÉ LA LEY DE AGUAS DEBE REFORMARSE
En este marco de crisis de gestión del agua, desde diciembre de 2012 un grupo de académicos y activistas ha trabajado en cientos de foros para construir la iniciativa ciudadana a la Ley General de Aguas. En 2019 se laboró un consenso al interior del Poder Legislativo entre diversos actores ciudadanos y legisladores de diferentes partidos para contar con una reforma a la Ley de Aguas participativa.
Sin embargo, Omar Arellano-Aguilar, investigador en ciencias biológicas de la UNAM, coincidió en que es un momento «delicado» por este albazo de grupos «que están acostumbrados a hacer las cosas de manera muy poco democrática».
Además del acaparamiento de décadas, el académico diagnosticó que hay falta de abasto de agua en centros urbanos y rurales, más del 50 por ciento de las plantas de tratamiento tienen de mal a pésimo funcionamiento, no hay remoción de contaminantes emergentes por falta de normas y vigilancia, y ante el deterioro del agua superficial, se ha exacerbado la explotación de aguas subterráneas.
Frente a ello, la reforma a la Ley de Aguas debe sobre todo reconocer el derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos y acabar con el acaparamiento, contaminación e impunidad de los grandes usuarios, así como regular la descarga de sustancias prohibidas en otros países por sus efectos al ambiente y a la salud, y solo dar permisos de descargas residuales cuando se establezcan metas de remediación.
«No solo debe asegurar el derecho al agua y al saneamiento, sino detener la violación sistemática de estos derechos que han ocurrido a lo largo de las décadas», afirmó el académico en ciencias de la tierra. «A veces son irrisorias las multas a empresas que dañan de manera irreversible o por muchas décadas un ecosistema acuático».
Asimismo, la propuesta consensuada pausada por la Ley Flores-Mata plantea una Contraloría Social del Agua y una Defensoría del Agua articuladas por la Declaratoria de Zona Gravemente afectada por la Contaminación del Agua, la cual busca establecer medidas cautelares en esas regiones y revertir los daños a partir de cancelar o reducir descargas residuales.
Gloria Tobón, de la Asociación de Usuarios de Saltillo, planteó que la Ley de Aguas Nacionales no contempla los derechos humanos al agua y al saneamiento, no menciona los derechos de los pueblos indígenas a su agua, permite la participación privada de la prestación de los servicios, no reconoce los sistemas comunitarios, da a la Conagua funciones limitadas para gestionar el recurso y la participación ciudadana es muy acotada.
«El reglamento de la Ley de Aguas menciona los sistemas comunitarios, pero en la reforma que se había consensuado se incluían los sistemas comunitarios como sujetos colectivos con facultad de ser autoritarios del agua y el territorio, y estar facultados para participar de manera vinculante en la creación de programas de desarrollo hidrológico y urbano, por lo que no tendrían que tener de intermediarios al municipio», dijo la investigadora.
Por su parte, el director de CartoCrítica Manuel Llano expuso que el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Conagua no cumple con la política de datos abiertos, ya que aunque se han liberado ciertos datos no se conocen los documentos de títulos de concesión. «Tener información completa y desagregada permite tener mejores estudios, y conocer el tipo de uso y ubicación para saber quién los usa», dijo.
Los retos más urgentes, agregó, es que no hay una auditoría ni legislación del agua subterránea y se carece de control sobre titulares de derechos de agua (extracción, consumo y contaminación).
«No sabemos quién usa el agua ni para qué. No se paga ni se castiga lo correcto», evaluó. «Tampoco se está abordando el agua desde lo fiscal ni de protección al ecosistema. Lo que se tiene es una visión de mera infraestructura, donde se cree que solo se debe hacer bordos, presas o acueductos».
