La decisión se dio a conocer tras un video que presentó el miércoles en el que supuestamente Evo Morales habla por teléfono con un dirigente con el que coordina los bloqueos para dejar sin alimentos a las ciudades.
Por Paola Flores
La Paz, Bolivia, 22 de noviembre (AP).— Un acuerdo de todas las fuerzas políticas bolivianas se concretó el viernes para convocar nuevas elecciones que no contemplarían la participación del ex Presidente Evo Morales, quien fue acusado por sedición y terrorismo tras un mes de una convulsión social en el país andino que hasta ahora ha dejado al menos 32 muertos.
El acuerdo se alcanzó por la noche tras complicadas negociaciones entre ambas partes y se le plasmó en un proyecto de ley que será entregado el sábado por la mañana ante el pleno del Senado. En caso de ser aprobado sería derivado a la cámara de Diputados.
El Senador Oscar Ortiz, del Gobierno de transición de Jeanine Áñez, informó sobre el consenso, que anularía las elecciones del 20 de octubre.
Además de un padrón saneado, se esperan nuevas alianzas y frentes políticos para participar de la contienda electoral.
“Se hará respetar la Constitución, que una persona sólo puede ocupar un cargo electivo por dos periodos de forma continua”, explicó Ortiz.
En el proyecto no se incluye a Morales, quien gobernó el país por casi tres periodos constitucionales de cinco años antes de renunciar.
Más temprano, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó dos demandas penales contra el Morales y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por sedición y terrorismo.
La decisión se dio a conocer tras un video que presentó el miércoles en el que supuestamente Morales habla por teléfono con un dirigente con el que coordina los bloqueos para dejar sin alimentos a las ciudades.
“Este audio será verificado en Argentina y también pediremos a la empresa telefónica para verificar de donde es la llamada”, explicó el fiscal general Juan Lanchipa.
Poco después, el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de inaceptable el supuesto video del ex Presidente, quien habría pedido bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.
Paralelamente, el cuerpo diplomático le dio el saludo protocolar a la Presidenta interina Jeanine Áñez, quien cumple 10 días de Gobierno. Al evento no asistieron los embajadores de México, Nicaragua y Cuba.
El embajador de Rusia, Vladimir Ivanovich, dijo que su Gobierno reconoce y apoya el mandato transitorio de Áñez.
En tanto, la gobernante interina explicó que su gestión está siendo muy difícil por las fuertes protestas con bloqueos que provocaron escasez de alimentos y combustible, sobre todo en La Paz, donde está la sede del Gobierno. También pidió ayuda internacional para llevar a cabo las elecciones lo más antes posible.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica han hecho un llamado al acercamiento de todas las partes.
El cardenal Toribio Ticona pidió al pueblo boliviano deponer los actos de violencia y que sea el diálogo el camino de salida a la crisis.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, se reunió con la canciller boliviana Karen Longaric para recibir su evaluación sobre la situación de derechos humanos en Bolivia.
Tras un mes de conflicto han muerto al menos 32 personas, entre ellas dos policías.
Morales renunció el 10 de noviembre alegando un golpe de Estado tras quedar cercado por las protestas contra un supuesto fraude electoral y perder el apoyo de la policía y los militares. Actualmente está asilado en México.
Una auditoría de la OEA corroboró las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre y recomendó nuevos comicios.
En las protestas callejeras de los partidarios de Morales ya no se escuchan voces a favor del regreso del ex mandatario: ahora piden la renuncia de Áñez por las muertes de manifestantes y el uso de militares para reprimir las manifestaciones.
La planta de combustible que surte a La Paz y El Alto, donde el martes murieron ocho personas cuando policías y militares rompieron el cerco para sacar camiones cisterna y abastecer a ambas ciudades, sigue rodeada por manifestantes que exigen la renuncia
de Áñez.
