En ninguna parte de la Constitución se le otorgan facultades al Presidente (y menos Presidente Electo) para perdonar actos en donde hay claros indicios de corrupción.

El perdón que sugiere Andrés Manuel López Obrador sería ilegal y sugeriría que continuará con el modelo de procuración de justicia en donde el ejecutivo decide los designios de la justicia de acuerdo a su vaivén político.

AMLO declaró: “punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía a exfuncionarios que presuntamente habían cometido actos de corrupción” y que “perseguir a presuntos exfuncionarios corruptos crearía condiciones de discusión en el país que él no considera adecuadas”. En consecuencia, plantea una suerte de amnistía a la corrupción del pasado, aunque agrega que no se trata de “truncar procesos judiciales ya abiertos por la actual administración”, los cuales, insistió, “deben seguir su curso legal”. Por si hubiese alguna duda, agregó: “Es un perdón, sí, es un perdón. Así, es lo que se está planteando”.

A unos días de tomar posesión como presidente constitucional sus declaraciones en contra de castigar corruptos (que abundan) en la administración de Peña Nieto parecería una contradicción sobre lo que prometió en campaña.

Hay consenso en el país – de acuerdo al INEGI- en que los dos problemas más graves que sufre México son la inseguridad pública y la corrupción. Desde temprano en la carrera electoral AMLO tomó la bandera anticorrupción de manera eficaz. Ningún otro candidato pudo arrebatársela. La tracción política del candidato de Morena sin lugar a duda se basó en atender y prometer respuesta a uno de los problemas más graves que aquejan a la sociedad.

AMLO remató con Carmen Aristegui diciendo que “perseguir a los corruptos polarizaría el país y nos empantanaríamos… generaría inestabilidad (sic)”.

El perdón de facto implicaría reforzar un régimen de impunidad que tanto daño le ha hecho a México. La justicia no es venganza. La justicia no es persecución. La justicia es lo único que puede combatir la impunidad y ser una señal que inhiba actos futuros. Mostrar la diferencia entre cada uno es básica aproximación.

Una amnistía de facto aseguraría la impunidad para un número sin precedente de funcionarios que han desviado recursos públicos cuyo destino debió haber sido el desarrollo económico, los programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad y no el enriquecimiento personal, el beneficio privado o las campañas políticas.

Según Mexicanos Contra la Corrupción “A esta decisión, se agregan otras medidas que ponen en duda la voluntad del próximo gobierno para honrar el mandato de combatir la corrupción y la impunidad que recibió en las urnas: su negativa a reformar el artículo 102 de la Constitución para dar garantías de autonomía y eficacia a la nueva Fiscalía General de la República; la expedición de una Ley Orgánica de la FGR que no garantiza la independencia de la institución ni la creación de capacidades de investigación; la libertad del Poder Ejecutivo para remover al Fiscal; el anuncio de la iniciativa para eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el respaldo a la llamada Ley Compadre que permitirá al gobierno de Tabasco asignar de manera directa aquellas obras de infraestructura que sean estratégicas.

¿Qué estará viendo el Presidente Electo para decidir ir en contra de la voluntad popular de desterrar la corrupción? ¿Qué negociaciones –si es que las hubo- implicaban garantizar un régimen de impunidad a los corruptos salientes?

Ante el alud de corrupción en el país y siendo pragmáticos, sería imposible perseguir a “todos los corruptos”. Ir desde el presidente municipal al presidente de la República generaría oscilación política y sobrepasaría la capacidad del Estado para investigar. Pero en política el mensaje lo es todo. La incapacidad para enjuiciar a todos no debería inhibir el anhelo de justicia y combate a la corrupción.

Pero algún cálculo ha hecho AMLO y sabe que no puede. El estado en el que se encuentra la PGR no le daría la capacidad para dar un mazazo de justicia a la clase política del país (suponiendo, claro está, que esa fuese su voluntad).

Por lo tanto, cabría preguntarse si la decisión del próximo presidente versa no dentro de una partitura de procuración de justicia sino más bien de un cálculo político. Lo que no cuadra es el rechazo que AMLO ha dado a fortalecer la PGR. Entendería que la tentación de tener la procuración de justicia dentro de su órbita de poder es demasiado para dejarla ir. Sin embargo, lo que México necesita es justicia y que esta no dependa de la política.

Las señales de AMLO acercan nubarrones. Sin caer en tragedias apocalípticas, se deberá seguir muy de cerca cómo el próximo presidente combate a la corrupción y la impunidad, si es que lo hace. Lo más sencillo sería administrar la crisis, veremos por qué camino opta.

Pero que quede claro, AMLO no tienen la facultad para perdonar a los corruptos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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