Entre 2013 y 2018, la eficiencia y efectividad de las investigaciones de la PGR tocaron un nuevo fondo. La crisis que la dependencia federal vivió durante el sexenio calderonista (2006-2012) recrudeció –según las cifras oficiales– durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Al cierre de 2013, cuando Peña Nieto cumplió su primer año de mandato, el 13 por ciento de las investigaciones de la PGR eran devueltas o desechadas por los jueces, según datos estadísticos del “Sexto Informe de Gobierno” del Ejecutivo Federal. En la actualidad, cuatro de cada cinco carpetas (el 80.2 por ciento) son desestimadas.
Las fallas de la PGR no son sólo una cuestión de cifras. Casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, o los de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte –por mencionar algunos– reabren la herida que no sana. Y ponen en evidencia la debilidad institucional en materia de impartición y procuración de justicia, así como la persistente violación de derechos humanos por parte de las autoridades federales.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició el actual sexenio con una carga negativa de efectividad. Los fracasos y las pifias cometidos en los procesos de investigación durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa obligaron al Presidente Enrique Peña Nieto, a casi dos meses de asumir funciones, a llamar al Poder Judicial a evitar casos como el de Florence Cassez.
“Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Por ello […] la instrucción al Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] y al Procurador General de la República [Jesús Murillo Karam] es que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal [y] del Ministerio Público de la Federación se realicen con estricto apego a derecho”, dijo Peña en enero de 2013.
Un día antes de su alocución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Cassez, condenada en 2007 a 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Aunque el Máximo Tribunal no exculpó a Cassez de los delitos, fue liberada por las irregularidades en el proceso de investigación y por la violación a sus derechos humanos, luego de que elementos del Ministerio Público Federal simularan su arresto para producir un video, transcurridas 24 horas de ocurridos los hechos.
El caso de Florence Cassez culminó la serie de tropiezos procesales en contra del crimen organizado durante el sexenio calderonista –por ejemplo, la “Operación Limpieza” (2008), la “Operación Cancún” (2009) y el “michoacanazo” (2009)– e inauguró los desaciertos que tendrían las autoridades judiciales en lo sucesivo.
Al cierre de 2013, cuando Peña Nieto cumplió su primer año de mandato, el 13 por ciento de las investigaciones de la PGR eran devueltas o desechadas por los jueces, según datos estadísticos del “Sexto Informe de Gobierno” del Ejecutivo Federal.
Entre enero y junio de 2018, cuatro de cada cinco carpetas de indagación (el 80.2 por ciento) fueron desestimadas. Y de las carpetas atendidas que llegaron a un juzgado, una de cada cinco (14.3 por ciento) resultó en el ejercicio de una acción penal (en 2014, menos del nueve por ciento de los casos fueron penados).
Esto implica que, durante los primeros seis meses de este año, el nueve por ciento (real) de los casos de la PGR incluyó un castigo por la comisión de un delito. Sólo en el tres por ciento de ellos, el culpable fue detenido.
La falta de eficiencia de la Procuraduría no sólo es cuestión de cifras.
A principios de este año, por ejemplo, el diario New York Times reveló que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) se negó a cooperar con la PGR en el caso de espionaje gubernamental a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos (2017) por considerar que las autoridades mexicanas no estaban conduciendo una “investigación seria”.
Asimismo, entre 2015 y 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo 47 observaciones a la PGR “para preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable” (por fallas en el estricto apego a derecho). Pero al cierre de 2017, el órgano judicial sólo había cumplido con nueve.
Esto en un país en que los casos “más representativos” del actual sexenio –Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán– involucran violaciones a derechos humanos y reflejan la “debilidad institucional del país”, acusó en marzo de este año el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
LOS 10 CASOS EMBLEMÁTICOS
Entre 2014 y 2018, la eficiencia y efectividad de las investigaciones de la PGR tocaron un nuevo fondo. La crisis que la dependencia federal vivió durante el sexenio calderonista (2006-2012) recrudeció –según las cifras oficiales– durante la administración de Peña Nieto.
En el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, el Gobierno federal se casó con su dictamen, según el cual, los cuerpos sin vida de los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula (Guerrero).
Empero, hasta este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sostuvo que no hay evidencia científica que corrobore la “verdad histórica” de la noche del 26 de septiembre de 2014.
Entre los errores en las diligencias de investigación, el EAAF destacó las deficiencias en los perfiles genéticos utilizados como prueba, la contaminación de la escena del crimen, la falta de datos procesados, la presencia de restos humanos que no corresponden a los normalistas, así como quemas en Cocula desde 2010 (y no sólo en 2014).
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso de valoración de pruebas “es un medio para realizar la justicia y ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades, sin que por ello se afecte la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes” (sentencia del caso Lori Berenson Mejía versus Perú).
La “verdad histórica” del Procurador Murillo Karam –instruido por el Presidente (2013) para evitar errores o violaciones al debido proceso– enmarcó, en ese sentido, la realidad que el país viviría por seis años: la versión de los hechos de la autoridad, a pesar de las pruebas.
En muchos casos –como los que recordaremos a continuación– el impropio manejo de procesos, y las acciones y omisiones de las autoridades, reafirmaron su incapacidad de procuración de justicia.
TERESA, JACINTA Y ALBERTA
En 2006, tres indígenas otomíes de Querétaro –Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan– fueron arrestadas y sentenciadas por el presunto secuestro de seis agentes federales y posesión de cocaína. Entre 2009 y 2010, gracias a una sentencia de la SCJN, fueron liberadas por falta de pruebas.
Aunque esto inició en el sexenio de Calderón, fue hasta 2017 que la PGR –obligada por una sentencia judicial– ofreció disculpas a quienes incriminó en un acto de injusticia.
La omisión del reconocimiento de responsabilidad, como primer paso para la reparación integral a las agraviadas, detuvo la procuración de justicia, considerando que “siempre un gobierno puede reconocer responsabilidad y aceptar investigar, y efectuar reparaciones”, según la CIDH.
TLATLAYA
El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, 22 civiles perdieron la vida por “ejecuciones extrajudiciales” a manos de miembros del Ejército Mexicano (CNDH, recomendación 51/14). En un principio, las autoridades estatales y federales concordaron con una versión: fue un enfrentamiento con los pobladores –lo que fue incierto– en un momento en que los castrenses buscaban a integrantes del crimen organizado.
Este caso de presunta violación de derechos humanos incluyó errores en las investigaciones que, hasta la fecha, no permiten saber lo que en verdad sucedió (y que constituye, en sí y por sí solo, una violación a los ddhh). Así, las autoridades fueron señaladas de obstaculizar las investigaciones para cubrirse las espaldas.
Según la CNDH, hubo indicios de confesiones obtenidas bajo tortura, necropsias inexactas, inadecuada preservación del lugar de los hechos, dilaciones injustificadas en el proceso de indagatoria, mala fijación fotográfica, anomalías en la cadena de custodia de la evidencia, entre otros.
“EL CHAPO”
La Procuraduría también ha sido involucrada en errores “de película”. Por ejemplo, cuando en abril del año pasado el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue enviado “por equivocación” a una cárcel exclusiva para mujeres (entre otras cosas, por un malentendido derivado de un comunicado de la PGR).
En julio de 2015, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se escapó de una prisión de alta seguridad. Tres semanas después de la aprehensión del capo mexicano (8 de enero de 2016), la PGR presentó un video en el que explicaba las labores de inteligencia para su captura.
El video, no obstante, fue retirado porque tenía errores (como el día de captura, fechada el día 9 de enero). La pifia se sumó a las irregularidades procesales que, a final del mes de enero de 2016, impidieron que las autoridades federales acreditaran responsabilidad penal en contra de nueve funcionarios acusados de facilitar la fuga (un juez federal determinó falta “de los elementos básicos probatorios”, según la causa penal 48/2015).
El “AVIONAZO”
En febrero de 2017, la SCJN y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinaron que la PGR y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) incurrieron en “actividades administrativas irregulares” al momento de asegurar, en el año 2000, un avión ligado a operaciones del crimen organizado.
Las autoridades, asimismo, decretaron que la PGR –que usó el avión durante seis años como parte de su flota de vehículos– “alteró el estado físico de la aeronave”, situación que impidió “que sirviera como prueba en el proceso penal”.
A 17 años de iniciado el juicio de amparo de la empresa dueña del avión, no hubo detenidos y la PGR y el SAE fueron obligados a pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a privados.
“EL CHÓMPIRAS” Y EL “CONTADOR”
En mayo de 2017, Víctor Giovanni González Sepúlveda –así como varios escoltas de Dámaso López Núñez, capo del narcotráfico– fue detenido por operar las finanzas del Cártel de Sinaloa.
En tribunales, la defensa de “El Chómpiras” demostró que la PGR lo arrestó de “forma indebida” y que la mayor parte de las pruebas en su contra no se sostenía por fallas de peritaje (o prueba técnica). En consecuencia, tres de cuatro delitos imputados –entre ellos el de delincuencia organizada– se vinieron abajo.
Un año después, sucedió lo mismo con José Alfredo Cárdenas Martínez, señalado de ser el líder del Cártel del Golfo. En febrero de 2018, “El Contador” fue puesto en libertad por errores de la PGR al momento de presentar pruebas sobre la legalidad de su detención por parte de militares de la Marina-Armada de México.
SIEMBRA DE PRUEBAS
El 7 de septiembre de 2015, sobre el Eje 10 capitalino, 10 agentes de la PGR detuvieron a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber que acusó irregularidades cometidas por la empresa OHL, en la construcción y operación de vialidades ubicadas en el Estado de México.
Los oficiales fueron grabados al momento de la detención, en que habrían sembrado un arma de fuego en el vehículo de Díez Gargari, con la finalidad de culparlo de portación ilegal de armas. La “simulación de pruebas” –ilícito previsto en el Artículo 248 Bis del Código Penal Federal– acarreó un acto de formal prisión en contra de los policías. Sin embargo, por tratarse de un “delito no grave”, mantuvieron su libertad a pesar de haber sido procesados.
JAVIER DUARTE
A principios de este año, las irregularidades en la investigación del caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obraron a su favor. La falta de pruebas suficientes y su obtención sin una autorización judicial previa, desmoronaron el caso.
Como resultado, la PGR anunció que cambiaría la acusación en contra de Duarte por delincuencia organizada, a asociación delictuosa. La reconfiguración del delito implicó la posibilidad de una condena más corta (de cinco a 10 años, en lugar de 20 a 40) e inclusive, la posibilidad de que Duarte –quien permanece bajo arresto desde 2017– cumpla su condena en libertad condicional.
ELBA ESTHER
En febrero de 2013, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue arrestada por los delitos de defraudación fiscal, crimen organizado y lavado de dinero.
Este año, el caso de la maestra Gordillo se vino abajo porque las pruebas en su contra fueron conseguidas sin autorización judicial. Esto mismo sucedió en los casos de los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez (este último amparado por falta de competencia de las imputaciones de la PGR).
“LA RANA”
La cadena de errores derivada de la “verdad histórica” (2014) se alargó. A mediados de marzo de 2018, Erick Sandoval, un profesor de educación física, fue confundido con “La Rana” e identificado, por tanto, como uno de los corresponsables de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Sandoval fue liberado más de siete meses después de su detención “bajo las reservas de la Ley”. Durante el proceso, articulado a partir de un retrato hablado, los elementos de la Procuraduría intentaron amoldar su perfil con el del retrato, que derivó en la “equívoca detención” que “acentúa la violación al derecho a la verdad y el de acceso a la justicia que corresponde a las víctimas de los trágicos hechos de Iguala”, afirmó este año la CNDH.
