La llegada de Donald Trump a la Presidencia de EU, el próximo 20 de enero, marcará el inicio de la renegociación del TLCAN, tal y como el mismo empresario lo adelantó: o México y Canadá renegocian, o el acuerdo comercial, que tiene 22 años en operación, termina en agosto de 2017. Para México, el Tratado ha dejado, de acuerdo con expertos, mayor desigualdad económica y social. Pero también beneficios en términos de exportaciones y fuentes de empleos. Lo que sucede, dicen, es que esos trabajos se concentraron en la manufactura, y ésta actividad industrial desplazó al campo y otras actividades tradicionales.
Y ahora, de atacar Trump a esa industria, de la que el país es altamente dependiente, el impacto sería muy alto para la economía de las familias mexicanas. Esos obreros no encontrará otras áreas productivas hacia dónde mudarse.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– A partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio convirtió a México en un país “exportador”. Al quedar eliminados entre los dos países los impuestos a la circulación de bienes, como los vehículos nuevos y los insumos para fabricarlos, el valor de la producción enviada a Estados Unidos aumentó casi ocho veces desde 1993, de acuerdo con la Secretaría de Economía, al crecer de 23 mil 766 millones de dólares entonces, a 178 mil 432 en 2015.
Esta riqueza, sin embargo, no se tradujo en igualdad económica. De acuerdo con la más reciente revisión sobre la “política laboral” difundida este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las inversiones extranjeras directas que generaron estos niveles de exportación llegaron a México “a aprovechar los bajos salarios nacionales en relación con los que se encontraban en sus países de origen”, y la mano de obra mexicana es ahora una de las más baratas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos: 90 centavos de dólar por hora en 2015; siete veces menos que en Estados Unidos, donde entonces era de 7.2 dólares.
En el país que acaba de elegir como Presidente al empresario y personaje televisivo Donald Trump, mientras, cálculos del Instituto de Política Económica citados desde la precampaña indican que el traslado de inversiones a México a partir del Tratado de Libre Comercio costaron también la pérdida de casi 700 mil empleos hasta 2010, la mayoría en el sector manufacturero.
Y el descontento entre la población norteamericana afectada por esas pérdidas, se ha advertido en diversos análisis, fue utilizado por el ahora Presidente electo, que basó parte de su exitosa campaña por la Presidencia de Estados Unidos en cuestionar el TLC con México.
“Los automóviles solían ser hechos en Flint, y no podías tomar el agua de México. Ahora, los automóviles se hacen en México y no puedes tomar el agua en Flint”, dijo Trump en septiembre en esa localidad que hace meses es noticia por la contaminación de sus redes de agua potable y cuyo estado, Michigan, perderá en 2018 una planta que Ford anunció que instalará en México.
“Perdemos en todo; perdemos en trabajos; perdemos en dinero; perdemos en todo. Entonces, lo que yo diría es: ‘No quiero que hagas eso. Y si lo haces, no vas a tener ningún automóvil cruzando la frontera a menos que pagues un impuesto del 35 por ciento. Eso es todo”, dijo Trump en un acto de campaña en Dallas, también en septiembre pasado.
“Lo garantizo. Digamos que hago esta llamada a las nueve de la mañana, a las cinco de la tarde creo que el trato está hecho: se mueven de regreso a los Estados Unidos”, agregó el entonces candidato republicano.
Su triunfo, coinciden analistas, plantea entonces escenarios tan inéditos para el rumbo de la historia económica mundial de las últimas décadas como inciertos y hostiles para México, dependiente de las exportaciones manufactureras a tal extremo que cualquier modificación en su detrimento al acuerdo de libre comercio puede ser fuga de capitales, mayor desempleo, mayor caída en los salarios y mayor pobreza.
“Hicimos algunas estimaciones y, si Estados Unidos le impusiera por ejemplo los aranceles anunciados a la industria automotriz, al siguiente año habría un decrecimiento en la producción de un 2.3 por ciento”, dice Armando Sánchez Vargas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Con ese decrecimiento se vería afectado el empleo de inmediato, habría menor consumo y, al final del día, veríamos un efecto contractivo. Tampoco podríamos esperar el crecimiento del Producto Interno Bruto si se imponen estas medidas, y podría ser menor al uno por ciento”, agrega el investigador en entrevista con SinEmbargo.
SIN “PLAN B”
El abaratamiento del salario en México en las últimas tres décadas es una cifra oficial. En 2014, en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de Enrique Peña Nieto reportó que, “durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8 por ciento”; es decir, de casi tres cuartas partes de lo que la población podía comprar con a finales de los años 70.
Y en este declive, estimó desde 2014 el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo, intervino el cambio de paradigma en la política económica que no sólo dejó de considerar al aumento al salario como motor del crecimiento, sino que propició una competencia global por abaratarlo.
“Debido al outsoursing o subcontratación, las políticas de ajuste y la velocidad de movimiento de los flujos de capitales, se dio una competencia por abaratar los salarios para mejorar la competitividad en el mercado mundial”, dice Escobar en “Salarios Mínimos: desigualdad y desarrollo”, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“El salario ya no se consideraba, como en el pasado, un factor de crecimiento sino una variable residual, que se mide por los índices de productividad. Ello propició además a flexibilizar el empleo y abaratar aún más el salario”, agrega el texto.
Entrevistado esta semana luego del triunfo de Trump y de su anuncio de renegociar el TLC, Escobar Toledo planteó que el modelo exportador ha sido desigual y que benefició sobre todo a las empresas norteamericanas y algunos sectores reducidos de México, mientras que las condiciones generales del trabajo, como los salarios y la protección legal, disminuyeron.
Pero cancelar este esquema ahora, dijo, enfrenta a México al problema de no haber desarrollado ningún plan económico alterno, por lo que eliminar aún esas fuentes de empleos, como ocurre con la caída de los precios del petróleo, tendrá claras repercusiones negativas.
“No hay nada que lo sustituya; tendría que haber un cambio no sólo para generar ingreso de dólares, sino para generar nuevas ramas productivas que puedan crecer no a partir de las exportaciones sino del consumo interno, y para eso se necesita subir los salarios, distribuir mejor el ingreso e impulsar la construcción de infraestructura a cargo del Estado”, explicó.
La política económica de México, sin embargo, ha ido en sentido inverso y no sólo el salario ha quedado rezagado para mejorar su posición en la competencia por la inversiones extranjeras, sino que la industria nacional, advierte también la ASF, quedó desintegrada del modelo exportador, redujo su rentabilidad, hubo cierres, menos contrataciones, aumento de población en edad productiva y, como consecuencia, déficit de empleos, emigración a Estados Unidos y un mercado laboral informal del que viven casi seis de cada diez mexicanos ocupados.
DEPENDENCIA RIESGOSA
En el campo mexicano, por separado, la integración comercial motivó un cambio en la estrategia de intervención del Gobierno federal que terminó sin los beneficios esperados y concentrando el grueso de la producción, advierte también la ASF, en sólo un 28 por ciento de la tierra cultivable.
“[El Gobierno federal] dejó de participar en el proceso de producción y distribución de insumos, en la desregulación de las actividades agropecuarias, con la premisa de incrementar la productividad de las unidades de producción, promoviendo una reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de frutas y hortalizas, y le restó importancia a la producción de granos básicos”, dice la revisión de la ASF a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) difundida en el más reciente informe.
En ese contexto, agrega la ASF, “los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas pudiesen competir con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y participación privada en el sector, por lo cual se implementó el Programa Nacional de Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue incrementar el bienestar de la población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y reducir las regulaciones”.
El pago de estos subsidios, sin embargo, reportó la ASF este año en su revisión al programa Proagro Productivo de la Sagarpa, se entregó a personas que no forman parte de la población objetivo y, por tanto, no están asociados al incremento de la producción ni a la productividad del campo mexicano, la cual sigue siendo baja y en desequilibrio con el resto del desarrollo regional.
“A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que muestra un estancamiento de la productividad, debido a que anualmente se cultiva alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles, de las cuales el 28 por ciento (que concentra el 60 por ciento del valor total de la producción) cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal”, dice la auditoría citada.
El modelo “exportador” entonces, si bien ha abaratado los salarios, quedó como fuente casi única de ingresos formales en México. Y en el futuro político, advierte Saúl Escobar Toledo, no se advierte una posición diferente a la del casi total abandono del Estado sobre la planeación económica.
“Estamos metidos en el modelo exportador”, dice Escobar Toledo. “Por lo que lo más probable es que, si el Gobierno de Estados Unidos impone nuevas condiciones más favorables para ellos a cambio de mantener el Tratado o un acuerdo comercial, el Gobierno mexicano va a aceptar, y eso es también un peligro”, agrega Escobar Toledo.
Lo previsible para México, advierte, será aún más incertidumbre económica, fuga de capitales y probables despidos de las plantas automotrices que “afectarán más a los mexicanos más vulnerables”.
LIBRE COMERCIO, A JUICIO
ADEMÁS
Una modificación por parte de Estados Unidos al rumbo “globalizador” de la economía no estaba en la mentalidad de casi ningún economista del hemisferio, dice Sánchez Vargas.
México apostó también por la apertura económica desde mediados de la década de los años ochenta, cuando firmó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (Gatt, por sus siglas en inglés) y, hasta este año, ha celebrado una red intercambio comercial libre de aranceles con 46 países.
El paradigma, sin embargo, parece haber entrado en una abrupta fractura este año, con la elección de un Presidente de Estados Unidos que basó su campaña, en parte, en cuestionar los resultados que ha tenido para ese país la firma del TLC con México, al que ha llamado “el peor acuerdo comercial de la historia”.
Por tratarse de un empresario y personaje del espectáculo norteamericano conocido por sus comentarios excesivos, los entrevistados coinciden en que a la retórica de modificar el TLC una vez en el Gobierno le falta aún convertirse en realidad.
Pero aun así, dice el economista Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Trump tendrá como Presidente “amplios poderes para definir cualquier cosa que tenga que ver con el comercio” y podría cancelar el TLC con sólo seis meses de aviso.
En ese caso, explica el egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, este país podría todavía apelar al principio de trato de “Nación más favorecida” de la Organización Mundial de Comercio, que protege a sus integrantes contra la imposición de un arancel que sea mayor que los que un país, en este caso Estados Unidos, aplique al resto.
Por lo que para lograr imponer un arancel del 35 por ciento sólo a las importaciones de vehículos manufacturados en México, explica Molano, Trump debería sacar a Estados Unidos también de la OMC, lo cual, considera, sería como regresar unas seis décadas en la historia económica del mundo.
“Su visión sobre los organismos internacionales revela una profunda ignorancia de lo que ha permitido mantener las instituciones desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora”, dice Molano.
“La sociedad norteamericana puede estar concentrada en sectores sofisticados de la economía, pero es porque el resto del mundo está haciendo lo básico, y salirse de los tratados comerciales afectará a esta economía. Ojalá que alguien le explique esto”, agrega.
Otro principio de la relación comercial que Trump debería conocer, señala el integrante de IMCO, es que entre más critica a México, más valor tiene el dólar frente al peso y esto, explica, es otro de los incentivos para que las plantas manufactureras norteamericanas decidan instalarse en este país vecino.
“Espero que alguien más tome el control, que se canse del juguete nuevo y las cosas en el Gobierno corran más o menos en automático”, dice Molano, agregando que si los cargos del gabinete claves para la economía mundial, como el del Tesoro o de Estado, recaen en “republicanos tradicionales”, es probable que el modelo de libre comercio con México continúe casi intacto.
Pero “hay que recordar que algo deberá dar al voto duro, sobre todo del Medio Oeste, y no va a ser como antes”, dice.
