Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CdMx, detalló que durante las pesquisas al Cártel Inmobiliario se ha podido comprobar que la estructura de este grupo se encontraba “mucho más establecida” de lo que se pensaba por la gran cantidad de elementos y personas involucradas en todos los niveles de gobierno.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Los vínculos del llamado Cártel Inmobiliario, una red de corrupción operada por exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez que permitió construcciones irregulares en la demarcación, alcanzaron hasta el Registro Público de la Ciudad de México, aseguró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario indicó que las investigaciones se han descubierto documentos que mostrarían un vínculo con diversas áreas del “gobierno central”.
“Hemos encontrado vínculos que van desde la parte del gobierno central, áreas que coadyuvaron a que fueran creíbles los documentos que generaron a estas personas tanto en el Registro Público como en otras áreas que estarían involucradas, aunque la principal responsabilidad sigue sobre estas personas toda vez que ellos son los que firmaron los documentos, pero hay claridad de que hubo expedición de documentos que pueden declararse desde apócrifos hasta no modificadores de la propia de la propia norma, o sea entregaron cosas que tal vez ni venían al caso y se fueron sin que estuvieran en condiciones reales de poder dictaminarlos como tal”.
El pasado 19 de octubre, Nicias René Aridjis Vázquez, quien fungió como director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, fue detenido por las autoridades capitalinas. Es señalado como uno de los presuntos líderes del llamado “Cártel Inmobiliario”. Sin embargo, horas más tardes salió del Reclusorio Norte luego de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y le dictara la medida cautelar de prisión domiciliaria por motivos de salud.
La decisión fue tomada por el juzgador durante la celebración de la audiencia inicial por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del exfuncionario identificado como uno de los presuntos líderes del llamado Cártel Inmobiliario.
Desde las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx), el Juez también determinó dar un plazo de seis meses para la realización de la investigación complementaria.
Ante esta situación, Ulises Lara detalló que la medida cautelar de prisión domiciliaria no significa que Nicias N. se encuentre libre e indicó que tendrá que realizarse una segunda audiencia en donde probablemente se establezca una sentencia.
“En el caso de este señor (Nicias René Aridjis Vázquez) que se logró su captura, para hacer muy puntuales, se presentó ante Juez y se logró su vinculación a proceso, es decir, que se encontraron elementos suficientes para declarar que había sido correcta la detención y que la persona sería sometida a un juicio por las imputaciones formuladas. Se determinó que debería de ser entonces alguien que debería de estar bajo presión preventiva justificada, no así la oficiosa que tiene que ver con otros delitos, sino que había elementos para ello la prisión entonces está obtenida y la modalidad fue resultado de una precisión que hicieron su defensa sobre el estado de salud que guarda esta persona y que de manera temporal ha decidido el Juez que pueda llevar a cabo este esta medida cautelar en su domicilio, pero no significa que esté ni libre ni que pueda seguir causando algún otro tipo de daño o deterioro”.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina aseguró que las investigaciones en torno a este grupo avanzan cada día con solidez y recalcó que este tipo de actos de corrupción no sólo afectan al Gobierno, sino causan profundo daño en la ciudadanía.
“Estamos avanzando diría yo con mucha solidez en la construcción primero de estas formas de trabajo que son completa y absolutamente deleznables, no podemos aceptarlas, no solo afectan el erario público, es decir, no dañan al gobierno, sino dañan a la ciudadanía, dañan a la convivencia en un espacio urbano tienen impacto sobre nuestra vida cotidiana y lo mejor, lo deseable, es que no pueden seguirse repitiendo este tipo de prácticas porque también se pierde desde la confianza en la autoridad la violación en la norma y en general a vulnerar la situación del estado y los ciudadanos”.
Junto con Luis Vizcaíno, exdirector Jurídico y de Gobierno, —quién ya se encuentra preso en el Reclusorio Norte—, Nicias René Aridjis Vázquez es señalado por la FGJ-CdMx como uno de los principales ex funcionarios que se han enriquecido y han realizado actos de presunta corrupción con permisos inmobiliarios en más de 69 inmuebles ilegales.
De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que estos servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
Luis Vizcaíno Carmona, quien fue el exdirector general jurídico y de gobierno de 2009 hasta el 2016 en las administraciones de Mario Palacios Acosta y el Diputado federal panista Jorge Romero, fue detenido desde el pasado 30 de julio acusado de haberse enriquecido a través de extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.
Al ser cuestionado por Álvaro Delgado sobre si hay más personas relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, Ulises Lara aseguró que la Fiscalía General de Justicia capitalina trabaja para dar con todos los responsables y entregarle resultados precisos a la ciudadanía.
“Nosotros estamos en una idea muy puntual y lo ha dicho la propia Fiscal general Ernestina Godoy y es llegar a la verdad de los hechos llegar al fondo del asunto que nos permita, no solamente que el ciudadano quede claro de que se hizo una investigación con todo la protección a las personas que están siendo señaladas, a que tengan el derecho de una adecuada defensa que tengan siempre la posibilidad de que no puedan ser acusadas hasta que no se dictamine con todo, pero también con todo el rigor jurídico para que se pueda demostrar en este caso, como lo estamos haciendo, que se convirtieron ilícitos con el objetivo, no solamente de sancionar, no es solamente el objetivo que alguien esté bajo la posibilidad de que sea privado de su libertad la solución es llegar al fondo para que esto nunca vuelva a repetirse”.
Ulises Lara detalló que durante las pesquisas han podido comprobar que la estructura de este grupo estaba mucho más establecida de lo que pensaban por la gran cantidad de elementos y personas involucradas.
“Tenemos la convicción de que esta situación tiene mucho tiempo, por eso hay tantos elementos involucrados y acumulados en las listas tanto de personas que han declarado, otros que han denunciado, estábamos por encima de los 200 inmuebles. Nosotros en su momento dijimos que habíamos asegurado más de 40, hemos continuado con ese trabajo y ya se han venido haciendo otros aseguramientos y otros cateos y esto nos da una noción de algo que sí fue mucho más sistémico más estructurado que una situación digamos coyuntural y esto es algo que vamos a tener que demostrar”.
DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA
Ante los señalamientos de persecución política por parte de exalcaldes de la demarcación, como Jorge Romero Herrera actual coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Ulises Lara afirmó que no existe ningún tipo de señalamiento contra ellos e indicó que las citas ante la Fiscalía han sido para rendir declaración como testigos.
“No hay ningún señalamiento ni persecución hacia ellos, las citas que se han girado para algunos ha sido en su calidad de testigos para conocer su opinión, para saber de cómo están. Si a algunos se les cita en su momento como testigo bueno llevar a eso, si hay un citatorio como imputado será en esa en esa ruta […] Hay este supuesto, ahí está entendido, bueno, tendremos que demostrar si no fueron enterados y en su momento estas personas actuaron solas sin digamos ningún control, pues tal vez sea en otro las cosas que les podamos imputar, digamos algún nivel de responsabilidad sobre la ausencia de esta observación puntual, pero si no tal vez tengamos que hacerlo en otro sentido, pero hasta que no se tenga no lo haremos”.
El funcionario recordó que las investigaciones realizadas por la Fiscalía iniciaron luego de la explosión en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez el pasado 16 de agosto, a partir de este incidente, dijo, han ido descubriendo esta red de corrupción.
“Esta investigación no surge porque sea un mandato porque nos hallan dicho, ‘busquen, a ver que se encuentran’. Como lo comentamos es resultado de una circunstancia en la que deriva de un accidente que está relacionado con otros y decidimos investigar, qué es lo que está pasando aquí y aparece un nombre de un servidor público entre los propietarios y lo primero que puedes imaginarte es que hay un conflicto por lo menos de interés en el sentido que siendo en su momento esta persona servidor público haya adquirido un bien dentro de la propia Alcaldía, en recientes condiciones y con montos superiores, pero tal vez tengan ingresos suficientes para pagarlo cuando empezó a trabajarse, encontramos mucho más de lo que habíamos imaginado y aparecieron propiedades, aparece una empresa, aparecieron vínculos documentos y firmas”.
Los vecinos de la Benito Juárez, quienes se han visto afectados por el “Cártel Inmobiliario” a través de los daños que las constructoras les han causado a sus viviendas y a la zona, confirman que aunque este boom inmobiliario en la Alcaldía inició en la administración de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), fue con el Diputado federal Jorge Romero (2012-2015) y el Diputado local Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) cuando esta práctica ilegal se hizo más evidente.
