El debate sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil han sido un tema de fricción política pública desde el inició del gobierno de López Obrador. A las primeras de cambio el presidente desdeñó e incluso descalificó a estas organizaciones como si todas fueran sucursales de los negocios de Claudio X González, cuando la realidad es que un sinnúmero de las ONGs que existen en el país atienden una amplia variedad de necesidades y en la mayoría de los casos, logran subsistir gracias a un altruismo y solidaridad a toda prueba de parte de sus miembros. Es cierto también que la figura de las ONGs ha sido utilizada por la élite más encumbrada del país para evadir impuestos, hacerse de recursos a través de complejos esquemas de donación y, sobre todo, fingir piedad ante los más necesitados, en lugar de pagar sus impuestos y dejar de lucrar con los esquemas de empleo mal remunerado. El problema, como en muchos otros temas, es que el presidente corta parejo y no reconoce las diferencias.

Sin embargo, tampoco crean que esto se resuelve creyendo que basta con que el presidente se concentré en criticar a las ONGs que abusan o se usan de parapeto y que reconozca al resto de las organizaciones que abanderan causas realmente humanitarias. El asunto es más complejo porque en realidad, la distancia de López Obrador con las ONGs no es un odio visceral sin sentido ni incapacidad de entender la organización ciudadana de ayuda al prójimo que él reconoce como una causa justa y un principio de conciencia social.

El punto medular se debe a que el modelo de las ONGs es la expresión concreta de la fórmula que enaltece el neoliberalismo, el cual se sustenta en la intención explícita de minimizar al Estado y dejarlo como simple gestor mientras se vigoriza al mercado como regulador del resto de las actividades, y cuando el modelo de “menos estado-más mercado” genera carencias, que suelen ser muchas, se espera que las atienda la filantropía a través de ciudadanos organizados que acaban supliendo las responsabilidades del Estado frente al pueblo. Por eso, la queja recurrente de las ONGs de que ellos hacen lo que el Gobierno debería asumir como su obligación, en realidad coincide con el diagnóstico del presidente, quien sostiene que el modelo que debe prevalecer es el que postula que el Estado es quien debe atender las carencias y resolver las desigualdades apremiantes en lugar de replegarse. Si se dan cuenta, el asunto no es una cuestión superficial sino en el fondo, en la manera como se entiende la existencia de las organizaciones de la sociedad civil como intento de reemplazo del Estado en el acompañamiento y solución de causas sociales, se esboza, ni más ni menos, la concepción misma de los modelos de país que están hoy en disputa.

Es por esto que nos encontramos en una disyuntiva que no es simple narrativa, porque si por un lado es cierto que, si el Estado hiciera lo que le corresponde muchas de las necesidades ni siquiera lo serían, pero, por otro lado, aunque haya una auténtica voluntad de asumir la responsabilidad y suponiendo que eso fuera posible, eso no va a ocurrir de manera inmediata y además, ni siquiera es deseable que se deje a las instancias gubernamentales toda la carga cuando muchas ONGs que existen en México tienen un compromiso, entusiasmo y sobre todo un conocimiento profundo de temas que muchas veces los funcionarios, políticos y hasta sus asesores escuchan por primera vez cuando asumen sus cargos. Además, hay temas en los cuales las ONGs no solo han hecho diagnósticos, revisiones a profundidad, también han dedicado gran parte de su tiempo a realizar análisis de diferente calibre e incluso, han logrado hacer adecuaciones jurídicas para beneficio de la ciudadanía que atienden. Aún más, por su especialización y compromiso, saben a ciencia cierta qué problemas concretos se pueden resolver de manera directa y cuales requieren una ruta de mayor interacción entre distintos órdenes de gobierno. Todo ese conocimiento y experiencia debe aprovecharse y en lugar descartarlo, sumarlo. Un ejemplo que precisamente se presentó esta semana es el documento “Hacia un retorno digno: Recomendaciones para una política pública integral de retorno a la Ciudad de México” https://bit.ly/3EZJEQJ realizado por el colectivo ODA (Otros Dreamers en Acción), que no solo ubica una problemática que no cualquiera entiende con claridad, la deportación de mexicanos a su propio país y su problema de reintegración, sino que además, ofrece 10 recomendaciones concretas que solo quienes pasan por esa experiencia y que trabajan de una manera tan cercana y amorosa como este colectivo lo hace, pueden proponer de manera tan clara. Es tiempo de reconocer el dinamismo de lo que se suele llamar sociedad civil organizada y generar un modelo propiamente mexicano que supere la desavenencia con el léxico que el modelo económico neoliberal popularizó, porque al final de cuentas, la inmensa mayoría de las ONGs son pueblo organizado ayudando al pueblo.

Leticia Calderón Chelius

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Dra. Leticia Calderón Chelius Es profesora Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO y maestra en Sociología de la UNAM. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I).

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