“Esta situación ha estado en ebullición por un largo tiempo”, dijo a The Associated Press Christopher Sabatini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. “La gente se siente desconectada del sistema. El mayor problema que enfrenta un sistema político que genera estabilidad, crecimiento económico y políticas consistentes es su capacidad de renovarse, de traer un liderazgo nuevo al poder. Eso puede verse en las presidencias repetitivas que ha habido”.
Para Sabatini, el incremento de las tarifas del metro fue el disparador de las protestas, pero los chilenos rechazan algo más profundo: la carencia de un cambio. “La gente está decepcionada y siente que el sistema político la priva de sus derechos”.
Santiago, Chile, 22 de octubre (AP) — Desde hace cuatro días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al Presidente Sebastián Piñera a anular la medida. Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y se implantó un estado de emergencia (lo que restringe las libertades de reunión y movilización e implicó la salida de unos 10 mil militares a las calles de Santiago) no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 15 personas.
¿POR QUÉ HAY ACTOS VANDÁLICOS EN EL PAÍS?
El alza de tarifas en el subterráneo es lo más visible en la prensa internacional actual, pero ese incremento se sumó a otros en el agua, la luz y los remedios. Esto impacta directamente el bolsillo de los chilenos, pues implica que deben pagar más por servicios que usan con regularidad a pesar de que sus sueldos no suben y mayoritariamente bordean entre los 400 mil y 500 mil pesos mensuales (562 y 703 dólares).
Lo difícil situación económica también afecta a los adultos mayores, que pertenecen al sector más pobre de los chilenos, y por no cotizar para su vejez reciben una pensión solidaria de unos 110 mil pesos (159 dólares). Un 11 por ciento de los chilenos son adultos mayores y según el organismo estatal de estadísticas, en 2050 uno de cada cuatro chilenos pertenecerá a ese grupo.
Una canasta básica de alimentos para una familia –que considera 2 mil calorías, según las sugerencias de Naciones Unidas– tiene un costo de 241 dólares mensuales, según datos del Ministerio de Desarrollo, en un país que tiene un salario mínimo de 423 dólares.
La desigualdad económica en el país sudamericano se arrastra por décadas, alcanza a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y atraviesa todos los gobiernos democráticos que siguieron, incluidos dos de Michelle Bachelet, y el actual segundo mandato de Piñera.
A pesar de esto, también hay estabilidad económica: la inflación en septiembre fue 0 por ciento, y la acumulada en lo que va del año es de 2 por ciento.
“Esta situación ha estado en ebullición por un largo tiempo”, dijo a The Associated Press Christopher Sabatini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. “La gente se siente desconectada del sistema. El mayor problema que enfrenta un sistema político que genera estabilidad, crecimiento económico y políticas consistentes es su capacidad de renovarse, de traer un liderazgo nuevo al poder. Eso puede verse en las presidencias repetitivas que ha habido”.
Para Sabatini, el incremento de las tarifas del metro fue el disparador de las protestas, pero los chilenos rechazan algo más profundo: la carencia de un cambio. “La gente está decepcionada y siente que el sistema político la priva de sus derechos”.
“En general hay un sentimiento similar de la gente en países como Ecuador, Líbano y, ese sentido, de sentirse privados de derechos, entonces se convierte en algo simbólico y estalla… Algo similar ocurrió en Francia con los chalecos amarillos: un sentido profundo de malestar y desconexión entre la vida de la gente y la política”, agregó.
¿CÓMO ESTÁ GESTIONANDO LA CRISIS PIÑERA?
El gobernante reaccionó a los desmanes desatados el viernes, que terminaron con más del 80 por ciento del subterráneo con severos daños y más de un centenar de saqueos a supermercados y farmacias, implantando el estado de emergencia en el gran Santiago, que luego se extendió a una docena de ciudades del interior. Los jefes militares implantaron con frecuencia el toque de queda, pero ni esto ni el estado de emergencia se habían visto en democracia.
La falta del subterráneo, que tiene sólo una de seis líneas funcionando –y parcialmente– transporta a 2,4 millones de personas diarias, por lo que la situación derivó en la suspensión casi generalizada de clases, incluidos los universitarios, en la capital donde viven siete de los 18 millones de chilenos.
Los problemas del transporte público llevaron al cierre de todos los supermercados el domingo y a la mayoría de ellos el lunes. Ante los pocos que abrieron a comienzos de semana se formaron enormes filas.
“El riesgo aquí es que esto se convierta en una crisis perpetua de protestas que siga y siga y cada vez se vuelva más difícil de encarar”, piensa Sabatini. “Las soluciones serían a largo plazo para que se vuelvan significativas para las personas… Las respuestas son a largo plazo, no las conocemos ahora como si fuera una receta, es mucho más profundo y político”.
¿CÓMO HA REACCIONADO LA CIUDADANÍA?
En varios suburbios santiaguinos surgieron grupos de autodefensa con vecinos que se distinguen entre ellos con el uso de chaquetas amarillas, muy extendidas en Chile porque son exigidas a todos los conductores por la Ley del Tránsito.
Miembros de estos grupos reaccionan nerviosos ante transeúntes o conductores que se acercan a sus viviendas, por lo que levantan amenazantes palos, fierros y hasta palas.
Los grupos son valorados por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
¿HAY PRECEDENTES PARA LA CRISIS EN CHILE?
Esta es la primera vez que Chile vive en estado de emergencia y toque de queda desde que se recuperó la democracia en 1990.
Ni siquiera las multitudinarias protestas contra la dictadura militar que partieron en 1983, ferozmente reprimidas por los militares, se vieron los actos de vandalismo surgidos en Chile en los últimos días.
15 MUERTOS EN CINCO DÍAS DE DISTURBIO
El gobierno chileno informó el martes que 15 personas murieron, la mayoría en saqueos e incendios, al cumplirse el quinto día de un estallido social que mantiene a más de la mitad de las 16 regiones bajo estado de emergencia y muchas con toque de queda.
El Presidente Sebastián Piñera se reunía con los líderes de los partidos oficialistas y de la oposición para explorar la posibilidad de avanzar en un acuerdo social que ayude a enfrentar la crisis. Antes del inicio del encuentro se retiró el Partido Socialista alegando que no habían sido citadas organizaciones sociales y porque sigue vigente el estado de emergencia. El Partido Comunista no estaba dispuesto a acudir al palacio de gobierno y tampoco fue invitado.
Mientras se espera en resultado del encuentro en un barrio de clase media, decenas de personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos luego de que una turba intentó saquear un supermercado mientras mujeres gritaban que necesitaban leche, dijo radio Cooperativa.
En otros lugares las filas se extendían custodiadas por militares. Los mercados permanecieron cerrados el fin de semana debido a los saqueos e incendios.
La jubilada Carmen Fuentealba aseguró a The Associated Press que “he caminado varios kilómetros para buscar leche, pero lo supermercados siguen cerrados y los almacenes (comercios de barrio) ya no tienen. Tampoco hay detergentes”.
También había largas filas en las gasolineras, aunque con menor intensidad que en la víspera. Jacqueline Zúñiga, empleada de una estación de servicio, dijo a AP que “la gente está descontrolada en todo, creen que la bencina, el petróleo, se va a terminar, lo único que hacen es cargar, llenar, llenar… todo esto ha llevado a una agresividad”.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la última jornada en la capital chilena se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados y comercios a bienes de la infraestructura pública, como municipalidades y comisarías.
Afirmó que el país está frente a “una acción concertada” de grupos violentos que pretenden desestabilizar al gobierno y que los 20 mil militares y policías que patrullan las calles de la ciudad “no están sobrepasados”.
Aunque el gobierno congeló el sábado el alza en las tarifas del subterráneo de 1,12 a 1,16 dólares, lo que originó el estallido social, las violentas protestas y saqueos a comercios continuaron y destruyeron un 85 por ciento de las estaciones de ese transporte público. También se registraron multitudinarias manifestaciones pacíficas.
Los manifestantes reclaman mejores salarios, que en Chile promedian los 400 mil a 500 mil pesos (entre 562 y 762 dólares), mejores pensiones y bajas en los precios de las medicinas y de los servicios públicos.
Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10 por ciento de la población gana un 7,8 por ciento más que el 90 por ciento restante.
“Cerca del 65 por ciento de la población de Chile gasta más de lo que (le) ingresa. Eso significa que están sobre endeudados y que todos los meses cargan con una mochila angustiosa”. Agregó que el problema de Chile “es la pobreza moderna” que “tiene la característica de la inseguridad y la angustia”
“Hemos escuchado también un grito colectivo fuerte, que tal vez antes sólo lo escuchábamos como un murmullo. A la sociedad, en su conjunto, les decimos con mucha humildad que para nosotros es hora de escuchar con los oídos grandes”, dijo el martes Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio”.
