En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Inegi. Además, el 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal. Las autoridades registraron, de enero a agosto, 25 mil 658 homicidios; 3 mil 383 extorsiones y 867 secuestros en el país. Ante los índices de inseguridad e impunidad, además de la corrupción entre policías y criminales, algunos ciudadanos optan por la justicia por mano propia, una que es violenta e irracional, alertaron sociólogos.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Si alguien comete un crimen, merece ser golpeado (o linchado) sin pruebas de por medio. Al menos según algunos ciudadanos hartos de la inseguridad. Sin embargo, sociólogos aseguran que bajo ninguna circunstancia es justificable dado la existencia del derecho al debido proceso y porque al hacerlo se es parte de un círculo vicioso: se combate al crimen con más crimen.
El lunes pasado, seis personas fueron localizadas en Tlaquepaque, Jalisco, con las manos cortadas y la palabra “rata” escrita en sus cuerpos. De acuerdo con los testimonios de los dos detenidos pertenecientes al narcotráfico, las amputaciones se dieron porque las víctimas “no habían pagado una droga que habían distribuido”.
Sin embargo, ante la impunidad para frenar la violencia, este tipo de justicia o autodefensa se está extendiendo a ciertas comunidades que, ante un hecho, forman grupos exaltados e “irracionales”, explicaron sociólogos.
Señalamientos, golpes furiosos, sangre y descontrol… en algunos casos los justicieros terminan detenidos o atacando a gente inocente. La justicia es un proceso lento que requiere pruebas y respeto a los derechos humanos de las personas. Ellos, enardecidos, no están dispuestos a esperar.
El “Grupo de élite antirratas” les puso a las siete personas de Jalisco un letrero que contenía el mensaje: “Esto nos pasó por rateros”, así como advertencias para los ladrones de casas, autos y motocicletas, y a quienes agredan a transeúntes. Pero el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, aseguró que fue un ajuste entre criminales.
“Aunque es una reacción natural y masiva a la inseguridad, y a la preocupación, es una venganza fuera de toda racionalidad. En algunos casos tienen relación con las costumbres de la comunidad. Mientras permanezca la inseguridad, seguirán estos fenómenos”, aseguró el sociólogo del Colegio de México, Arturo Alvarado Mendoza.
Alicia Ortiz Rivera, socióloga del Instituto Mora, coincidió en que, además de “un evidente vacío” del Estado en materia de seguridad, la violencia se ha arraigado en comunidades donde hay pobreza, falta de atención de las instituciones públicas y donde hay ciertas prácticas comunitarias que favorecen una cohesión interna muy cerrada.
“Se vuelve una especie de paradoja en donde el delito se vuelve arma para combatir al delito. Eso no debería darse en sociedades que se dicen civilizadas y con un Estado de Derecho”, añadió.
Hace un año, en octubre de 2015, dos encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron linchados por pobladores de Ajalpan, Puebla. Una versión señaló que los habitantes creyeron escuchar “Somos secuestradores”. Entonces los golpearon e incendiaron.
Pero hay casos más antiguos.
En noviembre de 2003, cuando grabar vídeos con celular y compartirlos en redes sociales no era común, habitantes de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, lincharon a tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Y lo filmaron. Un año después, cientos de personas de Santiago, Atlatonco, en el Estado de México, creyeron que policías ministeriales iban a realizar un secuestro e intentaron lincharlos.
En Jilotzingo, otro municipio mexiquense, el 10 de noviembre de 2009 vecinos retuvieron a cuatro sujetos que supuestamente secuestraron a uno de los pobladores, los golpearon y los amenazaron con lincharlos.
Un patrón común es que los pobladores que agreden no están seguros de si es culpable. Pero lo escucharon.
“Al ser gente muy al margen de las instituciones, se dejan llevar por información que no necesariamente es verdad. Tiene que ver con manipulación de tipo grupal religioso o interno que distorsiona el ejercicio de la justicia. Ni siquiera se da la posibilidad de que el acusado pueda acceder a lo que en materia de derechos humanos se conoce como el debido proceso”, explicó la también psicoanalista, Alicia Ortiz.
Arturo Alvarado, especialista en sociología de la violencia y la criminalidad, dijo que “en un linchamiento colectivo, con una o dos personas que empiecen a decir que hay un ladrón, no hay manera de demostrar que es el agresor real ni que la gente razone y lo entregue a una autoridad para que lo deslinde. Han habido casos en que el supuesto agresor no era, pero fueron acusados por pobladores y estaban totalmente indefensos”.
MIENTRAS HAYA INSEGURIDAD…
Siete años después del linchamiento en Jilotzingo, los grupos de gente enardecida siguen y van de la mano de las olas delictivas en el país y desconfianza en las autoridades.
Nadie está a salvo. Un juez, Vicente Antonio Bermúdez, fue asesinado mientras salía a correr. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública documenta 25 mil 658 homicidios, principalmente en Guanajuato y Jalisco; 3 mil 383 extorsiones, más en Nuevo León y la Ciudad de México; y 867 secuestros, sobre todo en Jalisco y Tamaulipas, de enero a agosto de este año. Tan solo los registrados por denuncias, no el total.
En septiembre, el 71.9 por ciento de la población mayor a 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo cuando está en un cajero automático o en el transporte público, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Principalmente lo manifestaron habitantes de Ecatepec de Morelos, la región Oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco de Juárez y Villahermosa. En contraste, pobladores de Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango se dijeron menos inseguros.
El 63 por ciento de la población consultada percibió el desempeño de la Policía Federal “muy o algo efectivo”; el 51 por ciento lo cree de la Policía Estatal y el 41.7 por ciento de la Policía Preventiva Municipal.
Sin embargo, al hacer justicia por propia mano al no confiar en la efectividad de las autoridades, los ciudadanos también se vuelven criminales.
“No está permitido por la ley hacer justicia por mano propia. Además, protegerse bajo que las masas están enojadas y que es inevitable no es una excusa frente a los derechos humanos de las personas y a la necesidad de buscar un proceso de justicia. Bajo ningún motivo es justificable”, determinó el sociólogo Alvarado Mendoza.
El domingo pasado, el medio A Fondo Estado de México difundió un video que muestra cómo pasajeros de un autobús golpearon a tres sujetos, que supuestamente intentaron asaltarlos cuando transitaban por la Calzada de Ignacio Zaragoza con dirección al Estado de México.
En las imágenes se observa a los usuarios enardecidos contra el trío de jóvenes, a quienes bajan del camión, patean y golpean hasta que una patrulla de la Policía Municipal llegó y los rescató, asegurándolos para ponerlos bajo arresto.
Otro intento de linchamiento a un presunto ladrón ocurrió en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México. Los pobladores desnudaron y golpearon a un joven que intentó asaltar un negocio de flores con arma de fuego. Lo retuvieron hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.
El presunto delincuente amagó con arma de fuego a los dueños del establecimiento comercial, sin embargo, vecinos del lugar se dieron cuenta del asalto y sometieron al joven, a quien golpearon hasta que una patrulla de la Policía local lo aseguró.
“Los linchamientos son un tema de preocupación importante porque son mecanismos para hacer justicia por propia mano que obedecen a una lógica: se reproduce en espacios donde hay frustración, enojo, y rabia de verse indefenso por la inexistencia de un aparato policial que pueda responder ante esta grave situación de violencia en el país. No tiene motivaciones racionales, sino emotivas. Estas formas de agresión ocurren porque no hay mecanismos reales donde uno pueda obtener justicia y protección en asaltos o violaciones”, expuso el académico-investigador Arturo Alvarado.
Este mes, el 5 de octubre, pobladores de Zacamulpa, en el Estado de México, intentaron linchar a un delincuente, que asaltaba a pasajeros de un autobús. Durante el enfrentamiento, se registraron daños a las instalaciones del centro de Justicia, a varias patrullas dañadas y hubo elementos de la municipal lesionados, por lo que se detuvieron a cuatro colonos
El 2 de septiembre, en Papalotla, Tlaxcala, habitantes de la cabecera del municipio de Papalotla golpearon e intentaron linchar a cinco sujetos que fueron sorprendidos cuando intentaban robar tanques de gas que se encontraban al interior de un domicilio.
Meses antes, el 27 de mayo, pobladores de Santa María Maquixco, Estado de México, retuvieron a dos sujetos que presuntamente intentaron subir a una mujer a un vehículo Tsuru con placas del Estado de México. Habitantes del lugar prendieron fuego al carro, por lo que la policía tuvo que intervenir. Los detenidos fueron trasladados al ministerio público de esa localidad.
Dado que las autoridades no logran frenar a la delincuencia y la justicia por propia mano es ilegal, la socióloga Alicia Ortiz recomendó implementar políticas para detectar los grupos que manejan un discurso que incita a la violencia dentro de las comunidades; debe abordarse a nivel cultural en las comunidades con esos antecedentes.
“La violencia tiende a reproducirse”, advirtió.
