Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).–México aún no presenta los índices de efectividad que le permitan operar un Sistema Nacional Anticorrupción, pues hasta ahora el gobierno ha mostrado poca eficiencia en la implementación de los esfuerzos y las políticas en esta materia, destacaron integrantes de organizaciones civiles, quienes afirmaron que los controles de transparencia y rendición de cuentas en el país aún son de baja calidad.
También se pronunciaron a favor de la creación de un sistema anticurrupción, tal y como lo propuso el Partido Acción Nacional (PAN).
Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN, presentó el lunes una iniciativa para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, la cual surgió a partir de las recomendaciones de organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional y la Red de Rendición de Cuentas, por la que según representantes de las organizaciones también existe simpatía por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la propuesta, afirmando que esta es “la reforma estructural que le faltaba a México y la más importante de todas.
La propuesta incluye los siguientes puntos: la creación de un Comité Ciudadano para la Ética Pública, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción, encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción, a través de observatorios ciudadanos instalados en todo el territorio nacional.
Un segundo punto es una Secretaría de la Función Pública (SFP) fortalecida en materia de auditoría e investigación, cuyo titular sea ratificado por el Senado de la República.
Un tercero, crear dos órganos en materia de control externo, independientes del Poder Ejecutivo, encargados de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción.
En materia de sanciones, los panistas proponen quitar esta responsabilidad al Presidente y gobernadores y otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal. Asimismo, plantea transformar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un Tribunal Federal de Cuentas.
Por último, propone reproducir el sistema integral en el ámbito local de los estados y los municipios, donde también son altísimos los niveles de corrupción.
En el marco del Seminario “Diseño de Política Pública de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción” Mauricio Merino, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Benjamín Fuentes Castro Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y Edna Jaime, Directora general de México Evalúa, reconocieron que al país le falta madurar en este rubro.
Edna Jaime dijo que México está avanzando en la creación de instituciones en materia de transparencia mediante la promoción de una ley secundaria en este rubro. “Estos son cambios institucionales profundos, sin embargo nos preguntamos ¿esto va a cambiar? ¿ayudará a entregar algo diferente a los mexicanos? ¿es cambiar mucho para seguir igual?”.
A pesar de que existan avances en cuanto a la rendición de cuentas, estos no logran ser efectivos, pues tanto los controles anticorrupción o como los de rendición de cuentas son de baja calidad, expresó.
“De acuerdo con el Índice para prevenir y detectar la corrupción del Banco Interamericano, México tuvo un resultado de 73. Hay requisitos cumplidos, hay marco jurídico para la ASF, el IFAI [INstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos], existe la implementación institucional, pero en la parte de la efectividad hay un fallo”, dijo la directora de México Evalúa.
El Programa de Rendición de cuentas que ofreció México Evalúa propone una ruta crítica. “Estamos en una etapa de desarrollo institucional en el país en donde se requieren instituciones finas y ya no generalidades. Ya hicimos la chamba. Si dejamos que evolucionen las cosas a su tiempo seguiremos teniendo focos rojos en materia de efectividad. Se necesita convertir un valor en mecanismos. Y lo tenemos,” dijo Edna Jaime.
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El hecho de que se haya pasado de una Comisión Anticorrupción a una propuesta para implementar un Sistema Nacional Anticorrupción significa que esto ya no sólo podrá ser aplicable a nivel federal, sino también en estados y municipios.
Eduardo Bohórquez recalcó que se necesitan sistemas y falta que se presente una iniciativa de ley en estos temas, ya que no hay una política nacional anticorrupción. “La reacción positiva del PRI es que finalmente hablaremos de un Sistema Nacional Anticorrupción. El trabajo anticorrupción es un trabajo técnico fruto de un proceso que se repiten una y otra vez que le dan sentido al Estado”.
“El objetivo de la creación de una Fiscalía Anticorrupción es que se encargue de la tarea de vigilar las relaciones que establecen los funcionarios públicos con otros actores económicos. Esto abre una enorme discusión sobre delitos de corrupción”, agregó.
Sobre el tema, Benjamín Fuentes dijo que en cuanto a la importancia de la rendición de cuentas sólo tendrá incidencia si se concibe como política pública. “Esto no se refiere a leyes sino que no se tenga más remedio que hacer las cosas bien. Alejarse de conceptos como populismos y enfocarse en el largo plazo. Ningún sector es moralmente superior a otro”.
“Esto significa tener establecer límites claros para los funcionarios para no cruzar lo que es del interés social. Hay herramientas que permiten evaluar riesgos de integridad. Se pueden administrar y gestionar al interior de las entidades públicas. Por lo tanto es necesario estar conscientes de que están vulnerables, que tienen riesgos de su actividad y de tener una conducta ilícita,” puntualizó.
Asimismo afirmó que es necesario que la gente le dé peso y forme parte de un movimiento en este sentido para abarcar sectores más allá del público. “Este concepto de rendición de cuentas también tiene que funcionar en el sector privado y organizaciones civiles para que estemos en una misma plataforma de rendición de cuentas”, agregó.
Por lo tanto, dicho Sistema Nacional Anticorrupción sería un marco de cooperación interinstitucional que permitiría definir quién es responsable y hasta dónde llega su responsabilidad, quién se haría cargo de cada cosa, así como dar indicadores de desempeño, surgidos de las calificaciones a partir de la misma ciudadanía.
“El sistema no resolverá el problema de corrupción. Ningún sistema en ningún país lo hace. Lo que hace un sistema es fortalecer las capacidades de las instituciones, dar predictibilidad o mecanismo para administrar riesgos o mitigarlos en caso de que existan”, dijo Eduardo Bohórquez.
Sin embargo, consideró que este sistema debe de ir más allá de la propuesta del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para la Agencia Nacional Anticorrupción, la cual dista mucho de ser el régimen integral de rendición de cuentas que el país requiere.
Mauricio Merino, afirmó que la corrupción se da debido a la falta de la rendición de cuentas y es una consecuencia del desorden, ya que de nada sirve que se atrape a los culpables si las causas se mantienen intactas.
“Queremos una política de rendición de cuentas para el país. En el Senado se ha integrado una mesa de redacción de una ley general de transparencia para obtener la mejor legislación posible”, dijo.
“La Red ha propuesto un programa de rendición de cuentas que gestione los documentos y archivos, así como la asignación de presupuestos para que no sean productos de la influencia política sino para resolver los problemas públicos. De igual manera, se requieren sistemas que optimicen el gasto público y que se perfeccione la fiscalización y exigencia de responsabilidades que garanticen la transparencia, además de que se extienda a los gobiernos de los estados y encamine a la gobernabilidad de la ciudadanía”, concluyó Merino.
