Recientemente, un amigo me compartió la ficha que tenía la Dirección Federal de Seguridad sobre mi actividad política. Resulta que lo que siempre he considerado como mi primer acto consciente de acción política fue mi participación en la marcha por la Libertad, en febrero de 1968, exigiendo libertad para los presos políticos detenidos en Morelia, Michoacán. Desde entonces, mi acción política, desde la izquierda radical, ha buscado cambios en la sociedad, abordando la explotación de los trabajadores por parte de las grandes empresas que distribuyen una pequeña parte de las ganancias obtenidas tras vender los productos elaborados por los asalariados.

Nunca imaginé que, siendo un novato, mi acción sería detectada y registrada de inmediato por la Dirección Federal de Seguridad, un cuerpo de investigación civil dependiente de la Secretaría de Gobernación. Bastó con firmar un desplegado informando sobre la marcha para que abrieran mi expediente y me asignaran un número de seguimiento. Curiosamente, en el expediente cometieron dos errores: me identifican como “Jesús” Gustavo de la Rosa Hickerson y me adjudican militancia en el Partido Comunista Mexicano, que nunca ejercí.

En la ficha se consigna mi nombre, número de expediente (11-42-68 H-210 L7), fecha de levantamiento (16/02/1968) y se señala que fui firmante de un volante repartido el 14 de febrero en Chihuahua, en el que los delegados de la Escuela de Derecho de la UA CH informaban sobre los acontecimientos de la marcha estudiantil por la Ruta de la Libertad. Además, detectaron mi presencia el 10 de septiembre de 1968 en la Asamblea Estudiantil de apoyo al movimiento de aquel año, donde, según ellos, “critiqué al Presidente de la República y lancé ataques contra el ejército y los granaderos”.

Este episodio me hace reflexionar sobre la Policía Civil, y cómo han sido utilizadas en el pasado para monitorear y reprimir la actividad política. La historia se repite, y es importante aprender de los errores del pasado

“La ciudadanía fronteriza también sufrió los abusos de la policía Judicial y de los Servicios Secretos de la policía Municipal, expertos torturadores. En ocasiones, cuando algún delito ocasionaba alarma social, cada uno de los cuerpos de investigación presentaba a su culpable, quien ante el juez reconocía haber cometido aquel asesinato. Sin embargo, al mismo tiempo, en otro juzgado, había otro individuo reconociendo ser el autor del mismo homicidio. Así pasó en Ciudad Juárez en muchos casos, y esa era la policía civil.

El Delegado de la Dirección Federal de Seguridad era Rafael Ayudar Guajardo

La historia de Rafael Aguilar Guajardo es impactante. Fue un narcotraficante mexicano y líder del Cartel de Juárez, además de ser uno de sus fundadores

Antes de dedicarse al narcotráfico, Guajardo fue parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Después de la disolución de la DFS, Guajardo se convirtió en un capo del Cártel de Juárez, pero su reinado terminó cuando Amado Carrillo Fuentes lo asesinó en Cancún en 1993.

Es alarmante cómo la policía civil y la DFS abusaban de su poder en aquellos años, decidiendo a quién detener, consignar o ejecutar sin debido proceso.

La ciudadanía fronteriza sufrió mucho debido a estos abusos, y la impunidad reinaba en aquellos tiempos oscuros.

La violencia generada por el Cártel de Juárez y otros grupos criminales sigue siendo un problema grave en México. La historia de Rafael Aguilar Guajardo es un recordatorio de la importancia de la justicia y la rendición de cuentas en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

La Dirección Federal de Seguridad se convirtió, con el tiempo, en la Policía Federal de García Luna. Salvo contadas excepciones en los mandos, muchos de ellos se involucraron con grupos de narcotraficantes. Se les acusa de dar protección oficial al Cártel de Sinaloa, que inició esta guerra abierta y convirtió a los cuerpos de seguridad de los grupos delictivos en verdaderos ejércitos que ahora enfrentan al gobierno, al mismo nivel que otros grupos delictivos.

Por su parte, la policía civil de investigación de Juárez se puso a disposición de Amado Carrillo y formó lo que ahora se conoce como “la línea”, que, al igual que los Zetas de Tamaulipas, es el brazo armado del Cartel de Juárez. Por esta causa, la ciudad ha sufrido una situación de violencia que, desde 2008, ha cobrado más de 15 mil vidas.”

Con esos antecedentes, y esos ejemplares, bien poco podemos argumentar a favor de los mandos civiles en la Policía Nacional. Ahora, a contrapelo, tenemos 6 años de Guardia Nacional, y no vamos a elevar alabanzas en su nombre, pero han sido menos feroces con la ciudadanía que las policías con mando civil de los estados.

Tengo, desde 1985, cuando fui nombrado Director del penal de Ciudad Juárez, cercano a ese mundo; conocí a los delincuentes, me asomé a sus redes de complicidad y me asusté. El representante oficial de Amado Carrillo era un comandante de la Policía Judicial Federal; un subcomandante de la Policía de Investigación en Juárez ejecutaba personalmente a los señalados por la Línea.

Después, participé como defensor de Derechos Humanos en la resistencia a los abusos del Presidente Calderón, y me consta que el Ejército trabaja por “órdenes superiores”. Cuando presionamos a Calderón para que el ejército respetara los Derechos Humanos en esta ciudad, las quejas bajaron de mil por año a menos de 50. Todo era cuestión de órdenes.

Y en Chihuahua, después de 2011, el Ejército no ha sido violador sistemático de derechos humanos. Sé que mis amigos de la Izquierda Radical me van a crucificar por esto, pero lo que me atrevo a afirmar, con base en la historia de la policía en México y con base en mi experiencia personal, es que tanto la policía militar como la policía civil pueden ser tan corruptas, feroces y violentas, según se lo permitan y ordenen sus superiores.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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