El Procurador Fiscal Federal, Arturo Medina, presentó hoy “tres casos en donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad”.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El Gobierno de México exhibió esta mañana a juzgadores que han operado a favor de los grandes deudores fiscales y advirtió, durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que han dado largas a juicios durante años para beneficiar a quienes no pagan impuestos. La acusación fue directa contra los juzgadores, ministros y jueces, y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Este estilo de actuación, selectiva, dirigida y controlada en la Administración de Justicia debe erradicarse de nuestra Nación en beneficio de los mexicanos”, dijo el Procurador Fiscal Federal, Félix Arturo Medina Padilla, después de exponer uno de los casos que involucra al Ministro Luis María Aguilar Morales. Previo a esto, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expuso a los juzgadores que operan para liberar a detenidos vinculados con la delincuencia organizada.
Desde Palacio Nacional, Medina Padilla presentó “tres casos en donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad”.
De acuerdo con la información, “se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio o aumentar un 25 por ciento el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores”.
“Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública”, aseguró el funcionario frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
Respecto al primer caso, explicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se enfocaron “esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55 mil millones de pesos”.
“En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82 por ciento de estos casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal, y por lo tanto, impedido que se haga justicia”, acusó el Procurador Fiscal de la Federación.
Además, detalló que el esquema detectado consiste en que a partir de la presentación de las denuncias y querellas, “el Ministerio Público integra una carpeta de investigación. Posteriormente, solicita al Juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia inicial”.
Según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, citó Arturo Medina, “esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 días a la solicitud que realice el Ministerio Público, sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones, lo han hecho 18 meses después”.
“Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público”, denunció.
Sobre el segundo caso, el Procurador destacó que “cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos”.
“Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del Juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la Ley”, afirmó.
Félix Arturo Medina subrayó que “este Juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”.
“De igual manera, ha resuelto, ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y otros juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, lamentó.
En su participación, el Procurador Fiscal Federal también dio a conocer que “hasta el momento, los abogados hacendarios, han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad”.
“Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la Administración de Justicia”, anunció.
En el tercer caso, reveló que “una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2020, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos”.
“Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”, agregó el funcionario federal.
A lo largo de su intervención, apuntó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto de que son novedosos y que son relevantes”.
“No obstante, que ya existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución”, añadió.
Félix Arturo Medina Padilla aclaró que “estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados”, ya que “desde hace 13 años, se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios, y en particular en los últimos ocho meses, el Ministro Luis María Aguilar Morales, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción, solicitada por parte de la empresa, pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos”, sostuvo.
“Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja en contra del Ministro por este actuar. Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de Justicia, debe erradicarse de nuestra Nación para beneficio de todos los mexicanos”, concluyó.
Más adelante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Ministro Luis María Aguilar Morales actúa con rapidez en algunos casos, como en las controversias interpuestas contra la distribución de los Libros de Texto Gratuitos; mientras que en otros, como el de la empresa que debe 25 mil millones de impuestos, se tarde más de ocho meses. Por ello, le pidió que informe sobre la situación de archivar el caso luego de lo que se informó en la “mañanera”.
