Datos de la organización El Poder del Consumidor y la Redim revelan que sólo dos de cada 10 escuelas tienen acceso a frutas, verduras y bebederos funcionales, pero sí cuentan con una amplia oferta de comida chatarra.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y la salud exigieron al Senado aprobar una reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos alimentarios saludables que busca garantizar escuelas libres de productos chatarra, la discusión aún no avanza en la Comisión de Estudios Legislativos.
La minuta de reforma ya fue aprobada por la Comisión de Educación en el Senado y falta que se discuta en la de Estudios Legislativos, en ella se plantea que las secretarías de Educación Pública (SEP) y Salud se encarguen de vigilar y garantizar que las infancias tengan acceso a productos saludables y agua potable en las escuelas en lugar de bebidas y productos ultraprocesados.
Aunque desde 2014 la Ley General de Educación se reformó para prohibir la venta productos chatarra en las escuelas, datos obtenidos en el ciclo escolar 2022-2023 muestran que en 98 por ciento de 9 mil 381 planteles públicos y privados del país aún se oferta este tipo de comida.
Los datos obtenidos por la organización ciudadana El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) mediante la iniciativa Mi Escuela Saludable también apuntan a que en 93 por ciento de las escuelas se venden bebidas azucaradas, y en 75 por ciento fácilmente las infancias pueden adquirir comida chatarra al exterior.
En contraste, sólo en 20 por ciento de los planteles se ofrecen frutos y verduras, 22 por ciento cuentan con bebederos o dispensadores de agua y en sólo tres por ciento de las escuelas se ha instalado un comité que vigile qué productos se ofrecen a las infancias.
“Venden papitas Sabritas, jugos, dulces, frappés; pides fruta y nunca hay, cuando hay sale más cara una manzana que unas Sabritas”, señala el testimonio de un estudiante de Yucatán recabado por el portal Mi Escuela Saludable durante el último ciclo escolar.
El retraso en la aprobación de la reforma muestra que para los partidos políticos sigue sin ser prioridad atender la salud de la niñez, denunció Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
La organización, así como la Redim y Mauro Brero, Jefe en nutrición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) lamentaron hoy en conferencia de prensa que el Gobierno mexicano siga sin garantizar espacios de protección para niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, al permitir el inicio de un nuevo ciclo escolar en espacios no saludables.
“Urge regular los entornos escolares sin conflicto de interés, que tengan disponibles únicamente alimentos naturales y cero acceso a productos chatarra; si no transformamos los ambientes escolares en saludables, no habrá forma de combatir a la obesidad infantil y sus consecuencias sociales y económicas”, expuso Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable.
La especialistas cuestionó la indiferencia del Estado mexicano ante este tema pese a que la pandemia por coronavirus mostró la urgencia de atender cuestiones de salud como la obesidad, un agravante de la COVID-19.
El problema es grave pues Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 citados por El Poder del Consumidor muestran que cerca de 4 millones de niñas y niños en edad escolar viven con obesidad infantil.
Mauro Brero, representante de la Unicef, recordó que la obesidad infantil no sólo afecta la calidad de vida, la educación, la salud física y mental, también tiene consecuencias económicas, pues recordó que en el estudio “Argumentos de inversión para la prevención y reducción del sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente en México” publicado este año en Obesity Reviews se concluyó que la atención a la obesidad en este sector de la población asciende a más de 650 mil millones de pesos anuales.
“El sobrepeso y la obesidad infantil representarán una fuerte carga para la economía y el desarrollo nacional estimada en 42 billones de pesos para los siguientes 65 años”, mencionó.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, reiteró la importancia de que la reforma a la Ley de Educación avance para exigir a las empresas el respeto a los derechos de las infancias y adolescentes:
“Los productos se modifican, cambian el gramaje de sus bolsitas, pero pareciera que no están dispuestos a respetar el derecho a una vida saludable de niñas y niños. Esta es una de las expresiones de desprecio, de discriminación desde el adultocentrismo que no está garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dijo.
Aunque desde 2014 la Ley General de Educación prohíbe la venta de productos como refrescos, jugos y néctares envasados, leche de sabor, botanas saladas, galletas, dulces y postres, así como yogurt en azúcar, sí permite que los días viernes se vendan algunos productos ultraprocesados, lo que, de acuerdo con El Poder del Consumidor, genera confusión en la comunidad escolar y dificulta la implementación de la legislación al ser contradictoria.
Por ello, las organizaciones llamaron a las y los legisladores a aprobar la reforma que ya está en el Senado. “Mientras más nos tardemos en aprobar estas reformas, más daño se está haciendo a las niñas y niños”, mencionó Alejandro Calvillo.
