El fracaso en las acusaciones e investigaciones de la Procuraduría General de la República en casos de alto impacto –que incluso han alcanzado la atención internacional– brillan en este sexenio ya sea por su falta de resultados o por haber sido desechadas tajantemente por los jueces.
La dependencia sumida en fuertes críticas por el revés que le dio la libertad a Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del SNTE, y la noticia difundida el martes por la noche sobre la reclasificación del delito que acerca a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, hacia su liberación.
Sin embargo, estos dos no son los únicos casos que por omisión, incompetencia e incluso por decisiones políticas tiene contra las cuerdas a la PGR que, además, en un país cada vez más violento y con niveles históricos de impunidad permanece hace más de un año sin titular.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) se mantiene en el ojo de huracán por segunda semana consecutiva: primero fue por la liberación de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo Morales y hoy por la reclasificación de una de las acusaciones en contra de Javier Duarte de Ochoa, que podría derivar en su eventual excarcelación.
Pero son varios los casos de alto impacto en México, que incluso acapararon la atención mundial, que han puesto en entredicho la eficacia de la dependencia en el actual sexenio y que ha visto desfilar a tres titulares: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade. Hoy, en un país con niveles históricos de violencia e impunidad, la Procuraduría General de la República se encuentra hace casi un año, sin un titular y bajo el mando de un encargado de despacho: Alberto Elías Beltrán.
Recientemente, las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, y la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, ocurridas en 2014, fueron echadas por tierra por jueces que encontraron diversas irregularidades de la PGR y han ordenado a la dependencia reabrir los casos.
Además, los escándalos por los sobornos de Odebrecht y las acusaciones de corrupción del priista César Duarte Jáquez no han derivado en capturas por parte de la dependencia federal. Esas omisiones son consideradas por analistas, activistas y políticos de oposición al actual Gobierno federal como una muestra de la justicia selectiva que impera en un país invadido por la impunidad, de acuerdo con las conclusiones de diversos índices nacionales e internacionales.
LOS 43 Y “LA VERDAD HISTÓRICA”
En enero de 2015, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, informó sobre las conclusiones de la investigación sobre el ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que dejó 6 muertos –entre estudiantes y civiles–, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“La verdad histórica”, de acuerdo con el político hidalguense, concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero del municipio de Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan. Meses después, sin embargo, una investigación que consta de 80 tomos realizada por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) demostró que esa “verdad” era mentira.
Para llegar a sus conclusiones y a la detención de presuntos culpables, la PGR no dijo que aplicó supuestos actos de tortura, ni habló de pruebas irrefutable, como la de una institución meteorológica que a través de imágenes satelitales mostró que entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo un incendio en el basurero de Cocula.
El 4 de junio pasado, además, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, debido a que los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.
Y días después, el 12 de junio, cuatro detenidos presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas recibieron una orden de liberación por delincuencia organizada y, dos de ellos, también por secuestro, aunque sólo uno de ellos fue liberado.
Así, la “verdad histórica” de la PGR se cayó por completo, evidenciando las fallas del Estado mexicano en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
LA MASACRE DE TLATLAYA
El caso Tlatlaya fue el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional e internacional.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión y señalaron la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales.
El pasado 12 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer que, por orden de un juez federal, la PGR deberá reabrir la investigación del caso Tlatlaya ante la ausencia de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.
Ante un amparo de sobreviviente de la masacre, Clara Gómez González, se ordenó a la dependencia realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
“LA MAESTRA”, LIBRE
El pasado 8 de agosto, la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, fue liberada luego de que un magistrado federal absolviera las acusaciones en su contra por lavado de dinero de mil 978 millones de pesos y por delincuencia organizada.
Durante los sexenios previos, panistas y priistas, “La Maestra” fue clave en los planes de los gobiernos federal y estatales, por lo que era considerada una “intocable”.
En febrero de 2013, la detención de la entonces cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue presumida por el entonces nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto como una muestra de que la impunidad no sería permitida.
Pasaron poco más de cinco años y hoy la profesora chiapaneca se encuentra libre, y ha dejado ver que buscará retomar el control de sindicato con mayor número de afiliados en América Latina en vísperas de que entre el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien como ella rechaza la Reforma Educativa y ha prometido sustituirla por un nuevo esquema en la materia.
JAVIER DUARTE
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se convirtió en el símbolo sexenal de la corrupción de los mandatarios que encarnaban al “nuevo PRI”. Luego de años acusaciones, de su renuncia al cargo y su posterior huida, el político priista fue detenido en Guatemala en abril de 2017.
La PGR acusó a Javier Duarte de desviar y lavar al menos 400 millones de pesos del erario de Veracruz, mediante prestanombres y empresas fantasma. El papel de los representantes del ministerio público federal fue cuestionado en la primera audiencia debido a que no pudieron sostener las acusaciones y recibieron llamados de atención del juez de control en el Reclusorio Norte.
La PGR retiró anoche su acusación del delito de delincuencia organizada en contra de Duarte y lo reclasificó por asociación delictuosa, con lo que el ex Gobernador priista –ahora ya expulsado de ese partido– podría obtener en el mediano plazo la libertad provisional: ese nuevo ilícito no considera la prisión preventiva por oficio.
Javier Duarte de Ochoa y funcionarios de su administración están acusados de participar directa e indirectamente en desapariciones forzadas, sustitución de medicamentos destinados a niños con cáncer, desvíos millonarios a las arcas estatales, entre otros supuestos ilícitos.
LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT
A contracorriente de lo que ocurrió en otros países, donde hasta presidentes fueron llamados a rendir cuentas y hasta encarcelados por el escándalo de los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht, destapado en 2015 y que alcanzó a 12 países de América Latina y África, en México no hay un solo detenido y las indagatorias se mantienen en la opacidad.
Sólo dos países no entraron en la ola de acusaciones contra funcionarios: México y Venezuela. Además, guardan otra similitud: los casos involucran dinero relacionado con las campañas electorales de los dos presidentes actuales: Peña Nieto y Maduro.
En el caso concreto de México, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha sido el único nombre que ha salido a la luz, aunque en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios inmiscuidos con la constructora. A lo largo de 2017, el ex funcionario fue sólo en una ocasión a la PGR.
Las sanciones de México en contra la empresa han quedado en una serie de multas y la prohibición a a todas las dependencias y entidades de la administración pública de celebrar contratos con su filial en el país.
CÉSAR DUARTE: EL HOMBRE RÉCORD
El priista César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua de 2011 a 2017, ha acumulado en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto 15 órdenes de aprehensión por delitos que van, entre otros, desde el presunto desvío de mil 200 millones de pesos del erario público hasta el desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales para beneficio del PRI en las campañas de 2016.
El ex Gobernador es actualmente prófugo de la justicia y vive en Estados Unidos. Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han emitido la orden de extradición que le ha solicitado el Gobierno de Chihuahua.
El actual mandatario de la entidad, el panista Javier Corral Jurado, dijo que las 14 carpetas integradas además de la orden de aprehensión federal contra Duarte Jáquez es algo de lo que no hay antecedente en la historia, no sólo de Chihuahua sino de México.
En marzo pasado, además, la PGR determinó no ejercer acción penal contra el priista por los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero. A Duarte se le han decomisado más de 20 bienes inmuebles, entre ellos ranchos del tamaño de todo el municipio de Chihuahua, cabecera de la entidad.
Para Corral Jurado esa decisión de la PGR “es un mensaje a la sociedad, brutal: impunidad, exoneración, protección, para los pillos que pertenezcan al PRI; persecución política, uso faccioso de las instituciones de PGR y Hacienda, en contra de opositores políticos al Presidente de la República”. Además consideró que “el manejo de la PGR desde la Presidencia de la República ya es vergonzoso, está provocando al pueblo de México en su irritación y pone en riesgo la gobernabilidad del país”.
NOCHIXTLÁN Y LA IMPUNIDAD
El 19 de junio de 2016, policías federales y estatales participaron en el “Operativo Oaxaca” en el municipio de Nochixtlán, que en realidad se convirtió en un desalojo violento de profesores de la sección 22 del SNTE.
Ahí fueron asesinados ocho civiles con armas de fuego disparadas por los policías y 150 personas quedaron heridas en el ataque que fue indiscriminado y sin control contra el pueblo, incluidos menores de edad, de acuerdo con registros de organizaciones civiles y recomendaciones de la propia CNDH.
A fines de 2017, la PGR atrajo tres carpetas de investigación contra los policías federales y estatales que participaron en los hecho. Hasta hoy no hay avances y la justicia no llega.
La organización Código DH acusa a la PGR de omisión y complicidad política con quienes ordenaron el ataque a los profesores y que terminó siendo una masacre contra el pueblo, así como una cadena de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, planteó la ONG en junio pasado, la Procuraduría General de la República tampoco se ha ocupado de casos como el del grupo de 19 habitantes de Nochixtlán que, mientras enterraban a un familiar y amigo asesinado en el operativo fallido, fueron detenidos arbitrariamente por los federales, privados de su libertad, torturados y liberados días después.
