Los casos más emblemáticos de la PGR en este sexenio son un manojo de errores o posibles omisiones. Por ello, las acusaciones en contra de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte de Ochoa quedaron en vilo. Por ello, también el priista César Duarte Jáquez sigue prófugo y tampoco podemos saber, por ejemplo, quiénes son los verdaderos responsables en el caso de Odebrecht, o cómo fue que ocurrieron las tragedias de Ayotzinapa y Tlatlaya, destacan especialistas consultados por SinEmbargo.
El problema de fondo, coinciden, es que la justicia en México está politizada y es utilizada para proteger a los amigos y perseguir a los enemigos del habitante de Los Pinos, que a unos meses de concluir su mandato, busca agilizar el “carpetazo” de casos para cubrirse las espaldas y evitar la posibilidad de ser juzgado en el futuro.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Los reveses y el estancamiento de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de casos emblemáticos –Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Odebrecht, los duartes, Elba Esther Gordillo, entre otros–son las consecuencias de que opere como un brazo del Presidente de la República para impartir justicia politizada, afirman analistas consultados.
De acuerdo con Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara, lo que estamos experimentando es una oleada de “carpetazos” para evitar que el jefe del Poder Ejecutivo en funciones sea juzgado una vez que su administración concluya en diciembre próximo.
“Si tú como Procuraduría cierras el caso, presentas el caso y el expediente ante un juez, se acabó el caso. Es un asunto que ya no puede volver a ser investigado […]. Creo que hay una especie de estrategia de gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de cerrar todos los casos importantes y relevantes antes de que inicie la nueva administración, para cubrirse las espaldas. Se me hace muy extraño que la Procuraduría, que suele ser opaca, inmóvil, que no iniciaba ningún procedimiento, de pronto esté empezando a mandar señales de que quiere cerrar los casos […]. Por lo tanto, pueden usar estos meses que les quedan para protegerse las espaldas y evitar que en un futuro exista alguna tentación de llevar a Enrique Peña Nieto al banquillo”, explicó.
Para el analista, un caso que ejemplifica lo anterior es el de Odebrecht. En México, este escándalo de corrupción tiene cara y nombre: Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos quien, supuestamente, fue sobornado con 10 millones de dólares para facilitarle contratos a la empresa brasileña. Toussaint señala que Lozoya es la imagen “que pone la campaña de Peña Nieto. Pero en realidad, lo que nos indica Odebrecht es que se trata de una trama que se armó en torno a la campaña [presidencial] de Peña Nieto para hacerse de recursos de manera ilícita y financiarse”.
El politólogo critica que la PGR en lugar de articular una investigación de cabo a rabo, que esclarezca la cadena de mando involucrada, a partir de la cual sea posible adjudicar o deslindar responsabilidades con prueba en mano, las autoridades se enfrascaron en una figura, la de Lozoya, que podría llegar a un acuerdo para pagar la deuda de todos y dar por terminado el asunto.
El doctor Fernando Escalante Gonzalbo, sociólogo del Colegio de México (Colmex), expone que inclusive el encierro en febrero de 2013 de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, respondió a una cuestión política porque era un “estorbo para la Reforma Educativa”.
Gordillo “era un obstáculo para la Reforma Educativa del gobierno. Se juntaron las condiciones para que se le procesara y terminara en arresto domiciliario con un caso armado, de tal manera que pudiera tardar cinco años en una sentencia y que además fuera absolutoria. Esto sugiere que, a pesar de que hubiese motivos para proceder judicialmente, fue un hecho político”, dijo en el marco de la conferencia magistral “El futuro de la educación” de la Universidad Iberoamericana.
El caso de la maestra Gordillo se vino abajo porque las pruebas en su contra no fueron conseguidas con autorización judicial. En ese mismo tren están las acusaciones en contra del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de presunta delincuencia organizada sin elementos probatorios, y del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien obtuvo un amparo luego de que un juez federal determinara que las imputaciones de la PGR carecían de competencia, ya que el proceso con delitos de orden federal estuvo a cargo de instancias locales.
“Lo que estamos viendo es una ineficacia total de la PGR […] porque las carpetas están mal integradas, y esa es la realidad”. Ello se debe, en parte, a que “la Procuraduría hace lo que le mandan de Los Pinos porque no es autónoma”, acusa el doctor José Óscar Valdés Ramírez, abogado constitucionalista especializado en Derecho Fiscal Penal.
En su opinión, el desempeño de la PGR en casos donde funcionarios públicos han cometido presuntos ilícitos, pero que no han sido resueltos con el paso del tiempo, es un actuar “conveniente” que le permite al Ejecutivo federal “lavarse las manos”. Como resultado, señala, la PGR es un referente de “corrupción total e ineficacia absoluta”.
Mientras que la procuración de justicia sea designada y dependa del Ejecutivo federal, en México no dejará de haber impunidad, concordó el doctor Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general de la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE). Según el litigante, el problema de fondo es la influencia del interés político en el sistema judicial, en que una “cofradía corrupta” determina el Estado de derecho en el país.
Por eso, comenta, nuestro problema no es el sistema de justicia per se, sino quienes operan: personal caracterizado de”ignorancia, de corrupción, de arribismo, de conveniencias y de compromisos”.
“Mientras no exista una verdadera autonomía, sabiduría y valentía, tanto en ministerios públicos como en jueces, puedes traerte la justicia sueca y no va a servir para nada”, lamenta el experto.
“Si volteas a ver los nombres de los que han pasado por la PGR en los últimos 15 ó 20 años, te vas a dar cuenta de que son puras figuras de partidos o gente cercana a la Presidencia de la República. Por lo tanto, más que una institución que responda al interés general –porque al final es la que defiende el interés colectivo frente a los delincuentes– lo que sucede es que es una parcela política y un brazo político del Presidente en turno para premiar a sus aliados y castigar a sus enemigos”, dijo Toussaint, quien además refirió que en México “no existe imparcialidad a la hora de hacer las investigaciones”.
La situación es tan grave y absurda que, de acuerdo con el doctor Guerrero Rojas, ahora existe la remota posibilidad de que personajes como Elba Esther Gordillo puedan demandar al Gobierno federal una indemnización por error judicial, ya que los tratados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantean dicha facultad, en caso de ser probatorio que los errores en la integración de carpeta o en la tipificación de delito, fueron los que generaron la privación de la libertad.
Pese a que la PGR y los ministerios públicos son culpables de los errores en la integración de los casos, no obstante, los jueces también tienen responsabilidad porque ellos son quienes los autorizan, señala el directivo de ONRE, en cuya opinión, “en el Gobierno federal existen los halcones amenazantes y las palomas mensajeras hacia jueces para manipular y hacer lo que puedan a conveniencia política”. Circunstancia que, alerta, además de poner en duda la autonomía de la Procuraduría General de la República, pone en entredicho la del Poder Judicial en su conjunto.
FALTA MÁS AUTONOMÍA
“Trabajaremos con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y la paz […]. Debemos cambiar de paradigma; entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En el México que vislumbro hay justicia e inclusión, que serán las bases del pacto social”, fue la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto durante la celebración de su investidura, el 1 de diciembre de 2012.
Las palabras del mandatario mexicano no se cumplieron. Inclusive, contrario a lo que prometió, la PGR, el órgano del Poder Ejecutivo encargado “de investigar y perseguir los delitos del orden federal”, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de personal suficiente y en 2015 sólo pudo consignar (o enviar a tribunales) el 24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas, refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dados a conocer el año pasado.
Según el informe de la ASF, las acciones de la PGR “continúan siendo insuficientes para fortalecer el Estado de derecho y abatir la impunidad en materia de delitos federales, lo que afecta a 119 millones de mexicanos”.
Los analistas consultados por SinEmbargo coinciden en que la ruta para sacar adelante a las instituciones de procuración e impartición de justicia es dotarlas de autonomía plena. Además, haría falta que las autoridades estuvieran obligadas a explicar y hacerse responsables de sus actos.
En ese sentido, el abogado constitucionalista José Óscar Valdés Ramírez menciona que es necesario que el Congreso de la Unión “endurezca la Ley contra la Procuraduría”, con una base jurídica especializada en materia anticorrupción, así como castigos ejemplares y multas en casos en que las autoridades cometan errores al momento de integrar las carpetas de investigación.
Y por otro lado, debemos establecer mecanismos que garanticen la autonomía, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya designación está sujeta al Ejecutivo federal (por nombramiento de terna) y al Senado de la República (por aprobación de terna). Una situación que muchas veces refleja un “pacto político”, asevera el doctor Jesús Alberto Guerrero Rojas.
Para Enrique Toussaint, analista político de la Universidad de Guadalajara, la PGR “está podrida” y cuenta con una “estructura viciada e ineficiente”. Por ello, dijo, “la autonomía es fundamental pero no es suficiente”.
Y refiere que una Fiscalía autónoma con ministerio públicos independientes, cuyos titulares sean votados por los ciudadanos, por ejemplo, no nos garantiza la justicia “si no tenemos en la sociedad civil y en los medios de comunicación un capital de libertad de expresión para poder denunciar los actos de corrupción y denunciar cuando se utiliza la justicia de forma selectiva y para objetivos políticos y partidistas”.
Por eso, alerta sobre la necesidad de crear “un espacio dentro de la sociedad civil y los medios de comunicación con mayor disenso, para evitar que los casos de corrupción sean pactados políticamente. Es decir, en la medida en que nuestra sociedad y los canales de la libertad de expresión para denunciar casos en específico se amplíen, y por lo tanto exista posibilidad de visibilidad o exhibir acuerdos injustos o corruptos que hacen gobernantes para proteger a sus amigos y perseguir a sus enemigos, creo que eso es la forma más eficaz para empezar a evitar este tipo de acuerdos”.
