Por Artículo 19 y Fundar

En este sexenio se ha recortado el presupuesto a dependencias y programas de carácter social como Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Desarrollo Social; mientras que se han registrado enormes incrementos de la Oficina de Presidencia, del opaco Ramo 23, o del gasto en comunicación social y publicidad oficial.

Por ley, la Secretaría de Hacienda tiene las facultades para cambiar montos presupuestales “siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas”, pero hasta ahora estos recortes e incrementos se han realizado sin justificación ni rendición de cuentas.

Estas adecuaciones presupuestarias no son ilegales, pero pueden percibirse como injustas, arbitrarias y discrecionales. No existen criterios claros para el aumento o la disminución del presupuesto, lo que puede derivar en desvíos de recursos para fines distintos o de corrupción.

LOS EXCESOS DE PUBLICIDAD OFICIAL

Es difícil saber si las ampliaciones de recursos en este rubro mejoran el cumplimiento de su objetivo: comunicar e informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

Las cifras definitivas proporcionadas por el Sistema de Comunicación Social (ComSoc) señalan que en 2017 la administración de Enrique Peña Nieto gastó 11 mil 240 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial. De este monto, 6 mil 875 mdp son recursos sobre-ejercidos, es decir, recursos asignados y ejecutados de manera discrecional. Aún más, sólo es posible conocer el monto gastado por cada dependencia, pero no a qué medios se pagaron por sus servicios, pues existe un error en la plataforma que impide el acceso a los documentos.

Si consideramos el periodo 2013 a 2017, vemos que el total del gasto en publicidad oficial asciende a 50 mil 862 mdp, 23 mil 410 mdp más de lo aprobado inicialmente por el Congreso. Este problema de las ampliaciones en el presupuesto ha sido una tendencia en los últimos años, como puede verse en la siguiente gráfica.

Presupuesto aprobado y sobreejercido en publicidad oficial en el periodo de 2013 a 2017

Este gasto que debería servir para comunicar cuestiones relevantes a la ciudadanía, es utilizado principalmente para promocionar la imagen y los “logros” de los servidores públicos. Nuestros recursos están siendo mal invertidos y no contribuyen a la comunicación con la población.

El próximo gobierno de AMLO propone reducir en 50 POR CIENTO los recursos destinados para la publicidad oficial, lo cual es favorable, pero debe detallar cómo será esta disminución y establecer los criterios bajo los cuales se asignarán estos recursos públicos. De otra manera, el problema no se solucionará. De manera paralela, deben existir mecanismos que refuercen las buenas y mejores prácticas en materia de libertad de expresión y publicidad oficial; y así, cambiar las políticas actuales de asignación arbitraria y discrecional que facilitan y permiten los gastos excesivos. La libertad de expresión se verá beneficiada en la medida en que la asignación de recursos sea transparente, con criterios objetivos y contribuya a garantizar la pluralidad de medios.

1. Artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Fundar

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