El desplome del helicóptero con saldo de catorce marinos muertos está plagado de misterio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado un vacío informativo que ocupa la especulación: en ese espacio de desinformación han tomado fuerza versiones aún no confirmadas oficialmente: que la aeronave fue derribada; que se quedó sin combustible; que sufrió una avería técnica; que viajaban agentes de la DEA…

Lo cierto es que esos quince marinos que iban a bordo de helicóptero –uno aún está vivo y en estado grave –participaron, la semana pasada, en un operativo especial a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para capturar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, el llamado “capo de capos”, exjefe del extinto o transformado cártel de Guadalajara, autor del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985, y uno de los capos emblemáticos que gozó de fama e impunidad entre los años setenta y ochenta.

No existe ningún dato oficial que acredite el desplome del helicóptero de la Marina por parte del llamado cártel de Caborca, como sí ocurrió en el sexenio de Vicente Fox con el derribo de la aeronave en la que viajaba Ramón Martín Huerta, Secretario de Seguridad Pública, que se desplomó cerca de Toluca presuntamente tras ser atacado a tiros. Aquel caso inmediatamente se mandó a la reserva, lo que robusteció la sospecha de que el narco causó su caída y la muerte de varios funcionarios de seguridad pública.

No suena nada descabellada la versión de que el crimen haya derribado el helicóptero, puesto que en esa zona serrana de Sinaloa y Sonora esos eventos son de cierta forma recurrentes: el crimen organizado suele atacar a las aeronaves oficiales cuando realizan sobrevuelos sobre plantíos de marihuana o amapola y proceden a erradicarlas con químicos poderosos. En los últimos veinte años decenas de aeronaves, particularmente helicópteros oficiales, han quedado atrapados en alambradas o bien son derribados a tiros por parte de los narcotraficantes. Pero en el caso de la aeronave que transportaba a los marinos ningún dato oficial ha confirmado que el crimen haya provocado su desplome. Habrá que esperar el informe oficial, cuando se hayan estudiado las posibles causas.

Otra versión al respecto, sin embargo, resulta poco verosímil pero no imposible de que haya ocurrido: que el helicóptero se desplomó por falta de combustible. ¿Sería posible pensar que una aeronave militar se caiga al vacío por falta de combustible cuando fue enviada en apoyo de un operativo especial tan trascendente como la captura de Rafael Caro Quintero? ¿De qué tamaño sería entonces la negligencia de las Fuerzas Armadas? En el terreno de la especulación también vale considerar que el propio gobierno causó el desplome del helicóptero militar para desaparecer a los testigos de la captura de un narco cuyos detalles no conviene por ahora que se conozcan. Las imágenes difundidas hasta ahora son lacónicas: se sabe que la Marina lo detuvo –previa ubicación de la DEA –pero el acierto de los marinos fue sustituido públicamente, a modo de distracción, por la proyección de Max, la perra que localizó a Caro Quintero en medio de la sierra. ¿Fue una entrega pactada? Es posible.

Es claro que el gobierno, con su silencio, abre amplios márgenes a la especulación y a la desinformación. Quizá eso políticamente les conviene para evitar que se hable de Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, acusado de haber brindado protección al cártel de Guadalajara desde el poder.

Desde la muerte de Enrique Camarena Salazar el nombre de Manuel Bartlett ha sido mencionado en numerosos expedientes en Estados Unidos. El caso Camarena está muy ligado al asesinado del periodista Manuel Buendía, ocurrido en mayo de 1984. Presuntamente, Camarena era informante de Buendía y el autor de Red Privada –una de las columnas más influyentes de esa época publicada en el diario Excélsior –preparaba algunas publicaciones sobre los vínculos de Bartlett y José Antonio Zorrilla –éste director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) la policía política del régimen priista –por sus relaciones con el narcotráfico. Se hablaba entonces de operaciones aéreas en el sur de Veracruz que eran protegidas desde el poder. De esto también conocía el periodista veracruzano Javier Juárez Vázquez, informante de Manuel Buendía. Juárez Vázquez viajó desde Coatzacoalcos, Veracruz, para platicar en privado con Buendía. Le llevó información sobre el narcotráfico: los narcovuelos y bombardero de drogas en la zona del Uxpanapa protegidos desde la DFS. Días después, Buendía fue acribillado por la espalda en la Zona Rosa de la ciudad de México, al salir de su oficina, y horas más tarde también cayó abatido a tiros Juárez Vázquez, a quien le cortaron un dedo, el anular.

El caso de Bartlett Díaz, flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, es un misterio. Se afirma que no puede pisar suelo norteamericano porque sería detenido. Eso se dice desde hace varios años. Nadie ha desmentido el dato, ni el propio Bartlett. Llama incluso la atención que, siendo un funcionario clave en los temas energéticos y en la relación con Estados Unidos, no viaje a ese país para tratar esos asuntos con los empresarios norteamericanos. Participa, si, en las reuniones realizadas en Palacio Nacional. Pero no se le ha visto en Washington. ¿Será que teme ser detenido por el caso Camarena y sus presuntas relaciones con el narco? ¿Por qué Bartlett nunca ha aclarado ese misterio? ¿Tiene visa estadunidense? ¿Puede ir a Estados Unidos? ¿Por qué no entra a ese territorio? Esto forma parte de un gran enigma al que se suma el silencio presidencial, pues López Obrador lo ha protegido a capa y espada.

Con o sin ayuda de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, Rafael Caro Quintero está de nuevo en prisión. Pero lo que llamó poderosamente la atención fue la celeridad inusitada con la que un juez federal le concedió al capo un amparo para no ser enviado a Estados Unidos. ¿ Operaron los hilos del poder? Si. Es muy extraño que el Poder Judicial se mueva con esa velocidad si no hay una orden expresa de la presidencia de la República, aunque el juez que amparó a Caro Quintero luego se declaró incompetente para seguir conociendo del caso. Es curioso que ahora el gobierno se apegue a una legalidad –¿ protección con apego a la ley? – para que Caro Quintero permanezca en México el mayor tiempo posible. ¿Protección a Manuel Bartlett? Por su puesto. El exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla representa los intereses de Carlos Salinas de Gortari, por ello está muy bien protegido.

El juicio de extradición que enfrentará Caro Quintero no se resolverá en meses. Llevará, posiblemente, años. Es viable considerar que el gobierno de López Obrador concluya y el caso no esté resuelto. Caro Quintero sabe mucho de los vínculos de políticos con el narcotráfico, sobre todo, de Manuel Bartlett, quien por ahora está blindado por la Cuarta Transformación.

Caro Quintero fue liberado mediante una argucia legal en 2013: se dijo entonces que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no era autoridad competente para conocer de un homicidio, en este caso, el de Enrique Camarena. Veintiocho años después un tribunal de alazada determinó lo contrario y hasta el 2015 a Caro Quintero le giraron orden de aprensión y fue calificado como prófugo de la justicia.

Para entonces ya había construido el llamado cártel de Caborca, exportador de cocaína y drogas sintéticas a Estados Unidos. Sus sobrinos operaban decenas de narcovuelos mensuales vía el estado de Quintana Roo. El actual gobernador, Carlos Joaquín González lo sabía todo.

La impunidad, en su plenitud.

APUNTES DEL SUBSUELO

            LOS NIVELES DE VIOLENCIA sigue imparable el tráfico de drogas, incontenible la violencia atroz del crimen organizado. No se asoma ni un atisbo, ni una señal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera cambiar su estrategia de seguridad: continuarán los abrazos y no balazos pese a que no hay resultados en poco más de tres años. Los capos emblemáticos sólo son detenidos cuando Estados Unidos lo pide, ordena o exige. Es el caso de Rafael Caro Quintero, cuya extradición no será fácil. Al capo le faltan doce años por compurgar por el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA secuestrado y ultimado en 1985. Caro Quintero tiene 70 años: puede solicitar prisión domiciliaria, como se la otorgaron a Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, enjuiciado por los mismos delitos que Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. O como se la concedieron a Mario Villanueva Madrid, “El Chueco”, ligado al cártel de Juárez y al lavado de dinero. Si Caro Quintero es extraditado no podrá ser enjuiciado dos veces por los mismos delitos. Así que la posibilidad de que el narcotraficante pise suelo estadunidense está más que en chino.

ESTE VIERNES EN EL PUERTO DE VERACRUZ la secretaria de Energía, Rocío Nahle, encabezará un evento con todos los alcaldes del estado, dizque para explicar los alcances que tiene la Secretaría que encabeza en beneficio de los municipios. Pero el fondo es que ya anda en precampaña por la gubernatura de Veracruz. La Refinería de Dos Bocas, cuya operación todavía no entra en marcha, ha sido su plataforma de lanzamiento. Pero falta ver si la obra resultará eficaz para abatir las importaciones de gasolinas. Falta ver si esa millonaria obra resulta rentable o termine a medias, como el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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