Por Luis Miguel Cano*

Desde su establecimiento en México, Greenpeace se comprometió con el derecho humano a respirar aire limpio. La novedad de los últimos días es que con motivo de un juicio de amparo promovido para cuestionar los Programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas de la Ciudad de México y del Estado de México, así como la omisión para instituirlos de parte de los gobiernos de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, un juzgado de amparo decidió ordenar que para activar y suspender sus fases preventivas y de contingencia, se requieren emplear, cuando menos, los valores límite permisibles de concentración de contaminantes en el aire indicados en las normas oficiales mexicanas vigentes.

En términos prácticos, eso significa que tendríamos que actuar cada vez que las concentraciones de ozono y partículas PM10 y PM 2.5 rebasan los 100 puntos, en lugar de esperar a que lleguen a 140 y 135 puntos, respectivamente. Más concreto todavía, todas las medidas aplicables en casos de contingencia deberían poder dictarse desde que la calidad del aire se torna mala y no hasta que sea muy mala.

Por supuesto, eso traería molestias para la población, para el gobierno, la industria y el comercio, pero al final lo que debe discutirse es si mantener nuestro estilo de vida, de consumo, de comodidades y privilegios, importa más que proteger la salud humana, el medio ambiente y su conservación para futuras generaciones. En juicio el asunto es mucho más sencillo, pues de lo que trata es si el gobierno capitalino y los demás pueden violar las normas oficiales mexicanas, que son de cumplimiento obligatorio en todo México y funcionan como marco de referencia para las autoridades federales y estatales que vigilan y evalúan la calidad del aire.

Al respecto, la postura que ha hecho pública el gobierno de la capital, una vez conocida la orden cautelar del juzgado de amparo, da la impresión de apuntar a favor de la protección de la industria y el comercio, más que tener por prioridad la protección de la vida y salud de la población, junto al cuidado del medio ambiente.

En lo personal, me resulta altamente preocupante que con su posicionamiento, las autoridades capitalinas apuesten a mantener una ilusión, una simulación o la apariencia de que el tema de la contaminación atmosférica no es tan grave, con el pretexto de que hacer las cosas bien, como de hecho ordena nuestra Constitución General de la República en el sentido de favorecer en todo tiempo la mayor protección de las personas, puede resultar impopular y muy molesto para la gente.

Al darle más importancia al celo de conservar para sí el manejo de la política pública ambiental, que buscar aprovechar la oportunidad que les brinda esta batalla judicial, no pienso que contribuyan a posicionar el debate público sobre lo mucho que se tiene que hacer para mejorar la calidad del aire que nos toca respirar. Por eso me corresponde insistir en que el mayor problema no es lo molesto que sería vivir todo el tiempo con contingencias, sino preferir una ilusión, una apariencia, por encima de asumir la responsabilidad que les hemos confiado.

Así que en los próximos días y meses se verá en sede judicial si prepondera el respeto y la salvaguarda de nuestros derechos más elementales, o la estrategia de aparentar que no pasa nada. Cualquiera que piense que el gobierno capitalino se equivoca, podrá acudir al juzgado de amparo y quejarse del cumplimiento defectuoso de la orden cautelar dictada para detonar la activación de las fases preventivas y de contingencia con valores más protectores, durante todo lo que tarde el juicio. Por su parte, Greenpeace podrá cuestionar si es jurídicamente viable dejar a criterio de las autoridades preferir la industria y el comercio, que el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente, sobre todo si se toma en consideración el anuncio del gobierno capitalino que se conforma con anticipar en lo general, meras recomendaciones con carácter informativo entre la población.

Mientras tanto, el debate debería continuar porque no se puede sacrificar a las personas susceptibles a la contaminación del aire –como admite el gobierno–, en lo que las autoridades metropolitanas elaboran otro programa de calidad del aire.

*Luis Miguel Cano es asesor legal de Greenpeace México

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