Javier Duarte es uno de los ex gobernadores del PRI acusados de corrupción, junto con los de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Quintana Roo, Roberto Borge, ya detenidos en Italia y Panamá, respectivamente, y pendientes de extradición. El volumen de desvío de fondos públicos durante el mandato de Javier Duarte se eleva a más de 3 mil 300 millones de dólares, en lo que se considera uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años en un gobierno estatal mexicano.
ADEMÁS
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo/AP).- El ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa es vinculado a proceso, así informó esta noche la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su cuenta de Twiter, tras presentar durante la audiencia de esta tarde 82 pruebas que lo inculpaban por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La audiencia de hoy, la segunda en México, ha durado ya 11 horas consecutivas. La PGR informó la nueva condición legal del ex mandatario por medio de un tuit mientras la diligencia continuaba:
El día de hoy #PGR, a través del Ministerio Público de la Federación, logra la vinculación a proceso de JDDO pic.twitter.com/FnKp57IX9e
— PGR México (@PGR_mx) 23 de julio de 2017
Por otra parte en un comunicado emitido por la PGR, señala que el Ministerio Público Federal presentó ante el juez de control, Gerardo Moreno García, al inculpado y a su defensa, los datos de prueba que hacen suponer la participación del imputado JDDO en los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los fiscales cargo del caso expusieron que los actos delictivos se llevaron a cabo en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México entre 2011-2016 y que para la ejecución de los movimientos financieros involucrados en ambos delitos JDDO se valió de al menos nueve personas y diversas empresas fachadas para invertir recursos a través de ellas.
En ese sentido el Juez de Control otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público Federal para continuar con su investigación.
La Procuraduría llama a Duarte de Ochoa “JDDO”.
La PGR presentó 82 pruebas, en la segunda audiencia del ex Gobernador priista que tuvo una duración de 11 horas, principalmente documentos bancarios, escrituras y testimonios, que dice muestran evidencia suficiente para procesar a Javier Duarte por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los fiscales acusan al ex funcionario postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de desviar mil 670 millones de pesos de 2011 a 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas fantasma (algunas en Estados Unidos) que operaban en Veracruz, el estado de Campeche y la Ciudad de México.
Según la PGR, con ese dinero y a través de distintos prestanombres, se realizó la compra-venta de terrenos con un sobreprecio del 15.000 por ciento, adquisiciones de apartamentos y vehículos de lujo, joyas y hasta se compró un piso para una amante del mandatario que, aunque no tenía nada a su nombre, es el mayor heredero de su testaferro principal.
Además, en otras pruebas, aparece el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, quien es señalado como el principal “cerebro” financiero de Duarte, Alfonso Ortega López y su ex Secretario de Seguridad, Arturo Bermudez Zurita.
La fiscalía explicó que, según las declaraciones de algunos de los ex colaboradores de Duarte, el dinero salía sobre todo de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Agrario de Veracruz, y que el propio mandatario llegó a hacer desaparecer registros contables que lo pudieran incriminar y hasta disponía de un software especial para monitorear los flujos de dinero y los pagos a empresas fantasma.
Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), encabezó la exposición de los fiscales federales para buscar que el ex Gobernador veracruzano sea sujeto a proceso.
Según las pruebas presentadas, esas empresas reenviaron 194.1 millones de pesos a otras 27 compañías fantasma, las cuales, a su vez, transfirieron 508.7 millones de pesos a otro grupo de empresas denominadas Laaedifica México, Bepha Inmobiliaria,Sakmet Inmobiliaria, Agatone Advisory y Diseños Arquitectónicos Melvan.
Hasta el momento se han presentado ocho datos de prueba contra Duarte de Ochoa, entre ellos el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, quien reveló que el veracruzano habría desviado 350 millones de pesos a empresas sin licitación de por medio.
Además, la PGR aceptó que el actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aceptó que testifique contra su antecesor.
"Antier envié la solicitud para que me cite en la causa que se sigue contra Duarte, y apenas ayer a las 4:00 de la tarde recibí una comunicación de la PGR aceptando el ofrecimiento y convocándome a comparecer", dijo el Gobernador a reporteros.
El juez de Control, Gerardo Moreno García, será quien determine si existen indicios suficientes para llegar al ex mandatario a juicio o dejarlo en libertad.
En punto de las 10:00 horas, el ex Gobernador de Veracruz apareció en la sala de audiencias del Reclusorio Norte, acompañado de sus abogados.
El pasado martes, fiscales federales llegaron a la primera audiencia del veracruzano mal preparados, acentuando las sospechas en México y en el extranjero de que todo se trata de un espectáculo.
En esa audiencia, Duarte, con semblante serio, intervino en 19 ocasiones para pedir al Juez de Control que los tres fiscales en la sala explicaran con claridad y precisión cómo es que se acreditan los cargos en su contra.
“No entiendo mi vinculación en esto, ¿por qué se me imputa?”, dijo cuando casi llegaba a su final la diligencia de cinco horas de duración. La Fiscal de la PGR Martha Ramos había formulado al inicio la imputación contra el ex miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI): existen indicios de que creó y encabezó de 2011 a 2016 una organización criminal para lavar dinero desviado de las arcas del estado de Veracruz a través de empresas fantasma.
#Ojo ?
Javier Duarte ingresando al edificio de juzgados del #ReclusorioNorte: https://t.co/1v3XmY9ZOG
Video: @Pajaropolitico pic.twitter.com/xWPqmph6OT— POLÍTICO México (@politicomx) 22 de julio de 2017
Los mismos fiscales llegaron este sábado al penal para presentar pruebas más sólidas contra Duarte de Ochoa, según indicaron en la audiencia pasada.
A la sala de juzgados también llegó Rafael Matías Roble, dueño de la empresa Construcciones e Inmobiliaria RMO, para reclamar un adeudo de 3.5 millones de pesos a Javier Duarte por contratos de obra pública durante su mandato como Gobernador de Veracruz.
"A mí [Duarte] no me metió agua o sangre a mis venas como a los niños, a mí me deben trabajo que realicé en el 2010 para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)", dijo Matías Roble a los medios de comunicación al llegar al penal.
"Estoy buscando que me paguen, voy a entregar una promoción, ya la llevé a la Embajada de Guatemala y al Gobierno de Veracruz para que a este señor se le castigue", agregó.
ADEMÁS
Javier Duarte llegó a México el pasado lunes, custodiado por fuerzas de seguridad, tras permanecer poco más de tres meses en la prisión guatemalteca de Matamoros.
Está acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber, peculado y tráfico de influencias.
El volumen de desvío de fondos públicos durante el mandato de Javier Duarte se eleva a mas de 3 mil 300 millones de dólares, en lo que se considera uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años en un gobierno estatal mexicano.
Javier Duarte pidió licencia a su cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes del fin de su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, e inmediatamente se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura.
Ese mismo mes, fue expulsado del PRI por dejar Veracruz en quiebra y sumido en una grave crisis social por la falta de pago de salarios y retrasos en la entrega de recursos a los 212 municipios.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) dijo a Efe que la sentencia que se dicte a Duarte al final de su proceso judicial será una buena forma de medir la efectividad que tiene el combate a la corrupción en el país.
"Dependiendo de lo que pase con su sentencia, vamos a ver qué tan eficaz es el combate a la corrupción", sostuvo Crespo, doctor en historia de la Universidad Iberoamericana y autor de libros como "2006, hablan las actas".
"Vamos a ver qué tan eficaz es el combate a la corrupción", declaró a Efe el analista político José Antonio Crespo.
-Con información de EFE.
