Esta semana, los gobiernos americanos eligen nuevos integrantes para la institución más importante del continente en la protección de derechos.
Por Angelina de los Santos
Ciudad de México, 22 de junio (OpenDemocracy).- Los gobiernos del continente americano se preparan para una votación crucial que podría decidir el futuro de un organismo que ha sido vital en la protección de los derechos humanos en la región durante más de 60 años.
Desde 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha servido de faro a los países para establecer normas jurídicas y ha asistido a millones de víctimas de la violencia y la desigualdad.
La CIDH se encarga de investigar violaciones de derechos humanos – entre ellas juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra mujeres y poblaciones vulnerables – y de presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH, fundada en 1979). Ambos organismos constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Esta semana los gobiernos americanos deben elegir a cuatro de los siete miembros de la CIDH.
La junta directiva de #CIDH y @CorteIDH se reunieron en la 53 #AsambleaGeneral @OEA_oficial Dialogaron sobre desafíos actuales de la justicia interamericana y reiteraron el compromiso de seguir el trabajo articulado para fortalecer el Sistema Interamericano de #DerechosHumanos. pic.twitter.com/eYGsMUcFI4
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 22, 2023
Pero defensoras de derechos humanos temen que su futuro esté en peligro. Les preocupa que la elección de dos candidatos que defienden posturas radicales contra el aborto y tienen una interpretación conservadora y reduccionista del derecho internacional pueda socavar las normas establecidas por el organismo.
La votación tendrá lugar el viernes en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, cuando sus 35 países miembros se reúnan durante los tres días de la Asamblea General de este año.
Diez estados de la OEA habían presentado candidatos para cubrir cuatro puestos vacantes hasta 2027 – que pueden ser reelegidos una vez –, pero en un acto sin precedentes, cuatro países retiraron sus candidaturas.
Pero tres de los seis candidatos restantes no cumplen con los estándares exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluyen independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y experiencia y conocimiento en derechos humanos, según el panel independiente de expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que desde 2015 evalúa las candidaturas de aspirantes a conformar los órganos del SIDH y realiza recomendaciones a los estados.
El panel fue creado en respuesta a un pedido de la sociedad civil para fortalecer la transparencia y la participación en los procesos de nominación y elección de las autoridades interamericanas. Aunque su opinión no es vinculante, desde su creación ha orientado tanto a los estados como a la OEA para asegurar la calidad y relevancia del funcionamiento de los órganos del SIDH, el adecuado desarrollo de los estándares de derechos humanos y la protección efectiva de las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos y no han recibido una respuesta oportuna y efectiva en los tribunales de sus países.
Dado que los instrumentos jurídicos exigidos por la Convención no regulan los mecanismos nacionales para la designación de candidatos, una integrante del panel, la socióloga mexicana y experta en derechos Mariclaire Acosta, considera que los gobiernos eligen sus postulantes según sus intereses políticos.
Si por alguna razón los Estados se decantan por estas candidaturas, básicamente estaríamos perdiendo la CIDH.
El panel consideró que Gloria Monique de Mees, de Surinam, Pier Pigozzi, de Ecuador, y Stuardo Ralón, de Guatemala y ya comisionado que aspira a la reelección, no cumplían los requisitos exigidos.
Tras entrevistar y evaluar a los candidatos, el panel consideró que, aunque De Mees tiene experiencia como académica en diversos campos relacionados al derecho de los tratados, la diplomacia y los derechos humanos, carece de competencia en normas interamericanas e internacionales de derechos humanos.
Debido a que De Mees formó parte de la agencia que representa al estado de Surinam ante el SIDH, el panel también planteó dudas sobre su imparcialidad y “posibles conflictos de intereses”.
Por otra parte, el grupo de expertas afirmó que las candidaturas de Pigozzi y Ralón supondrían un “retroceso” en los derechos conquistados con tanto esfuerzo, principalmente los que se refieren a la protección de los pueblos indígenas, la comunidad LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad matrimonial y la libertad de expresión.
Los otros tres candidatos – Andrea Pochak (Argentina), Christopher Bulkan (Guyana) y Lidia Casas (Chile) – cumplen los criterios de elegibilidad, según el panel.
Defensores de derechos y movimientos de la sociedad civil de todo el continente han expresado su preocupación por el posible resultado de la elección.
“El problema no es que se incorporen a la CIDH personas diversas, porque la diversidad aporta un sentido de realidad a lo que ocurre en el continente. Lo que se cuestiona es si las personas nominadas tienen la capacidad de sobriedad e imparcialidad a la hora de tomar decisiones colegiadas que apunten al objetivo final de la CIDH”, dijo a openDemocracy Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y Caribeña para la Democracia.
La Campaña GQUAL, que reúne a la sociedad civil, académicos y antiguos miembros de diversos tribunales internacionales, insta a los estados de la OEA a votar de forma que se cumplan los criterios de elegibilidad y se mantenga la actual paridad de género de la Comisión.
Candidatos problemáticos
Para muchos defensores de los derechos, las candidaturas de Ralón y Pigozzi son especialmente preocupantes.
Ralón, que forma parte de la CIDH desde 2020, ha emitido votos razonados (disidentes) en algunos casos cruciales, entre ellos sobre los derechos de las personas transgénero y de género diverso y sobre el histórico caso Beatriz vs. El Salvador. El caso, presentado a la CIDH por grupos feministas y organizaciones sociales por la muerte de una mujer salvadoreña a la que le fue negado el aborto pese a que su vida corría peligro, fue elevado a la Corte. Es el primer caso que trata este tribunal sobre la prohibición total del aborto en las Américas; el fallo podría sentar un precedente en la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la región.
El panel también expresó su preocupación por cómo Ralón entiende el papel del SIDH, ya que su interpretación podría “eximir de responsabilidad a los Estados en casos de violaciones de los derechos humanos que se materializan a través de decisiones judiciales”.
En cuanto a Pigozzi, el panel consideró que sus posiciones “denotan una regresión en relación con las normas internacionales consolidadas de protección de los derechos humanos”. Los miembros del grupo mencionaron específicamente su postura sobre la igualdad matrimonial y el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños, así como sobre los derechos sexuales y reproductivos: el año pasado, Pigozzi afirmó que el derecho al aborto es inexistente.
Activistas y defensoras de derechos humanos temen que, si ambos son elegidos, la CIDH se transforme en un órgano que solo dé voz de los ultraconservadores y no se sopesen las distintas opiniones, ya que otro comisionado en funciones, el profesor de derecho colombiano Carlos Bernal, estará en el cargo hasta 2025, cuando se celebre una nueva ronda de elecciones.
Entre otras expresiones de desacuerdo con acciones de la CIDH, Bernal ha emitido votos disidentes a las declaraciones del organismo sobre derechos sexuales y reproductivos para defender la “vida desde la concepción”, secundado por Ralón. El comisionado también manifestó su oposición al mensaje de apoyo a México en 2022, cuando el país hizo un reconocimiento constitucional del derecho a recibir atención médica para abortar en casos de violación, así como la despenalización del aborto hasta la semana 12 en el estado mexicano de Guerrero.
En caso de que prevalezca en la CIDH una interpretación conservadora de las leyes, los defensores de derechos temen que el organismo pierda los estándares logrados. Algo similar ocurrió en Estados Unidos en los últimos años, cuando una “supermayoría” conservadora en el Tribunal Supremo pudo revertir sentencias constitucionales que durante décadas habían garantizado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Si por alguna razón los Estados se decantan por estas candidaturas, básicamente estaríamos perdiendo la CIDH”, dijo la abogada de derechos humanos Marcia Aguiluz, directora jurídica de Women’s Link Worldwide para América Latina. “Realmente daríamos un giro de lo que la Comisión históricamente ha sido, un órgano que ha empujado, contribuido a la evolución y reconocimiento de los derechos humanos”.
Para la abogada venezolana Fanny Gómez-Lugo, directora del Women’s Equality Center que lucha por la libertad reproductiva, elegir a Ralón y Pigozzi supondría “romper el principio de igualdad y no discriminación”, base de los derechos humanos, y significaría que hay “ciudadanos de primera y de segunda”.
Para Gómez-Lugo, ese resultado “desligitimaría” y “minimizaría” el mandato y el alcance de la Comisión, que en los últimos años ha desempeñado un papel de apoyo a la democracia durante las crisis políticas en varios países latinoamericanos.
A la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa de los derechos humanos en las Américas, también le preocupa que la Comisión pueda verse debilitada por candidatos que pretendan cuestionar el derecho internacional de los derechos humanos, como expresaron en un comunicado.
El panel del SIDH también se mostró alarmado por el hecho de que, por primera vez en la historia de la elección de integrantes de la Comisión, tres gobiernos (Brasil, Honduras y Perú) retiraron a sus postulantes sin ofrecer una explicación pública, mientras Estados Unidos hizo lo propio, pero explicó que había “perdido la confianza en [su] viabilidad” para el cargo. Esto tuvo un “impacto en la transparencia del proceso”, dijo el panel.
“Como los estados postulan a los candidatos de manera antojadiza, por así decirlo, realmente no conocemos bajo qué premisas están postulando a algunas personas”, dijo Aguiluz, de Women’s Link Worldwide. Para evitar nominaciones inadecuadas en el futuro, el panel del SIDH ha sugerido que los gobiernos de la OEA establezcan mecanismos participativos y transparentes de selección de candidaturas.
