La subdirectora de Cejil para Centroamérica y México expresó este sábado la preocupación de la ONG por que “este plan se torne una medida más para disuadir a las personas de buscar protección”, en contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.
Panamá, 22 de junio (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo que el plan “Sembrando Vida” lanzado por México y El Salvador para frenar la migración “parece superficial” y no ataca las causas de la movilidad de miles de personas que huyen de la violencia y buscan protección.
En una declaración a EFE, la subdirectora de Cejil para Centroamérica y México, Marcela Martino, expresó este sábado la preocupación de la ONG por que “este plan se torne una medida más para disuadir a las personas de buscar protección”, en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el salvadoreño, Nayib Bukele, pusieron el jueves en marcha el programa “Sembrando vida. Plan de Desarrollo para la Migración”, que llevará al país centroamericano el proyecto de reforestación mexicano con una inversión de 30 millones de dólares para generar 20 mil empleos y así frenar la migración en la región.
El programa permitirá sembrar sistemas agroforestales en 50.000 hectáreas en El Salvador y se enmarca en las acciones mexicanas para controlar los flujos migratorios hacia el norte a cambio de que Estados Unidos no le imponga aranceles a sus productos.
Entre esas medidas está el envío de 6 mil miembros de la Guardia Nacional de México a la frontera sur para contener la migración.
Para Cejil, una organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), las acciones anunciadas por México y El Salvador “en particular en el plan ‘Sembrando vida’, parecen superficiales y no atienden a muchas de las razones estructurales de la movilidad”.
Esas razones son “la situación de inseguridad, violencia y corrupción que enfrenta el pueblo salvadoreño, así como la incapacidad del Estado de proteger a su población”, precisó Martino.
La abogada señaló que el “plan privilegia un desarrollo económico basado en el libre comercio en vez de centrarse en el respeto de los estándares mínimos de derechos humanos que muchas veces se ven violentados por estas formas de economía y proyectos de desarrollo”.
Cejil, que también es consultor ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos, enfatizó que este plan de México y El Salvador, y cualquier otra medida, “debe tomar en consideración las responsabilidades internacionales en la materia del Estado mexicano”.
Así, “preocupa que este plan se torne una medida más para disuadir a las personas de buscar protección, como ha sido la movilización de la Guardia Nacional a la frontera sur de México”.
Esa resolución “pone en riesgo los derechos humanos de las personas migrantes, socava su derecho a salir de su país, limita su posibilidad de solicitar asilo y pone en peligro su integridad y su vida”, añadió Martino.
Frente al plan, Cejil hizo un “llamado a los Estados de la región para seguir trabajando de manera articulada (…) no solo entre sí y con organismos internacionales, sino también con organizaciones de sociedad civil y población migrante y refugiada”.
Ello a “fin de responder a la situación de movilidad humana en concordancia con estándares internacionales y garantizando los derechos humanos de las personas en busca de protección internacional”.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que “Sembrado vida” es “el programa de cooperación más amplio con El Salvador” que haya tenido México, y que iniciaba ese día “con más de 30 millones de transferencia directa dentro de programa que contempla más de 100 millones de dólares”.
El programa, que promueve la reforestación, se implementará en El Salvador y próximamente se planea extenderlo a Honduras y Guatemala, países donde detonó la migración en los últimos meses.
El Plan de Desarrollo Integral es una respuesta a la crisis migratoria que desde mediados de octubre de 2018 se vive en la frontera sur de México, con un aumento inusitado en el número de migrantes, principalmente centroamericanos, que ingresan al país.
